Unas 500 familias residentes en las provincias de Huelva y Cádiz que creen haber sido víctimas del presunto robos de bebés entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo pasado, se han unido para buscar amparo en Europa y que se les dé una solución a la situación de “indefensión” en la que están.
La suma de esfuerzos se materializará a través de las asociaciones SOS Bebés Robados de ambas provincias quienes el 10 de abril enviarán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una denuncia conjunta, según ha informado a Efe Esperanza Ornedo, presidenta del colectivo en Huelva.
Ornedo ha indicado que la denuncia va dirigida “contra la indefensión judicial del Estado Español que están sufriendo, y el desigual trato recibido por razones geográficas de las causas en las diferentes Audiencias Provinciales”.
Las denuncias con destino al Parlamento Europeo (Bruselas) se certificarán en las oficinas de correos de las capitales de ambas provincias ante las cuales, entre las 10:30 y las 12:00 horas, los miembros de dichas asociaciones protagonizarán sendas concentraciones.
Hay que recordar que Ornedo, a principios de marzo, ya registró una queja individual ante dicha Comisión de Peticiones por vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la UE, en relación con su actuación en el tratamiento de los casos de los presuntos bebés robados.
En la queja, como “víctima” al haber sufrido la presunta detención ilegal o “robo” de su hermana recién nacida el 23 de marzo de 1968 en el hospital Manuel Lois de Huelva y después de haber llevado su caso a los tribunales, exponía que “ha quedado patente el desinterés absoluto del Estado español en el asunto, a pesar de existir pruebas o al menos indicios de la comisión de los delitos que se denuncian”.
Además, destacaba que en España “se están violando gravemente”, tanto en su caso como en las decenas de miles que están apareciendo, “los derechos humanos más elementales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Entre ellos está el que alude a la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, la prohibición de la trata de seres humanos; o el derecho a la tutela judicial efectiva en caso de que se hayan violado los derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión.