Los delitos de pederastia tardarán cinco años más en prescribir tras una enmienda a la Ley de Infancia que se vota este jueves

La prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad se alargará todavía más que lo que contempla la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y que se vota mañana en el Congreso, de prosperar una transaccional que a priori tiene los apoyos necesarios para salir adelante. La mayoría de los grupos han pactado una enmienda transaccional en la que proponen elevar el tiempo que tendrán las víctimas para denunciar a los agresores y este empiece a contar cuando tengan 35 años, y no 30 como contempla la norma. PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Más País y BNG han rubricado la enmienda, según ha podido saber elDiario.es, y ERC, cuyos diputados están confinados por un positivo en el grupo, la apoyará en la votación del pleno, según confirman fuentes de la formación. Con la suma de todos los votos, la propuesta saldría adelante por mayoría absoluta.

El tiempo de prescripción de los delitos sexuales y otros graves como tentativa de homicidio o maltrato habitual contra niños, niñas y adolescentes es uno de los pilares de la parte penal de la norma, y ha estado en discusión hasta el último momento. Actualmente el plazo para denunciar arranca cuando tienen 18 años, pero el dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Sociales la pasada semana lo ampliaba para que empezara a contar desde los 30. Así se contemplaba en el anteproyecto original aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales el pasado verano.

Sin embargo, varios partidos, entre ellos Ciudadanos, Bildu o el PP, que no ha firmado la transaccional, habían presentado enmiendas en este sentido, en concreto para que el tiempo se ampliara hasta los 40 años. Pero la cámara no dio luz verde a las propuestas. Algunas organizaciones, como la Plataforma de Infancia, también han reclamado este mismo cambio; otras no lo consideraban imprescindible.

Ahora los partidos han llegado a un término medio: ni 30 ni 40 años, 35. Esto implica que el plazo para que la prescripción empiece a contar cuando las víctimas cumplan esa edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, ahora como máximo una víctima puede denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena. Con el cambio que se pretende materializar, a la espera de la votación definitiva en el Congreso, tendrían hasta los 50.

El motivo de esta ampliación es que la regulación actual ejerce en la práctica de barrera porque muchas personas, cuando están preparadas para denunciar, ya no pueden hacerlo. Es común que las víctimas necesiten largos periodos de tiempo para romper el silencio, explican colectivos y especialistas, debido a las características específicas de este tipo de violencia: ocurre a una corta edad, las técnicas de manipulación del agresor o el hecho de que suele ser una persona de su entorno.

La Ley de Infancia llega al pleno una semana después de que la Comisión de Derechos Sociales respaldara el dictamen, y aún tiene que pasar por el Senado. Todos los grupos destacaron entonces el trabajo realizado en la ponencia y los sustanciales cambios incluidos, por ejemplo, la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un inexistente síndrome usado en ocasiones en procesos civiles para arrebatar custodias a madres que muchas veces han denunciado violencia de género o abusos. O impedir que se desestime la denuncia de un menor acreditando que no tiene suficiente madurez.

Pero también ha habido discrepancias. Y de hecho la norma aterriza en el Pleno con algunas fricciones abiertas: más allá de la prescripción, Unidas Podemos mantiene viva una enmienda para impedir desahucios de familias con menores, que el PSOE supedita a la futura Ley de Vivienda, y Bildu quiere que se prohiban los desnudos como procedimiento para determinar la edad de los niños y niñas migrantes que llegan a España.

Otro de los puntos que han generado más polémica es el hecho de que se otorgue la condición de autoridad a los trabajadores de los Servicios Sociales. Algo que para la Plataforma de Infancia “puede quebrar la relación de confianza que debe existir con las familias y aumentar la asimetría existente actualmente”. Ciudadanos considera que este artículo habría necesitado más debate, mientras que Bildu tiene viva una enmienda para eliminarlo, que se votará también en el Pleno de este jueves.