“Hasta que no le toca a tu madre no sabes cómo juegan con los ancianos en las residencias de Madrid”

Atender y cuidar a P. ya no sale rentable a la empresa que gestiona con dinero público la residencia en la que vive. P. es una de las cientos de ancianas y ancianos con una plaza de la Comunidad de Madrid que se han quedado en un limbo tras la renuncia de algunas compañías a seguir concertando camas.

P. tiene 84 años, alzhéimer desde hace más de cinco y una colostomía. Pese a su situación de gran dependiente, su nombre aparece en una lista junto a otros tantos mayores, los elegidos por la Consejería de Políticas Sociales para marcharse.

La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes (PP), tiene que trasladar forzosamente a todos los ancianos antes del 30 de junio. Y a un mes de la fecha límite, la Consejería no aporta datos de cuántos tienen que marcharse porque “las plazas definitivas no están adjudicadas”. La Administración admite que no tiene un “procedimiento común” para realizar los cambios y se desentiende del modo en que comunican las empresas adjudicatarias a los residentes y sus familiares la situación porque eso “corresponde a cada centro”.

Los movimientos se deciden, como confirma la Consejería, por un criterio único que ignora las circunstancias personales y de salud de los pacientes: la antigüedad en la plaza pública. Es decir, los más nuevos son los obligados a irse a otro centro.

Son los damnificados de la decisión de abandonar de algunas empresas adjudicatarias que reciben una financiación pública “insuficiente para prestar el servicio”, justifican. “Les salimos tirados de precio. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Por eso no vamos a concursar. No somos una ONG”, dicen fuentes próximas a la dirección de uno de los centros privados que han rebajado su oferta de plazas.

El nuevo acuerdo marco, en vigor desde el 1 de julio, establece un fijo de 54 euros al día por residente (23 si es parcial) para estas plazas mientras que en las públicas se invierten 81. El 60% de las camas de la región funciona con el modelo de gestión indirecta que ahora está ocasionando problemas.

Sin comunicación ni acompañamiento

Algunos familiares, como el hijo de P., afirma que no recibió comunicación oficial del traslado ni de la Administración ni de su residencia, cuyo nombre prefiere no dar por miedo. “La trabajadora social me llamó hace un mes para decirme que quería conocerme. No sabía que era para esto. Me lo soltó de golpe y porrazo sin explicarme por qué le había tocado a mi madre. Me cogió de sorpresa y me agobié. Después me pasaron una lista de cuatro residencias posibles que estoy viendo yo por mi cuenta porque la Consejería no hace ningún acompañamiento”, explica L., preocupado por el modo en que va a afectar a su madre el cambio. “Lleva aquí un año y todavía no se ha adaptado. Ahora otro nuevo trastorno”, subraya agarrado al brazo de ella.

P., en un estadio de la enfermedad que le provoca dificultades para seguir una conversación, dice a su hijo que no se encuentra bien y que a veces se siente sola y desatendida. L. no responde y le acaricia el pelo. “Me siento frustrado porque yo no puedo atenderla. Se supone que buscas una solución para que ella esté bien y tú también estés tranquilo. Hasta que no te toca no sabes cómo juegan con los ancianos en las residencias de Madrid”, dice.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias ha recibido en el último mes a varias familias con el mismo problema que L. “Llegan con muchísima preocupación. La Consejería está gestionando todo sin previsión. Con este modelo sufrimos mucho la opacidad y lo vamos aprendiendo según nos vamos dando de tortas con la realidad. Llevar a un familiar a una residencia de estas es como meterte en un mundo oscuro. Todo son obstáculos. Una persona mayor no es una patata caliente y esto son centros sociosanitarios”, denuncia la presidenta María Ángeles Bueno.

La asociación se reunió hace unos días con el director general de Atención a la Dependencia y el Mayor, que garantizó, como confirma la Consejería, una plaza concertada o pública a todos los trasladados. La plataforma conoce casos de ancianos ya reubicados, algunos en plazas de gestión directa.

Para hacer esta operación, señala la Consejería, “se sigue el criterio de proximidad, siempre que haya plazas”. La administración encargada asegura que “están en permanente contacto con los familiares”, que pueden expresar cuáles son sus preferencias. Según la plataforma, las residencias también están ofreciendo a algunas familias quedarse en la misma plaza pagando más (lo que cuesta la plaza privada).

Quejas de funcionamiento “precario”

Las familias que forman parte de esta asociación también comparten otras quejas ligadas al “precario” funcionamiento diario de los centros. “Hasta que no nos juntamos aquí no nos dimos cuenta de que los problemas son similares y vienen del mismo origen: la falta de personal. Dejas a tu familiar pensando que va a ser cuidado y aún así no es agradable porque te sientes mal emocionalmente. Luego ves que hay muchos problemas, que hay que estar muy encima. Nos sentimos en la indefensión más absoluta”, asume Bueno.  La Consejería de Políticas Sociales asegura a este medio que las residencias pasan anualmente al menos una inspección (“a veces por sorpresa”) y que las ratios están marcadas por ley.

El director general de Atención a la Dependencia compareció en la Asamblea de Madrid a petición del PSOE el pasado 8 de mayo, donde los grupos le preguntaron por los traslados. Entonces tampoco ofreció datos.

Desde Podemos Madrid estiman que la Consejería tendrá que trasladar a 1.000 ancianos. “El caos es tremendo. Es un fallo gravísimo de planificación. El PP no es coherente ni con el modelo que defienden. Si privatizas tienes que dar una cantidad que sea rentable. Las empresas no van a aceptarlo si no les garantizas una rentabilidad”, señala el diputado Raúl Camargo.