Una mezcla de dejadez por parte de la administración, régimen sancionador débil y estrategias judiciales mantienen en funcionamiento seis minas de grava en el corazón de un parque regional protegido en el sur de la Comunidad de Madrid. La situación es conocida y se prolonga desde hace años (como han constatado grupos como Ecologistas en Acción, Arba o Jarama Vivo) pero esta combinación de factores, según ha podido confirmar eldiario.es, permite que los áridos para la construcción sigan produciéndose. Las explotaciones de Aladueña y Peñalver, Tramsa, Maresa, Ampliación Aricusa, Gravera del Jarama y Tranzones pisan zonas del Parque Regional de Sureste cuya ley de creación y plan de recursos prohíben expresamente. También invaden las franjas de protección de las riberas de los ríos Jarama y Manzanares, de acuerdo con la cartografía.
¿Cómo es posible esta situación? Algunas respuestas pueden deducirse por un informe del Defensor del Pueblo fechado en enero de este año, al que ha tenido acceso eldiario.es. En el escrito se constata “la virtual inefectividad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid [que] no sólo no comprueba los hechos por sí misma, ni insta ninguna reacción salvo comunicarlos con notable demora a la Consejería competente en Minas y sólo para que conteste”. Es decir, el Defensor del Pueblo concluye que, ante posibles incumplimientos por parte de las explotaciones, mira hacia otro lado. El informe remacha: “Se informará a las Cortes Generales”.
Además, el documento subraya que la autoridad que concede las autorizaciones mineras (la Consejería de Economía y Hacienda) también se lava las manos en caso de que las empresas deban hacer restauraciones por incumplir la normativa medioambiental “ni insta ni se interesa por ello aunque se trate de restauraciones por actividad minera”.
Sin autorización
La explotación minera se aprovecha de la actitud poco beligerante por parte de las autoridades. Existen minas que hacen negocio sin tener siquiera autorización oficial. Según los expedientes consultados, empresas como Aridenca, TICOSA o Gravera de Jarama han extraído material sin permiso pero sin que tampoco se les detuviera la actividad. Por ejemplo, la empresa Aridenca S.L. ha mantenido tres explotaciones (Aricusa, Ampliación Aricusa y Ampliación Aricusa II en el término de Ciempozuelos) de las cuales dos no cuentan con autorización de actividad (Aricusa y Ampliación II). Sus solicitudes datan de 1999 y 1997 y la respuesta de no otorgamiento (dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid) no llegó hasta 2005 y 2003 respectivamente. En noviembre de 2002 se constataron extracciones en zonas no autorizadas. Las autoridades también detectaron en junio de 2010 vertidos no autorizados tanto en sus explotaciones sin licencia como en la que sí contaba con permiso. Ese mismo año, pero en agosto, los agentes forestales presentaron una denuncia por extracción en zonas no autorizadas.
Otra minera, TICOSA (en San Martín de la Vega), ha estado operando sin autorización desde que la pidió en 2003. La autoridad minera se la denegó en 2007 (fecha en la que la inspección ya detectó actividad irregular). TICOSA recurrió la negativa. Los tribunales admitieron su reclamación el 31 de octubre de 2010. Esto hizo reiniciarse el procedimiento de autorización que aún está pendiente de resolverse: de 2003 a 2013 la mina opera sin un permiso oficial explícito como atestiguan los expedientes de la Consejería de Economía.
Sanciones leves
Pero es que incumplir sale barato en el parque protegido. Algunas de las empresas implicadas en esta situación conocen la rentabilidad de la actitud oficial. Por ejemplo, Graveras del Jarama extrajo 9.000 metros cúbicos de áridos en zonas prohibidas por lo que recibió una denuncia en 2007 y una multa de 240 euros. Cabe señalar que el precio de la tonelada de árido oscila entre los 8 y los 40 euros según calidades. Cada metro cúbico supera la tonelada de peso por lo que el precio de ese material nunca bajó de 100.000 euros. Además, Graveras del Jarama “ha incumplido la obligación de restituir que se impuso en los expedientes sancionadores”, recoge el escrito el Defensor del Pueblo leído por este diario. Esta mina funcionó una vez terminado su plazo de autorización en 2004: Pasaron dos años desde que solicitó una prolongación de actividad hasta que se le denegó formalmente por parte de la Comunidad de Madrid, tiempo en el que extrajo grava. Después, su recurso prolongó el proceso hasta el 8 de octubre de 2012. Según se deduce de los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo, las extracciones continuaron todo ese tiempo. La sanción más alta que ha podido certificarse para este reportaje asciende a 6.000 euros.
Estrategias judiciales
Las graveras en las zonas más sensibles del parque protegido debieron finalizar sus extracciones en 2004. Así lo recogía el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por decreto en 1999 y que decía que “concluirán su actividad en un plazo no superior a cinco años” desde esa aprobación. Luego remitía a otro reglamento (el Plan de Uso y Gestión: PRUG) para fijar los plazos. Ese texto legal llegó diez años después, en 2009. Y en su punto.3.2.5 recoge que las explotaciones situadas en esas zonas de alto valor aún tendrían seis meses para su desmantelamiento. Durante todos esos años, el sector de los áridos estuvo viviendo un auténtico boom. Desde 1994 –año de creación legal del parque regional- hasta 2006 -cuando registró su máximo histórico de 486 millones de toneladas- el incremento de producción fue de un 143%, según los datos de la Asociación Nacional de Áridos. La crisis de la construcción dejó esa cifra en 173 para 2011. Ese año, Madrid consumió 11,3 millones de toneladas (un 19% menos que en 2010).
Sin embargo, una maniobra judicial por parte de una de las empresas mineras que operan en el parque terminó con la anulación del último reglamento. La entidad Aridos y Premezclados S.A.U. (ARIPRESA) interpuso un recurso contra el PRUG porque a la hora de aprobar este reglamento no se pidió “el informe previsto (…) a emitir por las Administraciones competentes en materia de urbanismo”, es decir, los ayuntamientos comprendidos en el parque (son 16). El Tribunal Supremo atendió a esta petición en septiembre de 2012 y anuló el plan, como si no existiera. De esta manera, una minera consiguió que se extinguiera el último paso legal que terminaba con las explotaciones en áreas muy protegidas aduciendo un defecto de forma que competía a los ayuntamientos.