La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

España escala posiciones en el ranking de países con más derechos para las personas LGTBI, según el índice anual Rainbow Europe. El país asciende desde el puesto número diez hasta el cuatro, impulsado en esta ocasión por la entrada en vigor de la ley trans que reconoce la autodeterminación de género. Pero también por otros avances incluidos en esta norma, como la prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de los menores intersexuales.

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

En concreto, ILGA-Europe apunta que “España introdujo una ley integral que regula el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, prohibió las mutilaciones genitales en menores intersex, las llamadas terapias de reconversión y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales”. Se refiere a la ley trans, pero también a la conocida como ley de igualdad de trato y no discriminación, conocida como 'ley Zerolo'.

La autodeterminación de género, que ha levantado ampollas tanto dentro del movimiento feminista como dentro del propio Gobierno de coalición, es una realidad en doce países europeo. El índice señala que este derecho existe ya en Bélgica, Luxemburgo, Malta, Dinamarca, Noruega, Portugal, Islandia, Irlanda y Suiza y, desde el último año, en España y Finlandia.

“El Ministerio de Igualdad era muy consciente de las situaciones de desigualdad que sufrían las personas LGTBI y de que era imprescindible establecer mecanismos legales para solucionarlas”, reconocen fuentes del departamento que dirige Irene Montero. “Con esta ley se ha obtenido la igualdad de las parejas de mujeres con respecto a las heterosexuales en la filiación de su descendencia; se ha igualado por Ley a las mujeres y personas con capacidad de gestar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida; se han prohibido las terapias de conversión; se han prohibido las cirugías innecesarias en menores intersex; se han despatologizado las realidades trans y se les ha otorgado el derecho a la autodeterminación…”, señalan estas mismas fuentes, que presumen de que España sea “uno de los países que más ha progresado durante el último año”, lo que “llena de Orgullo a este Gobierno”.

No es el primer reconocimiento internacional al trabajo de Igualdad. En febrero, cuando se aprobó la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, un grupo de nueve expertos y expertas de la ONU felicitaron a España por esta norma que, decían, “elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana”.

Entre otros avances en materia de derechos LGTBI que se han producido en Europa en los últimos doce meses, ILGA destaca la aprobación del matrimonio igualitario en Eslovenia y Suiza que, junto a Croacia, permiten ya también la adopción por parte de parejas del mismo sexo. O el caso de Moldavia, que escala 14 posiciones, hasta el número 23, al incluir los delitos por orientación sexual e identidad de género en su código penal y reformar su ley de Igualdad.

El índice Rainbow reconoce un avance en derechos para las personas LGTBI, pero también un aumento en el número y en la violencia de los discursos de odio, que ponen su diana en las personas trans. “El progreso todavía es posible y más importante que nunca”, ha señalado la directora ejecutiva de ILGA-Europe, Evelyne Paradis. “Es evidente el aumento de la retórica anti-LGTBI de fuerzas antidemocráticas” que está “siendo combatido por políticos en Europa que tienen el valor de defender los derechos fundamentales, los derechos humanos y la igualdad para todos los ciudadanos”, ha insistido en un comunicado, en el que ha advertido que “los derechos humanos están amenazados por la extrema derecha”.

“La polarización sobre cuestiones de género en general, sea aborto, derechos trans, LGTBI en general o cualquier avance del feminismo, es una polémica que pareciera que tiene un trasfondo ideológico o moral, pero hace bastante tiempo que los estudios revelan que se trata de polémicas alimentadas. Quizá haya una parte de disenso legítima, pero hay una parte incentivada por ciertos colectivos que tienen detrás una agenda política”, explica la abogada experta en género Laia Serra.

Esta polarización, explica la abogada penalista, puede llegar, y en ocasiones llega, a los peores extremos: “Que determinadas personas con responsabilidad, con autoridad moral y capacidad de altavoz se expresen de determinada manera hace que se legitime el clima de hostilidad, de discriminación y que, incluso, en el último estadio de este recorrido, que tiene como fin deshumanizar a un grupo o colectivo, se acabe traduciendo en actos de violencia”.

Un estudio del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos estima que, entre 2009 y 2018, un grupo de plataformas ultracatólicas llegaron a destinar “al menos” 645,5 millones de euros para influir en las políticas sociales en Europa.

Para la elaboración del índice, la organización LGTBI se fija en 74 parámetros, que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación, la familia, los discursos de odio, el reconocimiento legal del género, el reconocimiento de las personas intersexuales, los espacios en la sociedad civil y las políticas de asilo.

¿Dónde pincha España? Deja en blanco un total de 15 casillas, como el reconocimiento explicito de la orientación sexual o la identidad de género en la Constitución, pero falla especialmente en lo relativo a la protección de la integridad de las personas intersexuales. Aunque la ley trans incluye la prohibición de realizar cirugías a menores de 12 años, en la práctica sin consentimiento, el índice incluye otra serie de medidas no reconocidas. Por ejemplo, el acceso a justicia y reparación para las víctimas, la existencia de mecanismos de seguimiento o la prohibición universal de los procedimientos médicos.