Madrid sabía de la debilidad de su red de residencias antes de la epidemia: multó a más de 160 por falta de personal o de atención sanitaria

La Comunidad de Madrid tenía localizadas antes de la irrupción de la COVID-19 las debilidades de la red de residencias concertadas y privadas que hay en la región. Los recursos sociosanitarios han sido uno de los epicentros de la pandemia, con reiteradas quejas de familiares de residentes y trabajadores sobre las condiciones precarias en las que se encontraban sus profesionales y sus internos. Hasta que irrumpiese el coronavirus en los centros de mayores, el Gobierno regional tenía identificadas más de 160 residencias que en los últimos cinco años no habían cumplido con alguno o varios de los requisitos impuestos por la Comunidad para su funcionamiento. Contra estos dispositivos asistenciales han emitido 292 amonestaciones, gracias a las que han recaudado 3,8 millones de euros entre 2015 y 2020.

El listado de sanciones al que ha tenido acceso eldiario.es está plagado de penalizaciones a centros concertados y privados por tener “personal insuficiente”. De las 140 amonestaciones impuestas por vulneración los pliegos de condiciones de los contratos, 118, el 84% de ellas, se deben a ese motivo.

Entre las sanciones decretadas por parte de la inspección de la Consejería de Políticas Sociales también hay 98 amonestaciones por “incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia” y 56 por “no tener el expediente asistencial de cada usuario o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizados”.

La actividad de las residencias se ha supervisado desde la Consejería de Políticas Sociales, hasta que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decidió quitarle las competencias durante la pandemia a este departamento –actualmente en manos de su socio de Gobierno, Ciudadanos– y cedérselas a Sanidad (PP). La gestión de los centros de mayores en la emergencia sanitaria ha planteado dudas sobre el modelo sociosanitario que se ha desarollado para atender a los ancianos. Actualmente, la actividad de decenas de estos recursos asistenciales durante la irrupción del coronavirus está bajo la lupa de la Fiscalía. El Ministerio Público informaba la semana pasaba de que están investigando al menos 160 residencias, casi la mitad de ellas (79), en la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, el número de fallecidos con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad en residencias se eleva a 5.929, de acuerdo a los datos aportados por los 475 centros de este tipo que hay región.

En poco más de cinco años la Comunidad ha recaudado 3,8 millones de euros gracias a las 152 sanciones y 140 penalizaciones impulsadas por sus funcionarios contra casi 170 centros de ancianos, según la información aportada por el portal de transparencia autonómico, tras una petición de información de eldiario.es. La resolución fue firmada el 18 de mayo por Miguel Ángel Jiménez Pérez, el secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales, cesado dos días después por el Consejo de Gobierno autonómico al ser señalado por el consejero Alberto Reyero el 14 de mayo como el “máximo responsable” de la publicación por error de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola.

292 multas entre penalizaciones y sanciones

Si la Consejería de Políticas Sociales detecta alguna infracción en estos recursos tiene la posibilidad de castigarla por dos vías diferentes. Por una parte, mediante las penalizaciones que se imponen a empresas que no cumplen lo establecido en los pliegos de condiciones de los contratos [ver tabla 1]. Por otra parte, por sanciones, determinadas por la inspección de la Consejería si no se ha cumplido lo establecido en la Ley autonómica 11/2002 de Ordenación de los Servicios Sociales [ver tabla 2]. En ambos casos, su aplicación acarrea multas económicas.

Grupos empresariales más sancionados

En el listado facilitado por la Consejería con las vulneraciones de los pliegos destaca el grupo Orpea. De todas las penalizaciones emitidas (140), más de un tercio, 58, fueron dirigidas contra alguno de sus centros y por ellas han tenido que pagar 474.355 euros. Además de estas penalizaciones, las residencias de este grupo fueron sancionadas en 6 ocasiones, por las que tuvo que pagar 62.000 euros. En total, 64 multas por valor de más de medio millón de euros, según el análisis de los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Solo en un caso de ese medio centenar de amonestaciones no figura que el motivo de la infracción haya sido por problemas con la plantilla. La única excepción es más grave, se debe a deficiencias en “el control y protección de los usuarios” y a falta de información a los familiares de los residentes. El ranking de las residencias sancionadas de este gran grupo está liderado por el centro que tienen en Villanueva de la Cañada, ninguna otra supera las once amonestaciones con las que cuenta en su expediente, emitidas entre 2015 y 2017 y que llegan a sumar 135.000 euros.

Fuentes oficiales del grupo Orpea explican que las penalizaciones que acumula el grupo “son muy antiguas” y que “no obedecen a temas ni de cuidados ni sanitarios, sino administrativos o de forma”. A pesar de lo que plantean estas fuentes, tres de esas amonestaciones se emitieron en 2019. Otro gran grupo, como Sanitas Mayores, también figura en los datos aportados por la Comunidad. Esta empresa ha hecho frente a 18 amonestaciones por no cumplir las condiciones pactadas en los pliegos de cuatro residencias.

267.000 euros en multas contra el grupo Los Nogales

Antes de la pandemia, algunas de las denuncias presentadas por familiares de residentes consiguieron saltar de los juzgados a los medios de comunicación. Uno de los últimos casos más sonados se produjo en Los Nogales de Hortaleza, después de que la Cadena Ser publicase hace un año un vídeo en el que trabajadores presuntamente maltrataban a una de las residentes. Este centro acumula las dos penalizaciones más cuantiosas registradas en el último lustro.

