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ENTREVISTA
Diputado del PSOE y padre de una víctima de abusos en un colegio del Opus Dei

Juan Cuatrecasas: “Obligar a miembros de la Iglesia a asistir a una comisión no sirve”

Juan Cuatrecasas en el Congreso de los Diputados

Laura Galaup

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Minutos después de que se aprobase la iniciativa que impulsa la creación de una comisión de investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia, el diputado socialista Juan Cuatrecasas no ocultaba su felicidad. Él y su mujer, Ana Cristina Cuevas, llevan más de una década peleando para que la administración ponga el foco en estos casos. Su hijo sufrió abusos sexuales por parte de un profesor cuando cursaba el primer ciclo de Secundaria en Gaztelueta, un colegio del Opus Dei de Bizkaia.

La Justicia dio por acreditados estos hechos, aunque la condena al docente pasó de once a dos años al ser recurrida en el Tribunal Supremo. En ese momento Cuatrecasas y Cuevas impulsaron la asociación Infancia Robada. En 2019 él dio el salto a la política y se presentó a las elecciones en una lista del PSOE. Este jueves los dos se mostraban eufóricos, después de que el Congreso haya iniciado el proceso para investigar por primera en nuestro país los casos de pederastia en instituciones católicas.

Entró en política en 2019, después de la repercusión mediática que tuvo el caso de su hijo. ¿Qué significa para usted la iniciativa que se ha aprobado hoy?

El inicio de algo grande. La PNL no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para llegar a un objetivo: el pleno reconocimiento de todas las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico, en aras de lograr la verdad, la justicia, la reparación y el acompañamiento. Hay que agradecer a todas las víctimas que han estado siempre como mascarón de proa en la lucha. Y a partir de ahora hay que exigir unidad de criterios a las propias víctimas para trabajar todos para lograr ese objetivo. Si echamos la vista atrás, venimos de prácticamente la nada. 

¿Qué requieren a las administraciones las víctimas y su entorno?

Lo primero que piden las víctimas es el reconocimiento expreso y público de que han existido unos delitos que han provocado unos daños y unas secuelas irreparables en la mayoría de los casos. En su evolución, las víctimas están sujetas a picos de rendimiento laboral, estudiantil, personal y emocional.

Las administraciones públicas, y la Iglesia para los que sean católicos, tienen que aportar terapias y asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas que no tienen capacidad económica suficiente para afrontarlas. Por ello, es fundamental que a estas personas se les reconozca como víctimas de forma pública. Me causa estupor que haya instituciones religiosas que no dan el paso de realizar ese reconocimiento, incluso cuando existe una sentencia firme.

¿Es necesario que la comisión de investigación tenga un compromiso temporal?

En principio, ha habido un compromiso no escrito de que sea un plazo que coincida con lo que queda de legislatura. 

Esta iniciativa ha provocado un conflicto con Unidas Podemos, ¿Qué le parece la propuesta que presentó el grupo confederal?

Como diputado, como padre de una víctima y como miembro de la asociación Infancia Robada hemos emitido un comunicado de agradecimiento a todos los grupos que tuvieron iniciativas. Posteriormente, he visto una serie de cambios de criterio a lo largo del tiempo. Se nos ha llegado a decir que una comisión parlamentaria exigía la comparecencia de quien fuese llamado. Eso es cierto, pero siendo cierto, tenemos la experiencia de otras comisiones de investigación: una cosa es que te exijan ir y otra cosa es que te exijan decir la verdad.

Agradezco las iniciativas que se hayan podido plantear para llegar al fin común, pero no me parece justo que se intenten imponer las cosas sin someterlas a un consenso. En una negociación las dos partes tienen que ceder. El PSOE y PNV han cedido y han enriquecido su iniciativa. He visto que otros grupos se han enrocado en una propuesta y han cedido más bien poco. No es una crítica. Llegados a este punto, y dejando atrás rencillas, es el momento de que todos adoptemos un compromiso firme para nadar unidos hacia adelante porque esta investigación va a requerir la unidad de todos los agentes.

Unidas Podemos ha anunciado este jueves que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para garantizar su apoyo a la PNL que se ha aprobado en el Congreso. ¿Conoce los puntos en los que han llegado a un consenso?

No me ha dado tiempo a leer todo el acuerdo. Me consta que ha habido negociaciones y diálogo. Y que siempre ha habido un intento de llegar a un acuerdo, que finalmente se ha logrado, incluso con el voto favorable del Partido Popular. Esto engrandece el modelo. Creo que el Defensor del Pueblo va a tener una tarea ardua, pero confío mucho en la persona de Ángel Gabilondo. Durante todo este tiempo, Gabilondo ha recibido críticas totalmente injustificadas y malintencionadas. 

¿Qué le parece que los representantes de la Iglesia sean obligados a asistir a las comisiones?

