Madrid, 21 jul (EFE).- Oxfam Intermón estima que una de cada tres de las personas en riesgo de pobreza tras la covid será inmigrante, ya que el porcentaje de desempleo para el colectivo migrante superará en diez puntos al del resto de la población en 2020.
Son datos del informe publicado por Oxfam Intermón este martes “Que lo esencial no sea invisible”, en el que pide una regularización extraordinaria y cambios legales para que las personas migrantes no queden excluidas de la recuperación.
Además, reclama garantías de acceso a trabajo digno y al ingreso mínimo vital para las personas migrantes en nuestro país.
Si en 2018 la tasa de desempleo entre las personas migrantes era seis puntos superior a la del resto de la población, en 2020, según estimaciones de Oxfam Intermón, esa tasa llegará al 27,7 %, diez puntos por encima de la de la población española.
La ONG recuerda que, según sus cálculos, la probabilidad de perder el empleo para la población migrante es de un 145 % respecto a la de nacionalidad española, y que el impacto de la Covid-19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
“Muchas personas migrantes ocupan empleos de los considerados esenciales”, denuncia Eva Garzón, responsable de migraciones de Oxfam Intermón, “y han estado en primera línea en la respuesta a la pandemia. Han sido claves en los peores momentos y lo serán también en la recuperación, por su aportación a la seguridad social (muy por encima de su participación en beneficios sociales) y por su peso en sectores importantes en la economía como la construcción, la hostelería, la agricultura o el empleo de cuidados”.
Oxfam argumenta que la aportación del colectivo de personas migrantes a la afiliación a la Seguridad Social (que representaba un 10% en 2017) es notablemente superior a su participación de beneficios sociales como las pensiones contributivas (apenas representan el 1,5 % del total de beneficiarios) y no contributivas (el 4,5 % del total).
Un ejemplo de esa aportación esencial para que la cadena de distribución de alimentos funcionara es el caso de Mustafá, que trabajó en Huelva durante la etapa más dura de la Covid-19.
“Durante la pandemia éramos sobre todo los migrantes los que estábamos en el campo”, explica a Oxfam Intermón. “Durante el tiempo que estuve en Huelva dormía en una chabola, no puedo decir que fuera un trabajo, es lo que comes: todo lo que ganas lo gastas, trabajas para no morir. Tampoco es estable: quieren que trabajes, pero no te van a dar un contrato”.
Las personas migrantes están sobrerrepresentadas en sistemas especiales de la Seguridad Social, como el del hogar o el agrario. Las trabajadoras del hogar son el único colectivo sin derecho a la prestación por desempleo, y el 60% de ellas son mujeres migrantes.
Por eso “es urgente”, dice Garzón, “que el gobierno firme el Convenio 189 de la OIT para que se reconozcan los derechos laborales de las empleadas de hogar, así como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”.
En cuanto a la regularización, Oxfam Intermón pide al Gobierno un proceso de regularización administrativa que abra el acceso al permiso de trabajo y residencia por razones extraordinarias de las personas migrantes que viven en territorio español, usando un mecanismo previsto en el actual Reglamento de Extranjería.
La organización pide también una revisión de la Ley de Extranjería vigente para adaptarla a las necesidades de las personas migrantes y de la sociedad española.
Entre otras medidas, Oxfam Intermón reclama también que el decreto que regula el Ingreso Mínimo Vital debe de incluir también a colectivos vulnerables excluidos ahora, como las personas solicitantes de asilo y las familias migrantes con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
En un informe anterior, Oxfam estimó que el número de personas pobres en España podría aumentar en más de 700.000, hasta alcanzar los 10,8 millones de personas, tras la situación generada por la covid-19.