El Gobierno priorizará la protección a las víctimas de violencia machista sin que haga falta denuncia

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido este lunes para trasladar “la condena y el rechazo más firme” de todo el Ejecutivo a los dos asesinatos machistas ocurridos este fin de semana, uno en Granada y otro en Lugo. “Ana y Clara son las asesinadas 1.042 y 1.043 desde 2003, cuando comenzamos a computar números. Este Gobierno no quiere reducirlas a cifras”, ha expresado Rosell. La Delegada ha marcado las líneas de prioridad del Ministerio de Igualdad: la primera será impulsar el reconocimiento de las víctimas sin necesidad de que interpongan denuncia judicial, para que puedan acceder a protección y recursos a través de administraciones como los Servicios Sociales.

El Gobierno quiere avanzar en que se pueda acreditar la condición de víctima mediante informes de Servicios Sociales o servicios especializados, para que las mujeres puedan acceder a recursos como viviendas públicas y ayudas económicas y laborales “que les permitan salir del círculo de dependencia” sin pasar por la Policía y los Juzgados. Esta medida estaba prevista en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y está ya contemplada en la Ley de Violencia de Género de 2004 tras una modificación de 2018 por Real Decreto Ley. También se han aprobado varias leyes autonómicas en este sentido en los últimos años.

Las comunidades autónomas, en una Conferencia Sectorial de abril de 2019, ya acordaron criterios para llevar a cabo estos procesos. Ahora, ponerlos en marcha requiere de otra Conferencia con los representantes de todas las autonomías, una reunión que Rosell prevé celebrar durante el primer trimestre de 2020, esto es, antes de que termine marzo. En ese encuentro, el Gobierno y las comunidades consensuarán los procedimientos requeridos para llevar a cabo estas acreditaciones y que las mujeres puedan acceder a estos servicios, y concretarán las entidades habilitadas para ello. “No cualquiera va a poder acreditar a una víctima de violencia machista, vamos a estipular bien quién y cómo”, ha querido dejar claro Rosell.

Ana y Clara, las dos mujeres asesinadas este fin de semana, han sido también las víctimas mortales novena y décima en lo que va de 2020. Ninguna de las diez había denunciado. En 2019, de 55 víctimas, solo lo hicieron 11. Además, un estudio de la Delegación analizó que el tiempo medio que tardan en denunciar las mujeres que sufren violencia es 8 años y 8 meses, que aumenta a más de 15 años para las que tienen hijos mayores de edad. El 28% no lo hacían por inseguridad a la hora de afrontar un proceso judicial. Todos esto es lo que motiva a la Delegación de Gobierno a comenzar por apuntalar las soluciones para que no sea imprescindible que medie denuncia: “Muchas mujeres acuden a la trabajadora social, pero es más duro ir al juzgado. Esto va a beneficiar a las más vulnerables”.

Rosell también se ha puesto como objetivo reforzar las medidas de acompañamiento a víctimas, “lo que se ha demostrado que funciona, como los dispositivos de seguimiento”, y mejorar los exámenes en los Institutos de Medicina Legal para que las mujeres no estén “solas y desasistidas”. Ese tipo de acciones requieren de coordinación con otras administraciones, especialmente con el Ministerio de Justicia, y todavía no tienen fecha para modificaciones concretas.

“Hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien, pero no encerrando a las personas y tirando las llaves, sino con derechos e igualdad”, ha insistido la Delegada en rueda de prensa. Anuncia que el enfoque de las políticas del Ministerio no va a ser “únicamente penal” sino de prevención sanitaria, educativa y social y de fomento de las medidas del Pacto de Estado. “La igualdad es una prioridad para este Gobierno feminista y hay políticas que son de supervivencia”, remarcaba, y “el origen de la violencia machista es la desigualdad, aunque algunas voces traten de silenciarlo”.