Los sindicatos alertan de que la pelea entre Ministerio y comunidades dejará miles de plazas docentes sin convocar

Los tres sindicatos firmantes del pacto de estabilización docente (CCOO, UGT y CSIF) han cargado este martes con dureza contra el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas por la gestión que están realizando de la convocatoria de las oposiciones de este año.

Las organizaciones de representación del profesorado han explicado en una rueda de prensa que entre la “falta de liderazgo” del departamento que dirige Pilar Alegría y “la inequívoca intención” de las comunidades de soslayar la nueva normativa se van a quedar miles de plazas sin convocar este verano y se pone en cuestión el compromiso del Gobierno de reducir la temporalidad en el sector público al 8% para 2024, compromiso plasmado en forma de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en diciembre de 2021. En Educación, la tasa de temporalidad se sitúa actualmente en un 25,7%.

En cifras brutas, esto significa que las comunidades tendrían que sacar 125.000 plazas en los tres años que quedan hasta 2024, incluido, para bajar de ese casi 26% al 8% impuesto por la UE. Pero el cambio en el sistema de oposiciones que va a aprobar el Gobierno es polémico porque prioriza mucho a los interinos que ya ejercen frente a los aspirantes y muchos Ejecutivos autonómicos están adelantando la convocatoria habitual de oposiciones para realizarla bajo los parámetros actualmente vigentes, sin esperar a que el Gobierno apruebe su modificación transitoria.

El problema con este movimiento, han explicado los sindicatos en rueda de prensa, es que al hacer la convocatoria para este verano con el sistema antiguo las comunidades solo pueden sacar las plazas de reposición, o sea las destinadas a sustituir al personal que se retira. De esta manera, el sistema se queda igual que estaba en cuanto a temporalidad. Las plazas de estabilización, las que tienen que reducir la temporalidad, quedan a la espera de futuras convocatorias ya bajo el nuevo sistema.

13 comunidades han anunciado o están a punto

Por el momento Asturias, Navarra, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana, mientras que otras como Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Murcia, Andalucía, Cantabria, La Rioja y Comunidad de Madrid ya han anunciado el adelanto y convocarán de manera inminente.

Traducido al número de plazas, esto significa que, según calculan los sindicatos, se van a convocar 21.693 plazas este verano, pero podrían ser más del doble si hubieran esperado a que el Gobierno apruebe su modificación. En concreto, la nueva normativa permitiría convocar hasta 46.495 plazas. Un total de 24.802 plazas se quedan en el limbo, según estas cuentas. 24.802 personas que tendrían un empleo fijo. “Perjudican al conjunto de los opositores, tanto a los aspirantes con experiencia como a los que no la tienen”, ha explicado Francisco García, secretario general del sector de Educación de CCOO, “porque si no convocan las plazas hay mucha gente que podría aprobar, con o sin experiencia, que no va a poder hacerlo”.

Para protestar contra esta situación que entienden evitable –los sindicatos explican que las comunidades han adelantado sus convocatorias respecto a pasados años para poder sortear el nuevo sistema antes de su aprobación– los sindicatos protestarán ante la sede del ministerio el próximo día 9 de este mes. Según calculan las organizaciones, si se convocaran las 46.495 plazas máximas posibles la temporalidad en el sector se reduciría a un 20,8%, “lo cual permitiría pensar que en las dos próximas convocatorias el objetivo del 8% sería factible”, pero como no lo van a hacer “va a ser muy difícil porque solo quedarán dos convocatorias”, ha explicado González. Aunque es habitual que las oposiciones se celebren una vez al año y en verano, las comunidades tienen libertad para realizar convocatorias a voluntad.

Que el proceso de oposiciones docentes genere problemas, quejas y reclamaciones incluso ante la Justicia es habitual. Que suceda cuando aún están sin convocar en muchas comunidades es más raro. “Es una situación compartida por el ministerio y las comunidades”, han criticado al unísono CCOO, UGT y CSIF.