Miguel Primo de Rivera fue un dictador que llegó al poder mediante “un golpe de Estado” y fue el responsable de la “suspensión de garantías constitucionales, la prohibición de otras lenguas que no fuesen el castellano, la disolución de las diputaciones provinciales y la censura de prensa”. Con esta claridad describe la web oficial del Congreso de los Diputados el periodo histórico comprendido entre 1923 a 1930 al que define, sin ningún tipo de eufemismos, como “Dictadura de Primo de Rivera”. La narración histórica recuerda además que durante esos años solo hubo un partido único y personalista dirigido por el propio “dictador”.
Los más de 300.000 historiadores, investigadores y ciudadanos de todo el mundo que visitan cada año la web de la principal institución de nuestra democracia se encuentran, sin embargo, con una información y un tono bien diferente cuando avanzan un poco en el tiempo.
La descripción del franquismo es todo un cúmulo de circunloquios y eufemismos que acaban por distorsionar la realidad histórica. De hecho ya en el sumario, llama la atención cuál es la definición del periodo en su conjunto: después de la “Dictadura de Primo de Rivera” y la “II República Española” lo que viene son las “Cortes Españolas, 1943-1977”.
La llegada al poder de Franco, según la web del Congreso, no se produjo por un golpe de Estado, sino por una “sublevación militar” que, tal y como se cuenta, parecía tener cierta justificación: “La situación cada vez más tensa que se vive en el campo y en las ciudades se refleja en las discusiones de las Cortes, centradas sobre todo en el orden público. El teniente Castillo es asesinado por grupos armados de la derecha el día 12 de julio, y al día siguiente Calvo Sotelo por grupos armados de la izquierda. Finalmente, la sublevación militar estalla en Marruecos los días 17 y 18 de julio de 1936, extendiéndose a la península. Su fracaso da lugar a la Guerra Civil, que se prolonga hasta marzo de 1939”.
A partir de ahí resulta llamativo que ni una sola vez se llame “dictador” a Francisco Franco. La web de nuestro Parlamento utiliza, para referirse a él, términos como “general”, “Jefe del Estado” o, simplemente, “Franco”. A diferencia de lo que ocurre con la dictadura de Primo de Rivera, en este caso no se habla de recorte de libertades, ni de suspensión de garantías constitucionales, ni de partido único, ni de censura de prensa…
El mandato del dictador se zanja con esta lacónica frase: “La continuidad de Franco hasta su muerte en 1975 al frente de la jefatura de Estado y, hasta 1973, también al frente del Gobierno marca el carácter personalista del régimen”. Solo en la penúltima línea del texto y cuando se habla ya del inicio de la Transición, se menciona que la Ley para la Reforma Política supone el final “de las llamadas Cortes Españolas y de la larga etapa representada por la dictadura franquista”.
Víctimas y verdugos en la galería del Congreso
En la web del Congreso no se hace distinción alguna entre quienes presidieron el Congreso durante la dictadura y quienes lo hicieron en periodos democráticos. Cualquier persona que navegue por los perfiles de los presidentes de las cortes franquistas se encontrará con la sorpresa de que su nombramiento aparece relacionado con unas “elecciones”; exactamente igual que sus colegas de la Segunda República o del actual Congreso de los Diputados. Toda una invitación a la confusión para aquellos ciudadanos e investigadores que desde España o desde el extranjero traten de documentarse en el portal que constituye el escaparate virtual de nuestra democracia.
Precisamente el tratamiento que se sigue dando a los presidentes de las cortes franquistas es el que más polémica ha levantado durante los últimos años. Se va a cumplir una década desde que el senador del PNV, Iñaki Anasagasti, pidiera la retirada de sus retratos de las paredes del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El presidente de turno en aquellos momentos, el socialista José Bono, se negó a hacerlo porque consideraba que su presencia en la zona noble de la Cámara Baja no constituía una violación de la Ley de Memoria Histórica. Hoy esos cuadros siguen colgando en la galería de retratos del Congreso de los Diputados.
“Es bochornoso que continúen allí —asegura Anasagasti a eldiario.es, diez años después de aquella polémica—. Demuestra una gran falta de sensibilidad, así como una ausencia de conocimientos históricos y de conceptos democráticos”. Para el veterano político vasco los tres retratos representan un insulto a los valores de nuestra democracia, pero especialmente uno de ellos: “Esteban de Bilbao y Eguía firmó centenares… ¡centenares de sentencias de muerte! Y ahí sigue, compartiendo una galería noble del Congreso de los Diputados con los políticos democráticos e incluso con algunas de las víctimas de la dictadura”.
Anasagasti se refiere al que también fuera presidente del Congreso, Julián Besteiro, que murió en 1940 en una cárcel franquista debido a las pésimas condiciones de vida y a la ausencia total de asistencia sanitaria. El histórico parlamentario también menciona a Diego Martínez Barrio que tuvo que exiliarse tras el triunfo de los golpistas y murió en París en 1962. Sus retratos cuelgan a escasos metros de los franquistas Esteban de Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
“Hermann Göring fue presidente del parlamento alemán durante el nazismo —añade Anasagasti— y nadie imaginaría encontrarse con un retrato suyo hoy en el Bundestag. Lo que ocurre aquí no es una anécdota. Yo pienso mucho en los jóvenes y no tan jóvenes, miles de personas, que cada año visitan el Congreso de los Diputados en las jornadas de puertas abiertas. Allí, entre tanto personaje ilustre, contemplan como uno más el rostro de estos personajes siniestros. Besteiro cuando fue juzgado por los franquistas y le preguntaron por el paradero del oro de España, contestó que el oro de España estaba en las cárceles y en las fosas. Parafraseándole, yo suelo decir que la ignominia de España está colgada de las paredes del Congreso”.