Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltratado, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es que suspenda la orden de devolución de los niños a su padre, que a su vez ha denunciado a la madre por la sustracción de los menores.
La semana pasada el juzgado de primera instancia Nº3 de Granada dictó una providencia en la que ordenaba la entrega de ambos menores a su padre en un punto de encuentro familiar, donde Juana no se presentó y se encuentra actualmente en paradero desconocido.
El recurso presentado por uno de los abogados de la mujer en la sede del Constitucional se fundamenta en el interés superior de los menores, que debe prevalecer y ser protegido sobre cualquier otra norma, y en una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución Española sobre la tutela judicial efectiva.
La sentencia en la que se basa la orden del juzgado ordenaba el pasado 14 de diciembre “la restitución inmediata” de los menores al domicilio del padre en la isla italiana de Caloforte, de donde, según el relato de la mujer de 35 años, huyó con sus dos hijos “de una situación de violencia física y psicológica constante”.
El fallo obviaba que los menores también son víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, tal y como establece la Ley de Protección a la Infancia desde agosto de 2015. El hombre fue condenado en España en 2009 por violencia de género contra Juana y fue denunciado nuevamente.
La defensa confía en que el recurso salga adelante inmediatamente, al igual que ocurrió en 2016 con el caso de Desirée Vicente, a la que la Audiencia Provincial de Madrid obligaba a entregar a su hija de cinco años al padre, un suizo que se encontraba imputado por un delito de violencia machista contra ella.
Tras presentar un recurso de amparo, el Constitucional anuló la entrega de la niña a su padre. “Fue un caso muy semejante al que ahora estamos conociendo. Es el motivo por el que han pedido que interviniéramos en esta causa”, ha dicho su abogado. “Tenemos confianza en el Constitucional, que ya en una ocasión excepcional reaccionó y respondió de una manera excelente con la urgencia que necesitaba en ese caso”.
“Pedimos la suspensión de una medida que entendemos que no es correcta y que crea un daño que puede ser irreparable para los niños”, ha concluido el abogado.
Los dos progenitores están citados el próximo 8 de agosto ante el juzgado número 2 de Granada, tras ser rechazadas las medidas cautelares solicitadas por el padre de los dos niños, entre ellas la detención de la madre.