Pedro Sánchez presenta a los 22 científicos que asesorarán a los ministerios en la toma de decisiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con los 22 “asesores científicos” seleccionados para incorporarse en cada uno de los ministerios. Su nombramiento forma parte del plan anunciado tras la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y tiene como objetivo que “la voz de la ciencia” sea escuchada al máximo nivel en el Ejecutivo y se convierta en “un pilar más en la toma de decisiones públicas”. 

En la lista de asesores, que se ha hecho pública este martes, hay 12 mujeres y 10 hombres procedentes del mundo de la investigación, con una edad media de 47 años y con experiencia previa en asesoramiento de administraciones públicas. Sus perfiles han sido elegidos entre las 1.601 solicitudes recibidas por la ONAC y tienen una sólida trayectoria académica, habilidades para el asesoramiento científico y un perfil adecuado a las necesidades específicas de cada ministerio. 

Las candidaturas han sido valoradas por el Grupo de Trabajo para el Asesoramiento Científico al Gobierno (en el que participan instituciones como COSCE, CRUE, FACME, el Instituto de España y SOMMa) y por un centenar de expertos independientes. Los nuevos asesores tendrán dedicación completa y se incorporarán como funcionarios de nivel 30, incluidos en el grupo A1, el más alto de la administración. 

En términos profesionales, la mayoría son catedráticos de universidad (5) y profesores o científicos titulares de organismos públicos de investigación o equivalentes (8), aunque también hay asesores científicos en la Comisión Europea y otros organismos nacionales. Como ejemplo, Isabelle Claude Hupont Torres, oficial científica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), se incorpora como asesora al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Andrés Cabrera León, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), se incorpora como asesor científico en el Ministerio de Sanidad.

“Conectores honestos”

Según fuentes de la ONAC, no se trata de “sabios que susurrarán al oído del ministro”, sino de “conectores honestos” que conocen el sistema científico y pueden ayudar a reunir la evidencia disponible en las materias que se traten en el gabinete para que los políticos lo tengan en cuenta. El proceso será paulatino para facilitar un “aterrizaje suave”, según estas fuentes, que permita conectar dos mundos muy distintos como el de la política y la ciencia.

El objetivo, insisten desde la ONAC, es abonar el terreno para asentar una cultura de la política pública informada por la evidencia científica y ayudar, en su momento, a identificar las necesidades de actualización de leyes obsoletas o no actualizadas científicamente. Siguiendo el modelo establecido en otros países, se intentará generar un clima de confianza en el que los responsables de la administración “no tengan miedo a hacer preguntas tontas” al asesor científico y que este “no sea expulsado por los anticuerpos de la administración, sino que lo vean como un recurso útil”.

El objetivo, insisten desde la ONAC, es abonar el terreno para asentar una cultura de la política pública informada por la evidencia científica

El plan, que sigue el camino emprendido antes por países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, y Nueva Zelanda, cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros y también prevé, a través de una convocatoria de la FECYT, la creación de equipos de investigadores visitantes en los ministerios que ayudarán a buscar soluciones a retos específicos en estancias de entre seis y ocho meses. Asimismo, se trabaja en la creación de una unidad de asesoramiento científico con sede en el CSIC, con diez profesionales que se encargarán de conectar las preguntas de las administraciones públicas con las respuestas de la comunidad académica.

Ataque anticiencia

Esta decisión llega en medio de una ofensiva de la derecha y la extrema derecha hacia la ciencia, a las pocas horas de que el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja haya defendido el creacionismo frente a la teoría de la evolución en el Senado. Pero, sobre todo, semanas después de que el PP pusiera en duda la información de los técnicos de AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la DANA de Valencia que dejó 222 muertos, un ataque a los técnicos que se mueve en el sentido contrario al de este plan. 

Aunque la ONAC se creó con vocación de continuidad mediante Real Decreto, sus responsables reconocen que el proceso solo garantiza que el ministro se encuentre un informe con evidencias científicas encima de la mesa que su gabinete puede seguir o no, por lo que en gobiernos posteriores podría ser una mera figura decorativa o se podría revertir la existencia de la propia ONAC mediante la derogación de la medida.

La lista completa de asesores

  • Maite Alguacil Marí, catedrática de Economía en la Universitat Jaume I — Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • Olga Blasco Blasco, es profesora titular de la Universitat de València en el Departamento de Economía Aplicada — Ministerio de Cultura. 
  • Andrés Cabrera León, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) — Ministerio de Sanidad. 
  • Alejandra Cortés Pascual, catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de Zaragoza — Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. 
  • David García León, oficial científico en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
  • Mónica García Melón, catedrática de Proyectos de Ingeniería en la Universitat Politècnica de València — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
  • Águeda Gómez Suárez, profesora titular de Sociología de la Universidad de Vigo — Ministerio de Igualdad. 
  • Elena González Toril, científica titular del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) —Ministerio de Defensa. 
  • Manuel Herrera Usagre, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla — Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
  • Isabelle Claude Hupont Torres, oficial científica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC). — Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
  • Laureano Jiménez Esteller, catedrático del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Rovira i Virgili —Ministerio de Industria y Turismo. 
  • Irene Lebrusán Murillo, profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. — Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 
  • Álvaro Martín Hernández, sociólogo de la Administración General del Estado.— Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. 
  • Belén Martín Ramos, profesora titular del Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid — Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
  • Lucía del Moral Espín, profesora titular en la Universidad de Cádiz— Ministerio de Juventud e Infancia.
  • Manuel Moyano Pacheco, profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba — Ministerio del Interior.
  • Gustavo Nombela Merchán, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid.— Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. 
  • Rüdiger Ortiz Álvarez, técnico superior de evidencia científica para el Congreso de los Diputados a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología (Oficina C) — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
  • Margarita Aparecida Robles Carrillo, catedrática en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Granada — Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. 
  • José Manuel Robles Morales, profesor titular de Sociología en el Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid — Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 
  • Irene Rovira Ferrer, es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Abierta de Cataluña — Ministerio de Hacienda. 
  • Miguel Ángel Simón Gómez, profesor en los grados de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid — Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.