No sirve. Aunque las comisiones de investigación suelen ser a puerta cerrada, hay un pasillo previo. Lo hemos visto en el Congreso de Diputados. Ese modelo no certifica la intimidad de las víctimas. Es más, diré que contradice lo que vengo diciendo desde hace años. En una Audiencia Provincial he tenido que soportar que un fiscal dijera que las víctimas no son creíbles porque engrosan su relato a lo largo del tiempo. Es un disparate mayúsculo y todavía hay jueces y fiscales que lo mantienen, incluso en la violencia de género. Las víctimas no cuentan cuando quiere un juez ni cuando quieren ellas, cuentan cuando pueden contar, cuando tienen la capacidad necesaria para contar y afrontar el relato. Intentar exponer a las víctimas a un circo mediático es un error que las revictimiza. 

¿Usted va a tener algún papel en la comisión de investigación?

No se lo puedo adelantar. 

Más allá del Defensor del Pueblo, ¿con qué expertos se prevé que cuente la comisión?

El modelo del Defensor del Pueblo debería contar con las víctimas porque hasta ahora, aunque suene casi como algo extraordinario, no se contaba con ellas ni en protocolos de actuación ni en comisiones de investigación de la Iglesia. Las víctimas no existían, solamente iban a esas instituciones para denunciar algo. Tiene que haber también facultativos; psiquiatras y psicólogos; académicos; personas que ya han hecho informes, que para mí tienen un valor indudable; y por supuesto, tiene que haber algún gabinete jurídico. Es un tema transversal que afecta a la salud pública y por tanto a la sanidad. Es un tema de educación, jurídico, de derechos sociales. Todos esos aspectos se tienen que unir para que la solución sea lo más efectiva posible.

¿Qué papel cree que tendrá la Iglesia en esta comisión?

Esa es la duda. Siempre he mantenido que la Iglesia sí me importa porque en esto tiene un papel innegable. La Iglesia tiene que comparecer porque tiene que aportar información y datos. Se tiene que poner a disposición plena de la oficina del Defensor del Pueblo y, desde luego del Congreso de los Diputados. No es una exigencia, es una obligación. Una Iglesia que predica valores no puede mantenerse al margen de sus víctimas, porque son sus víctimas, y por supuesto, sus pederastas. Existen víctimas con daños causados por gente de la Iglesia. 

Nosotros venimos reclamando que la Iglesia reconozca el buen nombre de mi hijo, algo que no ha hecho, incluso después de una sentencia firme del Tribunal Supremo. A día de hoy la Iglesia está diciendo que hay que reponer el buen nombre de un pederasta condenado a dos años por abusos continuados a un menor. Es difícil de entender. 

Una Iglesia que predica valores no puede mantenerse al margen de sus víctimas, porque son sus víctimas, y por supuesto, sus pederastas.

¿Qué espera de esta comisión?

Espero que se depuren responsabilidades y que sirva como un precedente importante para sentar jurisprudencia, que permita a la Fiscalía tomar cartas en el asunto. Y que sea un aliciente para reparar a las víctimas, para reconocerles públicamente y para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse –no solamente en la Iglesia, en todos los ámbitos de la sociedad– porque hablamos de niños, niñas y jóvenes en pleno proceso de formación de sus personalidades y muchos están sujetos a síntomas de culpabilidad. Creo que esto les puede ayudar como terapia, como terapia colectiva. Después de muchos años de ignorancia deliberada y amnesia colectiva, que la sociedad también sea consciente de que esto no es una broma, que le puede pasar a cualquiera.  

¿Cómo se debe reparar a las víctimas cuando judicialmente no es posible? 

El sistema debería reconocer a las víctimas aunque no haya condena, al menos cuando hay un reconocimiento expreso del delincuente, y que así puedan tener acceso a esa condición de víctimas. Creo que es de justicia. En cuanto al delincuente, el victimario, sabemos que hay un registro de pederastas en el Ministerio del Interior cuando hay una condena firme. Igual constitucionalmente es más complicado, pero habría que estudiar la forma, siempre con un cauce jurídico sin flecos, para que formen parte de un registro y no puedan estar en contacto con menores. No estoy contando una ficción, hay ejemplos. Ha ocurrido en los Salesianos de Bilbao y en infinidad de casos donde las víctimas han llegado a denunciar años después, cuando se han dado cuenta de que su pederasta sigue en contacto con miembros de su familia que son menores. 

Hay que encajar ese punto de verdad y justicia. Algo hay que hacer, a pesar de la dificultad que pueda tener a nivel constitucional y jurídico, sobre todo para que aquellas víctimas cuyos casos han prescrito tengan intactos sus derechos como víctimas. Es fundamental y es otra forma de reconocimiento.

La auditoría que ha encargado la Iglesia no tiene credibilidad. Podían haber elegido otro formato más independiente

¿Qué opinión tiene sobre la iniciativa de la Conferencia Episcopal de encargar una “auditoría externa” para investigar los casos de abusos?

No le damos credibilidad. No lo digo como diputado, sino como miembro de Infancia Robada y como padre de una víctima. Creo que podían haber elegido otro formato más independiente, formado por académicos, juristas, psicólogos, pero no como un despacho, sino como miembros individuales. El compromiso, por ejemplo, del plan Repara del Arzobispado de Madrid de monseñor [Carlos] Osoro tiene un carácter mucho más independiente. Creo que está dando más o menos resultado. Podía ser un modelo parecido. 

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