El Gobierno no consigue el apoyo de las comunidades para reformar el modelo de residencias de mayores

El Gobierno no ha obtenido el apoyo de las comunidades autónomas para reformar el modelo de residencias de mayores. El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, no ha logrado que los gobiernos regionales secunden el proyecto de acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que han presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial.

El documento, que ha contado con la oposición de ejecutivos del PP y algunas socialistas, como Castilla-La Mancha, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores.

Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que “han acordado posponer la votación” prevista para este miércoles porque “algunas comunidades autónomas han mostrado muchas dudas y han dicho que votarían en contra”.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de quince personas como máximo”, indican fuentes del departamento de Belarra, que también destacan que la financiación está entre los puntos conflictivos con las autonomías, que son las que tienen las competencias en este ámbito.

Gobierno y comunidades autónomas llevan meses negociando un nuevo modelo residencial después de que estos emplazamientos se convirtiesen en la zona cero de la pandemia durante la primera ola de la emergencia sanitaria. Entre los temas que se han puesto encima de la mesa se encuentra el número máximo de plazas para los centros de mayores. En diciembre se abordó limitarlos a 50 usuarios. Sin embargo, según ha desvelado la patronal en un comunicado, actualmente el Gobierno contemplaba acotar la capacidad a “75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro”.

El objetivo del acuerdo que está impulsando el Ministerio es que los residentes vivan en espacios más parecidos a hogares que a instituciones. Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes a los generales, según el borrador publicado por elDiario.es en febrero.

En esos documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Esta estrategia debía contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.

Gobiernos del PP en contra del texto

Comunidades del PP se han posicionado en contra del proyecto presentado por el departamento de Belarra. La consejera gallega, Fabiola García, ha asegurado que las pretensiones del Gobierno central son “inasumibles” porque “no garantiza el financiamiento para llevarlo a cabo”. Andalucía y Murcia también han mostrado su disconformidad con el borrador de Derechos Sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este documento “tampoco resuelve el problema de la falta de financiación del sistema de dependencia por parte del Estado, que sigue sin superar un 20% de aportación”. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Castilla y León aseguran que se han abstenido en este procedimiento.

No solo Gobiernos del PP han mostrado su oposición a este documento. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha arremetido contra esta propuesta, llegando a asegurar que el modelo que presentado por Belarra es “arriesgado”. “Si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”, ha destacado

Críticas de la patronal, de usuarios y sindicatos

Horas antes de que se celebrase el Consejo Interterritorial de este miércoles, la patronal difundió un comunicado muy crítico con el texto de Derechos Sociales. la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) aseguraron que los criterios establecidos en el borrador del acuerdo “obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias” que hay en el país.

En esta nota de prensa, la patronal aseguró que esta propuesta podría tener “efectos” en su modelo de negocio. “Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento”, reseñaron.

Para la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias el documento que se ha presentado este miércoles supone “una decepción enorme”. Esta organización considera que Ministerio “se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos”. Además, sostienen que los Ejecutivos regionales “han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia”.

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan que en el borrador que se ha discutido este miércoles no se incluye “ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas” por estas organizaciones. Asimismo, apuntan que les llama “especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal”.