Hombre gay, blanco, que no es transexual y vive en una gran ciudad: ¿dónde está el resto de víctimas de la LGTBIfobia?

Maribel sí denunció. Pocos días después de ser agredida de un puñetazo al grito de “pero si eres un maricón” justo al lado del gran supermercado 24 horas que preside la plaza del barrio madrileño de Lavapiés, acudió a una comisaría de Policía para contar lo ocurrido. Era de una noche de enero de hace más de un par de años y hacía frío. Tras la conmoción y aún batallando con la culpa, volvió al mismo lugar y casi a la misma hora unas semanas después para empezar a perder el miedo. Fue su propio proceso de reparación. Esta mujer trans de 59 años sí aparece en las estadísticas sobre los incidentes de odio ocurridos en 2016 que registran los colectivos LGTBI, pero justo representa a los que no suelen estar.

“El hecho de denunciar o no tiene una correlación directa con el grado de empoderamiento de la persona, pero en el sentido estructural y colectivo del término, no individual”, explica Laia Serra, abogada penalista especializada en delitos de odio. Algo que, en última instancia, se ve reflejado en los datos que recogen y analizan las entidades que cuentan con servicios de atención a las víctimas. Justo el pasado jueves, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans presentó el estudio La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI, que pone énfasis en esta cuestión.

De hecho, las cifras que ofrece –al menos 50 denuncias al mes por homofobia, bifobia o transfobia– dibujan un perfil concreto de víctima que se corresponde con el de hombre, gay, joven, que no es transexual, sin diversidad funcional y que vive en una gran ciudad. ¿Y el resto de víctimas de la LGTBfobia? ¿Sufren menos incidentes de odio o denuncian menos? ¿Por qué?

“La imagen que trasladan las estadísticas no es la imagen del conjunto de las violencias, sino que está distorsionada. Dentro del colectivo LGTBI hay personas que por sus características sufren discriminaciones múltiples, como las mujeres, personas racializadas, trans, con diversidad funcional...son las más vulnerables tanto dentro de la comunidad como en la sociedad y no se suelen acercar a las entidades a contar lo que les ha pasado”, cuenta la jurista especializada en Derechos Humanos, Violeta Assiego, una de las investigadoras responsables de la investigación de la FELGTB.

La federación ha analizado 332 casos de los más de 600 recogidos durante 2017 en todas las comunidades menos Cantabria, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así, en cuanto al género de las víctimas, la mayoría (un 71%) son hombres cisexuales –que no son personas trans– y el 22% mujeres cisexuales. Las personas trans solo representan el 6% en el caso de las mujeres y el 1% en el caso de los hombres.

Analizando la orientación sexual de las personas denunciantes, la más representada es la gay con un 73%. Por otro lado, el 21% de los casos corresponden a mujeres identificadas como lesbianas, el 2% personas bisexuales y el 4% heterosexuales –que han sido agredidos por la orientación sexual percibida por el agredor–. Por otro lado, la mayor parte de los casos se corresponden con personas jóvenes, agrupadas en la horquilla de edad de 18 a 35 años (un 53%) y se concentran en grandes ciudades.

Rechazo cotidiano a la comunidad trans

El informe reconoce en este sentido “el sesgo de los datos” y las expertas hacen hincapié en que en el ámbito de la diversidad sexual también se reproducen los mismos patrones de la desigualdad de género. Para Laia Serra, “las mujeres estamos, en términos culturales, mucho menos acostumbradas a denunciar vulneraciones de Derechos Humanos” y en el colectivo LGTBI también se imprime este elemento. “Si nos damos cuenta, los colectivos gays siempre han tenido mucho más peso e influencia que el sector lesbiano o trans, eso al final acaba traduciéndose en mayores apoyos y en redes más visibles”. 

Por otro lado, las mujeres lesbianas y bisexuales están atravesadas por una mayor invisibilidad que los hombres gays, algo que también tiene su correlación en que la mayor parte de casos hechos públicos en los medios de comunicación suelen ser agresiones físicas graves contra hombres gays y mujeres trans. ¿Tienen más posibilidades estas personas de ser objeto de este tipo de violencias? “Es algo complejo porque primero hay que ampliar el enfoque y el estudio de los incidentes de odio. Las mujeres trans, sean lesbianas, bisexuales o no, sufren una violencia brutal porque están penalizadas de forma muy directa. Puede que las mujeres cis, debido a su invisibilidad, sufran más otro tipo de violencia como insultos, acoso o violencia psicológica”, reflexiona Assiego.

En cuanto a la comunidad trans, el estudio pone sobre la mesa la exclusión, el rechazo y la hostilidad cotidiana que sufren estas personas como elemento que puede contribuir a “su escepticismo y distanciamiento de las instituciones y organizaciones” junto a la normalización de muchas de las violencias que sufren cuando no son extremadamente graves. Así, casos como el de Maribel es quizás más factible que sean denunciados incluso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ella hizo, aunque no sin obstáculos.

“Fui a la comisaría acompañada de Arcópoli –colectivo LGTBI de Madrid–, pero me dejaron entrar solo a mí. Me sentí sola. Los agentes me trataron bien y me nombraron como corresponde, en femenino, algo que no ocurría mucho en aquel momento. Sin embargo, fue un episodio frío y poco agradable. Aún cargaba con la culpa y con el miedo y tuve que insistir mucho para que se hiciera constar que había sido una agresión por transfobia”, cuenta Maribel.

Solo un 4% de denunciantes mayores

A sus 59 años, esta mujer también representa a un colectivo infrarepresentado en los datos: el de las personas mayores de 51 años. Y es que de los casos recabados por FELGTB, solo un 4% se corresponden con víctimas por encima de esa edad, marcadas en muchos casos por la invisibilidad. “El aislamiento y la depresión son características comunes en las personas mayores LGTBI, rasgos que sin duda repercuten de forma directa en su falta de iniciativa para informar y denunciar las violencias cotidianas que sufren y que, por otro lado, han soportado durante tantos años ante la pasividad de las instituciones cuando no directamente con la complicidad de estas”, sostiene el informe.

Por otro lado, la situación administrativa de las personas es un elemento clave que influye en la infradenuncia. El miedo a ser deportadas y, en algunos casos, las barreras que impone el idioma convierten a las personas migrantes en situación irregular en “perfiles al margen de las estadísticas, prácticamente en completa desprotección e invisibles a la mirada, incluso del propio colectivo LGTBI”, matiza el estudio, que también incorpora el factor del ámbito rural o ciudades más pequeñas.

El hecho de que en las grandes ciudades haya una mayor presencia de colectivos LGTBI se suma a que “en ellas suele haber una mayor visibilidad porque, aunque depende mucho de los barrios, suele haber más vías de escape y zonas en las que uno pueda mostrarse tal cual es”, sostiene Assiego. Así, como dice Maribel, “esa misma visibilidad de ser, es la misma que te acaba convirtiendo en víctima”. 

Frente a este escenario, en el que también confluyen otros elementos para no denunciar, como el no haber salido del armario o el no identificar como tal la violencia sufrida, las expertas apuestan por la necesidad de que el colectivo LGTBI y las Administraciones sean capaces de alcanzar a todas las personas. “Yo me reconozco como un dato, que es lo que fui hace dos años. Un dato frío y desnudo...pero de alguna manera un dato necesario, para bien y para mal. Para mal porque eso significa que te han zurrado, pero para bien porque formas parte de una realidad que es necesario conocer”, concluye Maribel.