Santa Cruz de Tenerife, 2 oct (EFE).- La fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, ha señalado este miércoles que “no puede ser” que haya niños que tras pasar seis días de travesía en una patera duerman en las camillas de un Centro de Acogida Temporal (Cate), un recurso policial, por lo que ha pedido mayor inmediatez en la coordinación interadministrativa para evitar esas situaciones.
En declaraciones a los medios tras visitar en las islas centros de acogida de menores y entrevistarse con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, Gisbert ha hecho así referencia a lo sucedido en Fuerteventura la semana pasada, donde los niños “estuvieron prácticamente dos días y pico a la espera de que se solucionara su traslado”.
En cualquier caso, ha aludido a que se ha tratado de un caso puntual que hay que evitar pero ha insistido en que, en cuanto a los niños, no se puede medir en términos de cuántos días van a estar a la espera sino de cuántas horas.
“La fiscal superior -María Farnés Martínez- se puso en contacto con la directora general y se solucionó el problema. Se hubiera evitado porque además la idea era que al día siguiente se fueran... Había que verlos tras seis días... Es lo importante de la inmediatez y de ver la posibilidad de usar vías mucho más modernas”, ha señalado Teresa Gisbert con relación a hacer algunos trámites de filiación y entrega de los menores por vía telemática.
Para Gisbert, una vez los menores están reseñados no se puede depender “de que haya billetes de avión” para que efectivos de la Policía Canaria trasladen al menor desde dependencias policiales a los recursos de acogida, y que “en el siglo que estamos” la Consejería podría considerar conveniente que sea un funcionario presente en la isla el que reciba al menor, o bien con una comisión de servicio o delegando la tarea a la dirección del centro de acogida.
Asimismo, Gisbert ha dicho que en la Fiscalía General del Estado están “preocupados” por la situación que atraviesa Canarias “que ahora está en su punto más álgido y duro” y que para quienes intervienen es “estresante e importante”, pues están en juego los derechos de los niños migrantes.
La fiscal de menores ha admitido que la situación para el Gobierno canario “ante la avalancha” es “difícil”, por lo que hay que brindarles apoyo y colaboración leal “siempre y cuando se cumpla la ley, que es lo que es la obligación del Ministerio Fiscal”.
“Ya tuvimos en El Hierro conversaciones con la consejera y con la Dirección General y el espíritu e interés de todos es garantizar los derechos de los niños, colaborar, para poner, cada uno desde sus competencias toda la carne en el asador, siempre y cuando, como digo, se cumpla la ley”, ha insistido.
En su opinión, “es evidente” que “se están mejorando las cosas” y que se han establecido unas líneas mínimas de actuación para que no se produzcan situaciones de vulnerabilidad para los menores.
Preguntada por si cree que se está siendo diligente a la hora de garantizar que los niños, una vez en los centros, reciben la atención adecuada, Gisbert ha opinado que teniendo en cuenta la saturación “se puede producir alguna situación”, pero es una situación “muy excepcional”.
Tanto Gisbert como María Farnés Martínez han señalado que han podido visitar varios recursos de acogida y que algunos de ellos, especialmente el convento en El Hierro “es una maravilla” y “no tiene nada que ver” con cómo eran los recursos al principio de la crisis.
La fiscal de menores ha resaltado además que esos mínimos que tienen que cumplir los centros no se circunscriben a “cobijo y comida” sino que “evidentemente” van más allá“ y la Fiscalía, ha agregado, ”vigilará y estará pendientes“.
Gisbert ha apuntado por último que la crisis migratoria es un problema que no es de Canarias o de Ceuta, sino de la sociedad en su conjunto, de modo que ha demandado solidaridad por parte de las comunidades autónomas para que puedan contribuir a proteger a los menores.