Según las cuentas del Estado español, el dinero destinado a las reparaciones económicas por los daños derivados de la Guerra Civil y el franquismo suma 21.749 millones de euros, a lo largo de toda la democracia. A excepción de los que se dieron a 60.683 ex-presos y a 49 defensores de la democracia en el tardofranquismo, no se trata de indemnizaciones sino de beneficios en forma de pensiones que no se les habían reconocido hasta ese momento por tratarse de víctimas, funcionarios o militares republicanos. El malestar en el movimiento memorialista es notorio, pues no considera que estos beneficios sean una verdadera reparación hacia las miles de víctimas de la brutal y sistemática represión ejercida por los franquistas. El proyecto de la Ley de Memoria Democrática deja literalmente claro que aunque se consideren nulas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, no darán lugar a ningún tipo de reparación o indemnización de índole económica. Para el jurista Hernando Valencia Villa, representante de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Madrid, si España tuviera “una judicatura más progresista”, se podría “imponer al Estado su responsabilidad civil extracontractual y por tanto su obligación de indemnizar a las familias de las víctimas”, aunque hayan transcurrido 80 años, “porque la ley siempre es interpretable”.
Este doctor en Derecho por la Universidad de Yale, vino como refugiado a España tras su trabajo como procurador de Derechos Humanos en Colombia, figura equivalente al Defensor del Pueblo. Asesoró a Amnistía Internacional durante la construcción de la ley de Memoria Histórica de 2007 y es profesor de Derechos Humanos y Política Internacional en la Universidad de Siracusa en Madrid. “La nueva Ley de Memoria Democrática es muy mezquina en materia de indemnizaciones”, indica.
Usted afirma que con las leyes vigentes se podría indemnizar a las víctimas del franquismo, ¿no haría falta una ley de víctimas?
Siempre es mejor tener leyes modernas pero, aún con las que hay, si hubiera una nueva generación de jueces realmente bien formados en derecho internacional de los derechos humanos, en justicia penal internacional y en justicia transicional, otro sería el panorama.
La justicia española es muy primitiva, conservadora y autoritaria. Es una de las esferas del Estado que no vivieron una verdadera Transición. Como dice José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, todavía hay un altísimo porcentaje de jueces que provienen del franquismo. Gente muy reacia a asumir el punto de vista de las víctimas.
Después de la retaliación [represalia] brutal de la que fue víctima Baltasar Garzón, es difícil que haya otros jueces españoles que se le midan a esa tarea. Tiene que ser una iniciativa del Estado, más amplia y estructural. Los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo siguen en la impunidad y, al menos algunos de ellos, se pueden castigar. Las sociedades no solamente tienen el derecho sino la obligación de castigar las atrocidades internacionales que se han cometido en su territorio. Como se trata de crímenes internacionales que no prescriben, nunca es tarde. Pero hay un terror reverencial, un pánico cerval a hacerlo.
¿Cómo se puede hacer? Porque la Ley de Amnistía cierra ese camino.
Yo propongo una lectura totalmente diferente, según la cual la Ley de Amnistía es inaplicable hoy, porque esa ley se aplicó y se agotó en el momento de la Transición. Es una ley derogada por la nueva Constitución e inaplicable por el actual derecho internacional de los derechos humanos. La propia Constitución obliga a acatar este derecho, que se aplica en España a través del llamado bloque de constitucionalidad, una figura jurisprudencial según la cual las normas internacionales en materia de derechos, libertades y garantías forman un conjunto normativo con las normas constitucionales de cada Estado. Estoy convencido de que un juez puede imponer una indemnización en favor de una víctima en un caso concreto y a cargo del Estado español, independientemente de que la futura Ley de Memoria Democrática lo prohíba. Las obligaciones internacionales del Estado español están por encima de esa ley.
España es el único Estado europeo donde la búsqueda e identificación de los desaparecidos en un conflicto armado interno no ha sido asumida por el Estado
También está el escollo de que no se puede juzgar a quien ha muerto.
Ciertamente, pero hay casos como el de Martín Villa, o el de Billy el niño, que tendría que haber sido castigado por la justicia española, donde sí se podría haber hecho.
¿Y qué papel juega el Ejecutivo?
Estoy seguro de que si el Estado fuera más decidido, se podría establecer un sistema de indemnizaciones que probablemente no satisfaga a todo el mundo pero que sí signifique una contribución a la injusticia que siguen padeciendo las víctimas. Puede costar mucho dinero y muchos años, pero es cuestión de empezar.
Y en el caso de la búsqueda de los desaparecidos, también. España es el único Estado europeo donde la búsqueda e identificación de los desaparecidos en un conflicto armado interno no ha sido asumida por el Estado. Esa fue la gran aberración de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Eso no se le puede trasladar a los particulares, es una barbaridad.
