La mina de uranio en Salamanca amenaza con desperdiciar cinco millones de euros de programas ambientales

La perspectiva de vender grandes cantidades de uranio a las centrales nucleares de EE UU puede firmar la sentencia de muerte de un raro pez que solo nada en algunos ríos de Salamanca.

La minera Berkeley trata de acelerar la explotación de mineral al aire libre que tiene en el Campo Charro salmantino: hace obras sin licencia, capta inversores y cierra compromisos de venta de mineral mientras la mina es investigada por la Audiencia Nacional y revisada por la Comisión Europea. 

Al final del hilo, como símbolo de la superposición de los intereses económicos a los ambientales, se encuentra la extraña y endémica sarda salmantina. Un pez en peligro de extinción único de los ríos Yeltes y Huebra cuyas aguas necesita aprovechar la empresa.

Bastó con que el presidente de EE UU, Donald Trump, dijera que pretendía “expandir nuestra capacidad nuclear” para que Berkeley se frotara las manos. “Estamos recibiendo un creciente interés desde EE UU y construimos la mina de Salamanca justo cuando los precios del uranio están creciendo”, dijo el director gerente Paul Atherley en su último balance el 31 de enero pasado. La empresa analiza que “se prevé que el déficit entre oferta y demanda de uranio va a ser el más grande que el mundo haya experimentado”. Su idea es colocar 2,2 millones de toneladas durante 11 años que da de vida al yacimiento.

Con ese horizonte de beneficios, la empresa avanza en su proyecto de mina a cielo abierto en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Situada en medio de la Red Natura 2000 de protección europea, amenaza con dar al traste con dos programas ambientales cofinanciados por la UE, según un reciente estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha que la organización WWF ha remitido a la Comisión Europea esta semana para que lo analice. Entre los dos suman 5,1 millones de euros de dinero público.

“Seria amenaza ecológica”

Uno de ellos busca mantener y recuperar los ríos y humedales mediterráneos y detalla que se trata de “aplicar la política y legislación europea relativa a la naturaleza”. Además de los fondos europeos, el Gobierno castellanoleonés pone un millón de euros. El otro intenta frenar la regresión de las especies fluviales del Tajo y el Duero ante el avance de las variedades exóticas. Salamanca está considera “una de las principales áreas de interés”. Recibe 1,2 millones del presupuesto de la Unión Europea más otro tanto del Estado. Lo coordina la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente.

Para ambos proyectos las investigadoras de la UCLM aseguran que “cualquier aporte de aguas procedentes de la planta y de la mina, aunque hayan pasado por un tratamiento específico, supone una seria amenaza para el estado ecológico del río Yeltes”.

Y ese pequeño y raro pez, la sarda salmantina, es uno de los protagonistas. Solo existe en esta área y su población ha descendido un 67% en este siglo. Le acompañan la boga del Duero y la Colmilleja: “Se enfrentan a un riesgo de extinción alto o muy alto”, cuentan las doctoras Graciela Gómez y Rocío Baquero.

Berkeley ha asumido una cierta política de hechos consumados. La minera trabaja en la preparación del suelo. Ha encargado el equipamiento para pulverizar el material. Y ya ha cerrado compromisos de venta para colocar casi un millón de toneladas del uranio salmantino durante cinco años, según Atherley, “doblando el anterior acuerdo”. El ejecutivo ha subrayado que el precio de mercado ha crecido un 10% en los últimos meses.

Multas ridículas

En Salamanca han visto cómo se llevaban a cabo trabajos de cata, construcción de dependencias, cientos de encinas desmochadas (el plan prevé apear unas 30.000) y movimientos de tierra para abrir una balsa en las 4.000 hectáreas destinadas a extraer el mineral atómico. “La balsa ni siquiera estaba en el proyecto inicial, lo hacen para dar la sensación de que ya se está abriendo la mina”, cuenta desde allí José  Ramón Barrueco, de la plataforma de oposición Stop Uranio.

Varias de estas obras preparatorias se han acometido sin permiso. Los ayuntamientos en cuyo suelo opera Berkeley han sancionado a la empresa: Villavieja le multó con 10.000 euros. Retortillo con 8.000. Este último consistorio acordó el pasado martes abrir un nuevo expediente sancionador.

Las multas no llegan ni a la categoría de arañazo. Solo los dos directivos a la cabeza del proyecto en España Francisco Bellón y Juan Colilla, tuvieron una remuneración en 2016 de más de 650.000 euros cada uno. La suma supera los presupuestos conjuntos de ambos municipios que raspan el millón el millón de euros.

“Aparentar que se está avanzado les ha servido para captar capital”, insiste Barrueco. La empresa ha informado de una inyección de 28 millones de euros provenientes de inversores de la City de Londres “para la construcción del circuito de pulverización, las instalaciones de procesamiento y la compra de terreno”, según el último informe trimestral de Berkeley.

Mientras Berkeley realiza obras sin licencia, capta inversores y cierra compromisos ventas, la Audiencia Nacional dirime la legalidad de la mina. Investiga la autorización previa concedida por el Ministerio de Industria en septiembre de 2015. El Gobierno salió al cruce y la Abogacía del Estado trató de que se archivarse el recurso de Equo y Ecologistas en Acción, según fuentes jurídicas.

La Comisión Europea también está investigando “si se ha aplicado la correctamente el Derecho de la Unión” en la Declaración de Impacto Ambiental firmada por la Junta de Castilla y León.

La Comisión sí ha considerado que el proyecto cumple con el Tratado Euratom, según argumentaba Industria al dar el permiso. Pero el vicepresidente de la CE, Maros Sefcovic, tuvo que matizar en una contestación escrita al Parlamento Europeo el pasado 8 de abril  que eso “no es una autorización formal y no es jurídicamente vinculante”.