Cuando Franco volvía a su casa en coche oficial, una verja coronada por el escudo del águila y un par de farolas con la insignia franquista ancladas a ambos lados de la puerta le daban la bienvenida. El afán del dictador por dejar su impronta hizo que los símbolos del régimen fueran instalados en cualquier mínimo espacio. Escudos y cruces poblaron la España de las sentencias de muerte, firmadas muchas de ellas por el general desde su despacho del palacio de El Pardo, en Madrid, que una vez acabada la Guerra Civil eligió como residencia oficial y familiar hasta su muerte.
Allí estuvieron los escudos de la entrada hasta hace aproximadamente una semana, cuando Patrimonio Nacional, del que depende el complejo, decidió retirarlos tras la denuncia interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Así lo han confirmado fuentes del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que lo ha hecho en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a retirar vestigios de exaltación de la dictadura del espacio público.
Los símbolos retirados no han sido sustituidos por ningún otro y no hay nada en el hueco que ocupaban, según ha podido comprobar elDiario.es. Pero además de la verja y las farolas ancladas a ambos lados, hay otras diez farolas de pie que rodean la rotonda situada frente a la puerta. Estas formaron parte de la denuncia de la ARMH porque también cuentan con dos pequeños escudos franquistas cada una que no han sido retirados. Sin embargo, no son propiedad de Patrimonio Nacional, sino del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, una de las diez farolas tiene, en vez de insignias del águila, sendos escudos de la ciudad.
“Lo que hemos eliminado es todo lo que corresponde a nuestro espacio”, afirman fuentes de Patrimonio Nacional. Por su parte, el consistorio dirigido por el popular José Luis Martínez Almeida no ha respondido de momento a las preguntas de este medio.
La retirada se produjo “hace aproximadamente una semana”, asegura uno de los trabajadores de seguridad que custodian el acceso al palacio y organizan la entrada de los pocos turistas que una mañana de jueves acuden a visitarlo. “Vino una empresa, los quitó y se los llevó en furgoneta”, añade el hombre, que no había reparado hasta ahora en su pervivencia. Y es que la puerta en la que estaban ya no es la utilizada habitualmente para entrar al edificio, que utiliza una verja lateral como acceso.
Hace un mes la ARMH decidió denunciar a Patrimonio Nacional ante la Fiscalía por la pervivencia de los símbolos casi 49 años después de la muerte del dictador. Acusaba al organismo de “incumplimiento” de la ley. “Parece un homenaje consciente al dictador, el responsable del golpe de Estado de julio de 1936”, le afeaba la asociación, que ponía el foco en cómo el palacio se convirtió en el centro de las decisiones políticas durante el régimen.
Este mismo miércoles, la Fiscalía Provincial de Madrid archivaba la denuncia y rechazaba que Patrimonio fuera responsable de un delito de prevaricación o delito de odio, pero sí apuntaba a que “a primera vista” se trata de vestigios contrarios a la ley y recordaba a las administraciones públicas su obligación de eliminarlos.
“Incompatible con la democracia”
La decisión de retirarlos no ha pasado desapercibida entre los trabajadores, pero apenas lo ven trascendente y algunos incluso lo consideran innecesario. “La historia es la historia y no se puede borrar. Aquí los españoles se mataron unos a otros como hermanos y eso no se puede volver a repetir”, dice uno. Otra empleada de seguridad cree que los escudos “no hacían daño a nadie” y apunta a que “lo importante” es “que todo esto se enseñe en las escuelas”.
Emilio Silva, presidente de la ARMH, celebra “que se cumpla la ley”, que prohíbe que en el espacio público haya “menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva” del golpe de Estado, la dictadura o sus dirigentes debido a la “incompatibilidad de la democracia” con seguir manteniendo símbolos de la sublevación militar. Aún así, Silva lamenta que “se haya tenido que llegar a este extremo para retirar un escudo franquista que lleva ilegalmente allí desde el 27 de diciembre de 2007 –año de aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica–” y asegura que presentará un escrito de reclamación ante el Ayuntamiento de Madrid para pedir la retirada de la simbología de las farolas.
Fuera del edificio, que acoge decenas de salas y habitaciones con un abultado patrimonio artístico, se extienden los imponentes jardines, en los que no hay nadie más que un jardinero que arregla el césped y un grupo de tres mujeres que pasean tras visitar el palacio. El edificio, construido en el siglo XVI como pabellón de caza de los Austrias y posteriormente usado como residencia real, está abierto al público y puede visitarse de martes a domingo por 9,77 euros. Actualmente y desde 1983, el complejo es la residencia de jefes de estado extranjeros de visita en España.
“Deberían quitarlos todos. Me parece muy bien. Mantener estos símbolos tanto tiempo después no tiene sentido”, dice una de las mujeres sobre la retirada de los escudos del águila, mientras sus dos hermanas asienten. La visita les ha parecido “bien”, pero no les ha apasionado: “Es más artística que otra cosa, sobre todo tapices. De historia sobre la dictadura te explican que fue la residencia del dictador y por encima que trabajaba aquí y se reunía con los ministros, pero no mucho más. Que si en esta habitación su mujer hacía no sé qué... que si cuando llegó aquí Franco puso calefacción...”.