¿Que cuesta mucho dinero y toma mucho tiempo? Pues qué le vamos a hacer, son cosas que hay que hacer. En Alemania todavía siguen debatiendo el tema y aquí no se ha podido avanzar en la materia.
En España ha habido una Transición, ¿pero ha habido justicia transicional?
No. Aquí hubo una Transición muy limitada. Básicamente porque la dictadura no fue derrocada sino que perdió su cabeza visible y se transformó parcialmente en una monarquía parlamentaria con algunos avances puntuales pero con una participación marginal de la oposición. No se hizo un verdadero esfuerzo por esclarecer, castigar y reparar los crímenes de la Guerra Civil y sobre todo de la dictadura, que es en lo que consiste la justicia transicional: el esfuerzo que hace una sociedad que trata de regresar o avanzar hacia la democracia o la paz después de una gran crisis política. Hay que esclarecer la memoria histórica y establecer la verdad pública. Aquí todavía hay una disputa muy enconada sobre qué pasó en la Guerra Civil y todavía escandaliza ver a los dirigentes de la oposición parlamentaria diciendo las bestialidades que dicen sobre la Guerra Civil, eso es absolutamente inaceptable y no se da en ningún otro país de Europa.
Por ejemplo, con las comisiones de la verdad de Chile, Guatemala y El Salvador, ha habido muy poca justicia judicial pero sí una recuperación de la memoria histórica y una construcción de una verdad pública sobre el pasado.
No ha habido una comisión de la verdad porque sigue habiendo una disputa ideológica feroz, enconada y muy desleal sobre qué fue lo que pasó en la Guerra Civil
Percibo muchísimo miedo frente a esas verdades históricas que para muchos son obvias: aquí hubo un levantamiento militar ilegal contra la República el 18 de julio de 1936 y como resultado una guerra civil y como efecto de la victoria de los golpistas, una dictadura que duró casi 40 años. Esto, que es obvio, no está aceptado por una parte de la población en gran medida porque no se ha hecho el esfuerzo de construir un relato que tenga la fuerza de la verdad pública y que se pueda situar en el centro del debate. Eso es lo que hacen las comisiones de la verdad.
¿Por qué no ha habido una comisión de la verdad en España?
Porque sigue habiendo una disputa ideológica feroz, enconada, muy desleal sobre qué fue lo que pasó. Por qué hubo Guerra Civil, por qué acabó en una dictadura y cómo se dieron las cosas en la Transición. La Transición no puede ser endiosada y mistificada. No se la puede convertir en el origen mitológico del Estado español y que no pueda ser cuestionada.
Hay un argumento que siempre me ha parecido inaceptable y es el de que no podemos juzgar hoy los acontecimientos del pasado. Si no podemos juzgar con nuestros ojos del hoy, que son los únicos que tenemos, ¿con qué ojos vamos a juzgarlos? ¿Con qué justificación los estados hacen cambios y reformas? Con el que tiene toda generación a cuestionar el legado heredado de sus antepasados.
¿España es una anomalía en el sentido de que haya pasado tanto tiempo desde el conflicto hasta hoy, sin haber hecho una verdadera justicia transicional? ¿Se puede hacer justicia aunque hayan pasado tantos años?
El caso español es bastante raro y especial. Sí ha habido una tardanza histórica importante en empezar a enfrentar la justicia transicional. Esto no significa que en otras experiencias comparables, como la sudafricana, la chilena, la guatemalteca o la colombiana, se hayan resuelto los problemas de la justicia transicional en un periodo más reducido: se han enfrentado mucho más pronto pero no los han resuelto del todo. En Chile ha habido dos comisiones de la verdad. La primera fue tímida y la segunda llegó mucho más lejos y respondió mejor a las demandas de la sociedad civil. Argentina, hasta cierto punto, es un modelo en materia de justicia transicional. Allí hubo una comisión de la verdad muy temprana que produjo un gran informe y una serie de procesos. Todavía hay muchos desaparecidos y casos pendientes pero hubo un juicio con los responsables políticos de las Juntas Militares durante la dictadura que por sí solo fue una hazaña extraordinaria. En Guatemala, el informe de la comisión de la verdad fue histórico. En El Salvador se quedaron cortos en materia de nombres, que es un aspecto fundamental del trabajo de una comisión de la verdad. Una cosa es que la mayoría de comisiones de la verdad no puedan llevar a juicio a nadie pero cosa distinta es que en el informe final se señale a los responsables de los crímenes más graves para que quede la constancia histórica y para que las víctimas hagan lo que puedan.