En 2019, mismo año en el que se divulgaron las imágenes, fue sancionado en tres ocasiones con 83.949 euros, 78.622 euros y 26.207 euros por, entre otros motivos, reincidencia, “deficiencia o desatención en la prestación del servicio que implica situación de peligro” o “abandono notorio en el cuidado y protección personal (sic) usuarios”. El grupo ha tenido que afrontar cuatro amonestaciones más en Los Nogales Vista Alegra y dos en Los Nogales Pacífico. En total, han afrontado 267.000 euros en multas por vulnerar lo pactado con la Comunidad.

Fuentes del grupo Los Nogales explican que los hechos denunciados en Hortaleza están “pendientes de juicio”. Además, destacan que las “sanciones derivadas de esta cuestión están recurridas”. Sobre el resto de amonestaciones, un portavoz de la empresa apunta que “el motivo principal suele deberse a incidencias coyunturales por bajas laborales, especialmente en temporada estival”. “En un caso concreto se cubrió una baja de enfermería por un médico, ya que en aquel momento no había enfermeros disponibles para contratar, pero este remplazo no se consideró valido”, explican.

Sanciones que inhabilitan a directores

La otra modalidad de multa, las sanciones emitidas por la inspección de la Consejería si no se ha cumplido lo establecido en la Ley 11/2002 de Ordenación de los Servicios Sociales, ha sido aplicada en 140 ocasiones por la Comunidad de Madrid para recriminar a 49 residencias su actividad. Este listado, que avanzó El País gracias a una resolución del Consejo de Transparencia, recoge sanciones muy graves que han llegado a suponer la inhabilitación de la directora o el cierre del centro por un año.

La residencia María del Pilar, gestionada por la entidad R.M.A, afrontó en 2015 una amonestación muy grave de 175.000 euros que acarreó la inhabilitación de la directora por reincidencia en infracciones graves y dificultar el trabajo del inspector de la Consejería. Un castigo parecido recibió Las Mercedes, un centro reincidente multado en 2015, 2016, 2017 y 2018 por tres amonestaciones muy graves y una grave con 313.000 euros. El procedimiento punitivo finalizó con la inhabilitación de la directora y la revocación de la autorización. Este centro llegó a arder en 2018 al prenderse un fuego en un colchón, según publicó el diario del Grupo Prisa.

Entre estos casos, las sanciones más repetidas se han producido por “incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario”, artículo que se ha aplicado en 98 ocasiones. En 56 amonestaciones figura que uno de los motivos de la infracción se debe a “no tener el expediente asistencial de cada usuario o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizados” Por su parte, en 42 ocasiones los inspectores de la Comunidad han detectado que las residencias no prestaban “la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios”.

Varios centros aglutinas varias de las sanciones impuestas por incumplir la ley autonómica de Ordenación de los Servicios Sociales. El listado lo lidera Sierra de Kanaima con seis sanciones, como resultado de las últimas infracciones detectadas, la Comunidad impuso su cierre temporal durante un año. Cuatro acumula Las Mercedes. Tres, Los Jardines de Navas, Hestia, Flor de Retama, Centro Geriátrico Hortaleza y Benja. Dos, Peñuelas, Pablo Neruda, Orpea Las Rozas, Los Olivos 1, Los Olivos y Ballesol Alcobendas.

Fuentes oficiales de la Consejería de Políticas Sociales explican que ante este tipo de amonestaciones “los servicios sociales lleva a cabo una labor de seguimiento de los incumplimientos” para evitar reiteración en las infracciones. Asimismo, estas mismas fuentes recuerdan que el Plan de calidad e inspección de servicios sociales vigente recoge que si se detecta un “incumplimiento se propondrá de nuevo el inicio de un expediente sancionador”.

Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

Artículos

27. Constituye infracción leve el incumplimiento, por acción u omisión, de los requisitos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen que no constituyan infracciones graves o muy graves de acuerdo con la misma, y no genere un riesgo para la seguridad y/o salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
28a. La reincidencia en las infracciones leve.
28b. Descuidar el deber de asistencia o no facilitar el acceso a la atención que resulte de cualquiera de las necesidades básicas de los usuarios, acorde con la finalidad del centro de servicios sociales o servicio de acción social.
28c. No prestar la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, así como imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos.
28d. Incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario.
28e. No tener el expediente asistencial de cada usuario o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizados en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
28f. No suscribir con los usuarios la relación contractual correspondiente conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.
28g. El exceso de ocupación en espacios de uso común o en dormitorios, en relación con lo dispuesto en la normativa reguladora de las condiciones materiales mínimas de los centros de servicios sociales.
28h. No disponer de personal suficiente a tenor de lo establecido por la normativa de aplicación.
28i. No disponer de personal con la titulación oficial y/o cualificación exigida a tenor de lo establecido por la normativa de aplicación.
28j. No tener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad.
28k. La falta de comunicación previa de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
28l. Todas aquellas otras acciones u omisiones que constituyan incumplimientos de los requisitos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, siempre que genere un riesgo o daño para la seguridad o la salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
29a. La reincidencia en las infracciones graves.
29b. La creación de centros de servicios sociales sin autorización administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
29c. Las recogidas en el artículo anterior, si de ellas se deriva un grave riesgo o daño para la seguridad o la salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
29g. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo la acción del personal inspector en el desempeño de su cargo, así como no prestarle la colaboración y auxilio requeridos en el ejercicio de sus funciones.