María Servini, sobre la muerte del fiscal Nisman: “No tengo miedo, es parte del trabajo”
No es un rostro conocido en España, salvo para las más de 100 familias que impulsan la querella contra los crímenes franquistas que la jueza María Servini de Cubría sigue desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires. La magistrada, que ha imputado ya a 19 altos cargos y agentes de seguridad del régimen español, no ha podido evitar en su paso por Madrid las preguntas sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.
El cuerpo de Nisman fue encontrado hace una semana en su domicilio, poco después de que acusara formalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los autores de un atentado con 40 víctimas mortales. Desde entonces, cada nuevo dato de la investigación sobre el sospechoso suicidio del fiscal alimenta teorías conspiratorias contra el Gobierno y otras deslizadas por la propia mandataria.
“Claro que esto afecta a la credibilidad de la Justicia argentina”, reconoce con preocupación Servini, que lleva más de 25 años de carrera judicial. “Afecta a una imagen que ya estaba tocada por otros episodios que se han ido sucediendo”, ha asegurado, cautelosa. No es un tema fácil sobre el que pronunciarse, porque las pesquisas sobre la muerte de Nisman están en una etapa muy inicial. “Yo no puedo saber si ha sido un suicidio o un asesinato. Lo que sé por experiencia es que va a ser largo. Hay mucho que hacer. Muchas pruebas que recoger y que seguir”, ha zanjado.
“Este es un golpe muy fuerte para nosotros. Estamos shockeados. Conocía mucho a Neisman y le tenía mucho aprecio”, ha explicado en un encuentro con periodistas después de recibir el premio Abogados de Atocha como reconocimiento a su labor en la persecución de crímenes franquistas.
Servini, que se ha encargado de polémicas causas en los 90 que involucraban a la familia del expresidente Menem –y que le han valido más de una solicitud de juicio político– ha respondido con evasivas a la polémica abierta en este momento en Argentina sobre las presiones –o directamente la injerencia– del poder político en la justicia de ese país: “Yo no he recibido presiones. Pero puede que otros sí. No lo sé. Y mis compañeros no dicen nada sobre esto”. Pero ha sostenido que estas circunstancias no afectan a su labor como juez. “No tengo miedo. A mí me ha tocado detener a Massera [Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1979] y a varios militares que en su momento eran muy importantes. No he tenido miedo. Uno se acostumbra. Es el trabajo”.
Un trabajo que, independientemente de los acontecimientos con visos de novela negra que conmocionan a su país, pueden traerla dentro de poco a España con el objetivo de tomar declaración testimonial no sólo a querellantes y familiares de víctimas, sino también a algunos acusados. Por ejemplo al exministro Rodolfo Martín Villa, que ya ha hecho pública su intención de hablar ante la jueza. “Todo depende de los Gobiernos español y del argentino, de que se me autorice a viajar como ya he hecho alguna vez en causas como por ejemplo la que investigaba la muerte del general Prat en Chile”, ha detallado Servini.
“España no ha ayudado”
En la querella impulsada por CeAQUA hay un total de 19 acusados, entre ellos el exministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979 Rodolfo Martín Villa, y el ex ministro José Utrera Molina, suegro del anterior ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón.
España no se lo ha puesto fácil a Argentina para avanzar en esta causa que se basa en el concepto de justicia universal, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Ha rechazado las extradiciones pedidas por la magistrada e incluso ha puesto trabas a la búsqueda de los acusados por Interpol. “Mucha gracia no les hace esta causa”, ha resumido Servini con media sonrisa. “Nos han retrasado, pero al final y de a poco nos han ido pasando la información”. Sin embargo, no se ha mostrado sorprendida por las declaraciones del ministro Rafael Catalá de que no accedería a los exhortos argentinos de detención de los imputados. “Nunca han colaborado mucho”.
Pero la jueza no cree que la investigación que encabeza vaya a caer en saco roto. “Yo creo que a la larga serán los jueces españoles los que investiguen. Hay muchos con ganas de hacerlo. Pero ahora quizá no es el momento idóneo. Hay que tener paciencia”. ¿Un cambio de gobierno podría propiciar la apertura de causas contra crímenes franquistas? “No voy a meterme en política porque no me corresponde. Pero claramente es una decisión política. En Argentina los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Néstor y Cristina Kirchner decidieron impulsar la memoria y la investigación de estos casos. Y se acabó declarando inconstitucional la ley de amnistía y condenando a los culpables”.
