La oferta de Mariano Rajoy contra el cambio climático descarta hacer pagar a los contaminadores
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado sus cartas medioambientales este lunes en París durante la jornada inaugural de la Cumbre del Cambio Climático (COP21): “De ningún modo” piensa introducir impuestos medioambientales. Para él España está en el buen camino para cumplir con el Protocolo de Kioto, a pesar del toque de atención que le ha dado la Comisión Europea por prever que se quedará corta. Una idea que camina alejada del consenso que han mostrado este lunes un grupo de jefes de Estado y Gobierno que han considerado crucial “ponerle precio al carbono” para reforzar la reducción de emisiones.
Esta política trata de “unir el coste de lanzar dióxido de carbono a quien lo emite”. El CO, además de actuar directamente sobre el calentamiento global, influye en el empobrecimiento de las cosechas y la salud de los ciudadanos de lugares muy alejados de la fuente de emisión. Una iniciativa empujada por el nada sospechoso Banco Mundial (BM) y que no convence a grupos como Ecologistas en Acción por entender que “se mercantiliza la protección del medio ambiente” ya que la idea que se lanza es “reduce emisiones o sigue contaminando y paga por ello”. “¿Y si están dispuestos a pagar?”, se preguntan en la ONG.
Por lo tanto no se trata de una propuesta extrema y ha contado con el soporte presencial del presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel. “Es el momento de ponerle un precio justo al carbono por el daño que produce”, ha dicho al presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim.
El propio presidente de EE UU, Barack Obama, ha señalado que este es un punto importante en su discurso inaugural en la COP21. Su anfitrión, Hollande, ha subrayado la relevancia de ponerle un precio único al carbono que se lanza, “es el trabajo de los gobiernos hallar un mecanismo para esto”, ha dicho.
No es la idea de Mariano Rajoy que ha descartado “impuestos verdes”. Según ha contado el jefe del Ejecutivo, lo que planea hacer es una ley que ““racionalice el conjunto de normas en materia fiscal y ambiental” que existen en las autonomías y en la Administración estatal”. En todo caso sería para la próxima legislatura y bajo la premisa de que “haya crecimiento económico, que luchemos eficazmente contra el cambio climático, y que creemos empleo, que es el gran objetivo nacional””.
Sin comprar derechos de emisiones
Los impuestos sobre el carbono no son una extravagancia como palanca para tratar de “hacer pagar a quien contamine los efectos que produce a terceros”, como lo define el Banco Mundial. En Europa, Portugal, Eslovenia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Estonia, Polonia, Dinamarca y la propia Francia están desarrollando un doble mecanismo que una al tradicional mercado de emisiones la tarificación sobre las emisiones, según un informe del BM.
La Unión Europea es la región más avanzada en este sentido pero incluso China está sopesando incluir alguno de estos mecanismos. México por su parte, tiene ya en funcionamiento ambos sistemas: mercado de emisiones y tasas. De ahí que su presidente, Enrique Peña Nieto haya sucedido a Hollande al ponderar la validez, a su juicio, de estas medidas.
Sin embargo, el presidente Rajoy no se ha sentido muy apelado por estas iniciativas. Además de descartar impuestos que desincentiven el uso de energías basadas en los combustibles fósiles, ha analizado que España está en el buen camino para cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto “lo que sucederá sin comprar derechos de emisiones [ETS]”, ha dicho.
Lo cierto es que no es lo que considera la Comisión Europea. En su revisión sobre la marcha de esos compromisos, la CE colocó ha España “un 10% por debajo” de sus obligaciones en cuanto a reducción de emisiones en los sectores económicos que no pueden, por ley, comprar emisiones a otros países. Está lastrando el “esfuerzo compartido” que debe hacer la Unión Europea para cumplir con Kioto.
El Observatorio del Mercado de Carbono, en su análisis de mayo de 2014 decía que España “no solo necesita implementar nuevas medidas adicionales a las anunciadas en sus planes sino que también necesitará políticas más ambiciosas o comprar de emisiones”. Y achacaba este retraso a que “parece que no se ha gastado el suficiente capital político como para poner en marcha un plan de mitigación de emisiones para cumplir con su parte del esfuerzo”.
