En la lucha contra la violencia machista no es suficiente con las condenas en Twitter

Una “enérgica” condena. Una sociedad que “se conmueve” con cada asesinato machista. Un “sinsentido”. La máxima autoridad del ministerio responsable “totalmente conmocionada”. Así se referían en Twitter Mariano Rajoy y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a los tres asesinatos de mujeres ocurridos a lo largo de este fin de semana. Las respuestas no tardaron en llegar: “¿Alguna ”enérgica“ medida más allá del tuit?”, preguntaba una usuaria.

Las organizaciones feministas llevan desde la primera marcha estatal del pasado 7N de 2015 reclamando que la violencia machista sea una cuestión de Estado. Es decir, que se convierta en una prioridad para el Gobierno y el resto de grupos políticos, y sea una cuestión transversal al resto de políticas, que no solo las asesinadas no sean invisibles en el Congreso y se lleven algo más que un minuto de silencio, sino que también el machismo cotidiano, las agresiones sexuales, el acoso laboral o la brecha salarial formen parte del mismo discurso que se pretende combatir. 

“Para las mujeres asesinadas, se necesita algo más que dos tuits”, recalca el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente. El también profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada apunta que la violencia machista, “ya es de por sí un problema de Estado, pero otra cosa es que el Estado lo considere un problema” y advierte de que la clave es concebirla como algo que debe afrontarse desde diferentes ámbitos.

Para el experto, se trata de “dar respuesta en todas las líneas”, no sólo en las comisarías y los tribunales, porque “el asesinato es la cúspide de la pirámide que, si se da, responde a una situación de desigualdad y a una cultura que hace que los hombres piensen que pueden someter y maltratar a las mujeres”.

La abogada María Naredo afirma que el Gobierno “debe vincular la violencia machista a una vulneración de derechos humanos porque afecta al derecho a la vida y la integridad de las mujeres”. Partiendo de ahí, es fundamental el nivel de recursos destinados porque “también debe ser una prioridad material”.

Una prioridad también en financiación

Lo mismo pedían el pasado jueves las decenas de colectivos que convocaron en Madrid una manifestación que denunció “la incongruencia del Gobierno” por considerar que el presupuesto destinado a prevención de la violencia machista y fomento de la igualdad de oportunidades no es suficiente. El Ejecutivo ha congelado la segunda partida con respecto al año pasado y ha incrementado la primera un 9,9%, hasta los 27,7 millones de euros, pero no alcanza los niveles previos a la crisis. En 2010 se presupuestaron 34,3 millones.

Varios usuarios de Twitter han recordado al presidente del Gobierno que su grupo rechazó en noviembre en el Senado una moción de Unidos Podemos que pedía volver, como mínimo, a la financiación de ese año. Con su mayoría absoluta, el PP logró tumbar la iniciativa después de que no se aceptara su enmienda en la que apostaba por “una financiación suficiente”. “Me da miedo saber lo que es suficiente para ustedes”, respondió la senadora de Unidos Podemos, María Freixanet.

Por actuaciones como esta y la falta de presupuestos para poner en marcha políticas relacionadas con la Educación, la prevención y detección en el ámbito sanitario o la ausencia de medidas dirigidas a los medios, entre otras cosas, la portavoz de la Plataforma 7N, Alba Pérez, incide en que “sin presupuestos la violencia machista no es cuestión de Estado”. En su opinión, esta financiación “es impropia de lo que vienen llamado pacto de Estado” que está articulando el Congreso.

Para Lorente, este pacto de Estado “no debería llamarse contra la violencia de género”, sino “contra el machismo” y apunta a que una de las figuras que se pueden poner en marcha es la de una vicepresidencia de Igualdad, que “coordine y tenga capacidad ejecutiva, no solo propositiva, para aplicar esto de manera transversal a todas las políticas de todos los ministerios porque al final si es solo una cartera dedicada a ello cada uno va por su lado”, explica refiriéndose a su actuación al frente de la subdelegación en la época socialista.

Los expertos también hacen referencia a que las políticas impulsadas desde el Ejecutivo deben contar con una evaluación del impacto de género y se deben revisar y rendir cuentas de las actuaciones con transparencia. Algo de lo que se encargan las subdelegaciones del Gobierno, pero de lo que no hay ninguna resolución ni informe públicos.

Tampoco ha trascendido en qué ha quedado el órgano interministerial anunciado por el Ejecutivo en febrero al final de una semana en la que fueron asesinadas cuatro mujeres a manos de sus parejas o exparejas. El objetivo era evaluar los fondos asignados a ayuntamientos y comunidades, revisar las órdenes de protección o las medidas a menores, pero el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha contestado a este medio sobre si ha comenzado a trabajar o se ha reunido.

Más allá del 016

“La 'enérgica condena' de Rajoy en Twitter no se ve reflejada en las políticas que su partido está empleando”, concluye Pérez, que incide en que los mensajes que los políticos trasladan a la sociedad deben ser más contundentes. Algo que Naredo denomina “prioridad simbólica” porque “todo ese tipo de palabras que suelen usar –'sinrazón', 'desconsuelo, 'violencia incomprensible', ejemplifica– hacen pensar que el maltrato cae del cielo, pero hay una serie de patrones relacionales y culturales en los que se asienta la violencia de los que hay que hablar”.

La mayor parte de mensajes que suelen emitir los miembros del Gobierno se basan en lamentar los asesinatos y recomendar a las mujeres víctimas de la violencia machista llamar al 016. De hecho, el hashtag utilizado por Montserrat en su tuit de estos días es #HaySalida. Sin embargo, “debe haber una declaración institucional formal”, explica Lorente, “que también ponga el acento en los agresores, de modo que haga de los hombres un sujeto al que dirigirse y no siempre cargue a las mujeres con el peso de denunciar”, continúa Naredo.