El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado con la Conferencia de Rectores de Universidades (Crue) la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctor a los campus públicos, que financiará el Gobierno durante los seis años que duran estos contratos. La idea de ambas partes, explican fuentes del ministerio, es que las comunidades autónomas hagan lo propio con otras 800 plazas para alcanzar los 4.200 contratos que el Ejecutivo considera que hacen falta para cumplir con la Losu, que impone la reducción del profesorado asociado y de la temporalidad en las universidades. Los rectores creen que esa cifra de 4.200 se queda algo corta y calculan entre 5.000 y 6.000.
“El objetivo es facilitar el rejuvenecimiento y la consolidación de las plantillas universitarias”, explican fuentes del ministerio. Las plazas son de nueva creación y no computan para la oferta habitual que realizan los respectivos rectorados, sino que se suman a ella. El programa tendrá un coste de 150 millones de euros por curso académico y dará comienzo el próximo curso 2024-2025. Esta cifra de contratos equivale al doble del número de plazas de una convocatoria ordinaria de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas del país.
El Gobierno ha valorado a través de una nota que este programa es “el mayor plan de estabilización y retención de talento que un gobierno haya presentado en nuestro país para convertir las universidades públicas españolas en centros de excelencia”.
El Ejecutivo ha dado a conocer esta propuesta durante el encuentro que han mantenido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con la presidenta de la Crue, Eva Alcón, y representantes de su Junta Rectora.
Los profesores ayudantes doctor son el primer escalón en el acceso a los cuerpos universitarios, sus contratos duran habitualmente seis años sin posibilidad de renovar y dan acceso a posteriori, al menos sobre el papel, a la estabilización, sea mediante la figura del funcionario o los nuevos contratos laborales permanentes que incluye la LOSU.
El ministerio explica que cuando pasen estos seis años el sistema debe haber alcanzado ya una financiación del 1% del PIB, tal y como plantea la Losu.
Menos asociados, mejores trabajos
Los asociados son los docentes más precarios de la Universidad y se multiplicaron en las facultades cuando, a raíz de la crisis de las hipotecas de la pasada década, los sucesivos gobiernos congelaron la incorporación de funcionarios. Pero como las universidades seguían necesitando trabajadores recurrieron a esta figura, pensada cuando se creó para ejercer como un profesional externo experto en un área que impartía unas pocas horas de clase sobre su especialidad. Pero la tasa de reposición cero acabó convirtiendo esta figura en casi la única contratable, por lo que acabaron siendo el sostén de la docencia en algunas universidades desde entonces, pero con unas condiciones laborales mucho peores que las de sus compañeros titulares o ayudantes.
La LOSU se propuso acabar con (parte de) la temporalidad y la precariedad en los campus, para lo que rebaja del 40% actual –aunque muchos campus no lo estaban cumpliendo– al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente investigador. Para ello reduce la carga lectiva de algunas figuras y articula “vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos. Asimismo, se incentivan programas de estabilización y promoción de forma transitoria”. El resultado de todo esto es que los campus van a necesitar más profesorado, origen de la oferta de estas plazas que realiza el Ministerio, que los rectores calculan escasas y que UGT sostiene que “no dan para nada, a razón de 80 plazas por universidad”.