La mujer obligada por una resolución judicial a ingresar en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a las 42 semanas de embarazo para dar a luz a finales de abril ha recurrido ante los tribunales tanto la decisión del juzgado que dio la orden como la actuación del centro hospitalario. Su abogada ha presentado dos recursos: uno ante el juzgado de instrucción número 1 de Oviedo para reclamar la nulidad del auto judicial que ordenó el ingreso y otro ante lo contencioso administrativo contra la forma en la que el HUCA procedió, no solo por acudir al juzgado para solicitar el ingreso forzoso de la mujer sino también por la gestión del parto una vez que ella ya se encontraba en el centro.
Los dos recursos recogen una relación detallada de los hechos y se sustentan en varias normas nacionales e internacionales. La representación legal de la mujer subraya que las decisiones médicas y judiciales que se tomaron vulneraron su “dignidad, libertad, integridad física y moral e intimidad personal y familiar” recogidas en varios artículos de la Constitución, así como la Ley de Autonomía del Paciente y varios artículos de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW).
En sus escritos, las letradas destacan que el embarazo era “controlado y normal”, como también lo fue el control del bienestar fetal al que la mujer se sometió el día antes de que la Policía se presentara en su casa para cumplir una orden judicial que la obligaba a ingresar en un hospital. La mujer sobrepasaba en ese momento las 42 semanas de gestación y le había sido recomendada una inducción del parto que su pareja y ella decidieron meditar. Durante ese día, sin embargo, se le desencadenaron las primeras contracciones. El Hospital acudió al juzgado con un informe médico que aseguraba que si el parto se realizaba en casa existía “riesgo de hipoxia fetal y muerta fetal intrauterina”
El recurso ante el juzgado de instrucción busca la nulidad del auto que ordenó su ingreso. “Se trata de defender la dignidad de la persona y evitar que esto suceda a otras mujeres. Eliminar de ordenamiento jurídico una resolución que puede perjudicar a las mujeres. La jueza tomó la decisión sin escuchar a la mujer y sin que ésta tuviera asistencia letrada. Solo porque un médico haga un informe no puedes privar a una persona de esos derechos, eso es indefensión”, dice la abogada Francisca Fernández. El juzgado ha desestimado el caso, y la letrada ya ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial. “Agotaremos todas las instancias: Supremo, Constitucional, Tribunal Europeo de Derecho Humanos, la ONU”, subraya.
En el escrito señalan que, desde que la mujer ingresó en el hospital llevada por la policía, pasaron 30 horas hasta que le practicaron una cesárea, lo que, asegura, demuestra que no existía ni riesgo real ni prisa, sino solo un “riesgo abstracto” que hizo que se tomara una decisión precipitada que vulneró los derechos de la embarazada.
Por eso, el otro recurso, interpuesto ante lo contencioso administrativo, busca cuestionar la actividad del hospital “en sentido amplio”. “Es todo lo que se hizo, no solo impedir que una persona tomase decisiones, también luego cómo gestionaron su ingreso. Se extralimitaron incluso respecto al auto judicial, hicieron lo que quisieron y utilizaron prácticas innecesarias”, afirma Fernández, que explica que el recurso busca conseguir “que este tipo de actuaciones sean rechazadas por el sistema judicial”. Su recurso ha sido admitido y el juzgado ha obligado al hospital a entregar a la mujer su expediente médico completo. La abogada, sin embargo, asegura que faltan las gráficas de monitorización fetal o el plan de parto que ella había presentado: “Han querido presentar a una familia que lo único que quería era parir en casa cuando no es así. Había presentado un plan de parto en el que contemplaban todas las opciones, también la cesárea”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el hospital, que ha declinado hacer comentarios.
Cronología de los hechos
Las denuncias detallan cómo sucedieron los hechos. Según el texto, la mujer acudió “tras un embarazo controlado y normal” al HUCA a un control del bienestar fetal “que resultó también normal”. “El embarazo había sido controlado en ese mismo hospital y por comadrona privada y era de curso normal”, indican. Al haber sobrepasado las 42 semanas de gestación, el hospital les propuso inducir el parto. “Tras recibir esta indicación, en torno a las 14:30 salieron un instante al exterior del recinto para ponderar lo que se les acababa de comunicar y volvieron a entrar a las 15:00 para hablar con los médicos sobre las opciones que existían. Para entonces la dependencia en la que habían sido atendidos estaba cerrada, por lo que optaron por volver a su domicilio”, prosiguen
Las mujer ya tenía contracciones, que continuaron durante esa tarde y noche. A las siete de la mañana avisaron a su matrona privada, “que comprobó el bienestar fetal y que el parto se había desencadenado de forma espontánea”. A las cuatro de la tarde, la Policía Local se presentó en su casa con la orden judicial para trasladara al hospital. “En el momento de presentarse la Policía, tenía contracciones de parto, siendo muy penoso para ella ser trasladada, de forma coactiva y en un momento así. Trasladada al Hospital de esta forma, permaneció en Urgencias por una hora sin que se realizara ninguna actuación por parte del Hospital, comprobándose posteriormente el bienestar fetal mediante la técnica de Doppler y siendo trasladada a planta. A las 23 de la noche se hace una monitorización fetal de 1 hora con resultado de bienestar fetal, y la gestante es trasladada de nuevo a la habitación para pasar la noche”, prosiguen.
Entre las diez y las once de la mañana siguiente, el Jefe del servicio de partos, el responsable de asuntos jurídicos del hospital y otras dos personas se presentaron en su habitación para comunicarle que tenían una orden judicial que les permitía inducirle el parto, aunque no fue necesario porque ya se había desencadenado. A partir de ahí, sigue el relato de los hechos. En un momento dado, asegura, uno de los médicos “reprocha a la familia por 'lo que ocurre fuera' (entendemos que al interés mediático y social suscitado por el caso) y se queja de que por su culpa 'tiene que hacer informes cada hora para la Ministra'”.
El anestesista tuvo que retirar la epidural a la mujer debido a los síntomas que sintió y ella pidió ayuda para soportar el dolor. El médico le recetó morfina, algo que el recurso judicial cuestiona. “La morfina produce somnolencia entre contracciones y sensación de náusea, pero no mitiga el dolor, por lo que la mujer suplica ayuda. Esta súplica no es atendida y el anestesista tarda una hora en venir. Una vez acude el anestesista, le ofrecen una cesárea y anestesia general, que acepta por imposibilidad de soportar la situación y porque además le habían advertido de que lo que ella dijese era indiferente”, relatan.
“Los hechos que acabamos de relatar hablan por sí mismos respecto a que lo afirmado en la denuncia del Hospital sobre la existencia de un peligro inminente y vital para la vida fetal, sufrimiento fetal e hipoxia, no se ajustaba a la realidad. Con esas actuaciones se ha infligido a la señora R. un trato humillante y vejatorio, se la ha expuesto a un sufrimiento físico y psíquico totalmente innecesario, se ha perjudicado su salud y la de su bebé. Se ha vulnerado así mismo la intimidad personal y familiar y se ha producido un daño moral a la madre, el padre y el bebé. Todo ello sin que hayan cometido ningún delito, sin oírles y sin oportunidad de defenderse y contar con asistencia letrada”, concluye el recurso, que insiste en que el comportamiento de la familia estuvo orientado en todo momento “a preservar la salud y el bienestar de su futura hija y tenían plena capacidad para tomar decisiones de forma informada y responsable”.