El Gobierno activa un plan para clausurar los pozos de regadío ilegales que secan las Tablas de Daimiel

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel atraviesa una situación de emergencia: apenas tiene encharcado un 4% de su superficie inundable. 80 de 1.750 hectáreas. Un humedal sin agua. La combinación letal de falta de lluvias y expolio del agua subterránea de la que vive ha devuelto este espacio de máxima protección ambiental a un estado casi crítico como los de 1993 o 2009. Tras desechar un trasvase de urgencia en diciembre, el Gobierno está a punto de activar un plan especial para detectar y clausurar pozos de riego ilegales que sitian el parque y desecan el acuífero declarado sobreexplotado desde 1987. 

El Plan especial de control y uso del agua en la zona de influencia del Parque Nacional de Tablas de Daimiel, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, va a durar 36 meses y costar tres millones de euros, según las cláusulas del documento a las que ha tenido acceso eldiario.es.

Se trata de inspeccionar las extracciones que soportan las tres masas de agua subterránea sobre las que se han perforado multitud de sondeos para riegos. La campaña pretende intensificar el control de pozos en áreas concéntricas según se acercan a los límites del parque nacional. 

Los técnicos de la Confederación acaban de dejar claro en su estudio previo para redactar el próximo plan hidrológico –hecho público el 24 de enero pasado– que “el origen principal de este problema se debe al sector agrícola y su magnitud está relacionada con la expansión de los cultivos de regadío llevada a cabo desde los años 70 del pasado siglo”. Un poco más adelante añaden que “en la cuenca Alta del Guadiana los derechos de uso del agua para regadío superan ampliamente los recursos disponibles”. El mapa de extracciones subterráneas muestra cómo estas se concentran sobre los acuíferos relacionados con las Tablas.

El denominado –y famoso– acuífero 23 fue declarado en sobreexplotación en 1987 y nunca ha recuperado un estado saludable. Actualmente, ese depósito natural está subdividido en las tres masas citadas por la campaña de control de Transición Ecológica: Mancha Occidental I, II y Rus Valdelobos. Las tres presentan “mal estado cuantitativo” y riesgo de no conseguir los objetivos ambientales que les marca la ley y cuyo último plazo expirará en 2027. De hecho, todas tienen un índice de explotación superior a tres, lo que indica que se extrae por encima del 200% de lo disponible.

Riesgo de arder bajo tierra

Las Tablas son el vestigio de un ecosistema antes común y ahora prácticamente extinguido: las llanuras inundables fluviales. Compone un humedal “prácticamente único en Europa”, como lo describe su ficha técnica. Las Tablas se inundan con el agua de los ríos Guadiana y Cigüela y el caudal que brota del acuífero. Ese acuífero esquilmado por centenares de pozos.

A medida que las Tablas se secan crece el riesgo de que ardan. Que se quemen en incendios subterráneos al combustionar las zonas de turbera del parque. Esos fuegos ya prendieron en el anterior episodio crítico en Daimiel de 2009. 

El entorno ha pasado de tener 600 hectáreas encharcadas en junio de 2019 a contar 150 en septiembre y caer más tarde a las 80. En otoño de 2019 se solicitó un trasvase de urgencia por el acueducto Tajo-Segura. Finalmente, en diciembre, no hubo permiso para enviar agua, al mismo tiempo que solo se autorizaba conducir agua al Levante para consumo humano (no agrícola). 

El trasvase como último recurso se ha aplicado 14 veces desde 1988. De los 236 hm de agua enviada en ese tiempo, las Tablas de Daimiel han recibido 125. Poco más de la mitad de todo el volumen que salió de los embalses llegó a su destino, según los registros oficiales. El momento del envío parece ser crucial: si el ecosistema está ya muy seco, mucha del agua acaba filtrada en los cursos antes de llegar a las llanuras. En 2009, cuando se bombearon 20 hm ante la situación de crisis, llegaron apenas 0,75. En otras ocasiones sí se aprovechó todo el agua, como los 15 hm de 2004 o el 75% en 1988, 1989, 1990 y 2001. 

Con todo, la Confederación admite en 2020 que, de las medidas previstas para atajar el problema de sobreexplotación, se ha ejecutado el 2% de todo lo que se tenía que hacer entre 2015 y 2018. Se ha mirado para otro lado, como pone de manifiesto el análisis de la CHG: “El ritmo actual de desarrollo de las medidas pone en riesgo la consecución de los objetivos ambientales, ya que faltan por aplicar un gran número de medidas destinadas a la protección de las aguas subterráneas”. 

En Transición Ecológica ya apuestan abiertamente por poner en marcha la batería de pozos de emergencia que se construyeron (y pagaron) tras el incendio subterráneo de 2009: 23 sondeos que pueden inyectar hasta 12 hm. El plan gubernamental mira más hacia esta opción para evitar que se declaren fuegos de turberas que a activar el trasvase de emergencia.

La Tablas fue incluido por su alto valor ecológico en la lista de humedales Ramsar de importancia internacional en 1982. Fueron, junto a Doñana, las dos primeras contribuciones españolas a este convenio. Solo ocho años después pasó al llamado Registro de Montreux de humedales donde “se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas”. Ahí permanece desde entonces porque, como describen los responsables de la Convención, “se trata de casos muy complicados que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que aunque alguna de las amenazas originales se han solucionado, han ido surgido nuevos problemas de conservación”.