El ministro Catalá otorgó a Carmen Martínez-Bordiú el ducado de Franco el día de la moción de censura
El 31 de mayo se debatía en el Congreso de los Diputados una moción de censura histórica, la primera de España que iba a dar como resultado un cambio de presidente de Gobierno. Aquel jueves, primera sesión de debate, estaba en la bancada de ministros el titular de Justicia, Rafael Catalá. Pero ese día también hizo otra tarea. Firmó el procedimiento que permite heredar a Carmen Martínez-Bordiú el Ducado de Franco tras la muerte de su madre en diciembre de 2017, según publica este viernes Vanitatis, que añade que el nombramiento ha sido enviado al BOE aunque aún no se ha publicado.
Carmen Martínez-Bordiú , que se convertirá a partir del que se publique oficialmente en duquesa de Franco, lo había solicitado en marzo de este año y se había iniciado el procedimiento, pero fue in extremis, a punto de ganar Pedro Sánchez la moción de censura, cuando Rafael Catalá puso fin al proceso de sucesión de un título que, por su nombre, incumple la Ley de Memoria Histórica, ya que homenajea al dictador. Esta ha sido una de las últimas medidas el ministro del PP en su cargo.
Desde que la nieta de Franco pidió heredarlo, numerosas asociaciones memorialistas se posicionaron en contra. De hecho, el propio PSOE solicitó el 6 de abril al ministerio de Catalá que instara al monarca Felipe VI a anular del título nobiliario, ya que es competencia del rey lo referente a ducados, marquesados y demás distinciones. “No es solo anacrónico sino que nos conecta con el franquismo –explicaba en abril el responsable de Justicia y nuevos derechos del PSOE, Andrés Perelló– Su majestad tiene que pensar si desconecta o sigue conectado con vestigios del pasado”.
También Izquierda Unida ha pedido por carta al monarca que anule el ducado. Además de registrar un escrito al ministerio de Catalá en abril, escribieron una carta personal a Felipe VI: “Como ya le trasladé en su momento, considero que la existencia y sucesión del Ducado de Franco es contrario a la legalidad vigente…”, decía el escrito.
Como hecho ya consolidado, aunque no se ha publicado aún en el BOE, los socialistas tendrán que convencer al rey porque es el único que, una vez entregado, podría cancelarlo.
