Las tiendas de comida rápida deberán cobrar por los vasos, las tapas y cajas de plástico a partir de 2023

“Su menú. Gracias”. Tradicionalmente, esa frase se ha traducido en una compra de bebida y comida lista para tomar, pero envuelta en plástico. Como ocurrió con las bolsas hace unos años, a partir de 2023, las tiendas de comida rápida deberán cobrar aparte los vasos, tapas y paquetes de plástico de sus productos, según recoge el anteproyecto de ley de residuos que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes.

Este anteproyecto es una de las piezas que tienen que desarrollar la Estrategia de Economía Circular 2030 que también revisa el Gobierno y que pretende que España deje de producir 20 millones de toneladas de desechos en los próximos 10 años, convertirá en obligatorio que se dispense agua del grifo o se recorte a la mitad el desperdicio de comida en los hogares.

Prohibido vender pajitas o cubiertos en 2021

Los plásticos de usar y tirar se han convertido en problema de primer orden. La casi imposible gestión de la ingente cantidad de basura de este material ha estallado en las islas de plástico de los océanos, las playas o las desembocaduras fluviales. El 70% del plástico consumido al año en España acaba siendo un residuo: 2,5 millones de toneladas, según Cicloplast.

El proyecto que iniciará este martes su camino para convertirse en ley prohíbe la venta de muchos de estos utensilios: pajitas, bastoncillos, palos de globo o paquetes de poliestireno a partir del 3 de julio de 2021, como obliga la directiva europea. Además, tendrán que rebajarse un 50% la venta de paquetes para comida preparada en 2026 respeto a lo que se venda en 2022. En 2030 esa caída debería alcanzar, según el anteproyecto de ley, un 70%. También se impedirá que los cosméticos tengan microplásticos añadidos, cuentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Recortar 20 millones de toneladas de residuos

Para reducir los envases, y por tanto potenciales residuos, la ley prevé establecer una preferencia por el agua del grifo. Los bares y restaurantes van tener la obligación de ofrecer agua del grifo gratuita aunque dispongan de botellas. Las administraciones públicas deberán minimizar el consumo de agua embotellada en sus dependencias. En todo caso, en centros sanitarios y educativos podrán comercializarse envases de un solo uso.

“Con las disposiciones normativas en marcha, el agua del grifo ofrece garantías de seguridad en la práctica totalidad del territorio español en los lugares públicos, permitiendo de este modo la reducción del empleo de botellas de plástico”, aclaran las directrices del Ejecutivo.

Sobre los envases, el Gobierno no plantea hacer obligatorio el sistema de recogida de botellas retornables. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que se van a eliminar los requisitos legales para introducir este sistema que se establecieron en 2011 y que, dicen, lo hacen casi imposible de implementar. Pero será en un real decreto posterior, aclaran.

El objetivo marcado por el nuevo texto legal es reducir en un 15% los residuos generados por la economía respecto a los 137 millones de toneladas calculados en 2010. La fórmula reside en establecer una jerarquía de preferencias que sitúa en primer lugar la prevención de generar desechos, después la reutilización, después el reciclaje, su valorización y, como último recurso, el vertedero.

Hay mucho retraso por recuperar: en 2016, de los 129 millones de toneladas totales se reciclaron solo 39,6, un 37%, según refleja Eurostat. “Estamos desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto de materias primas cada vez más escasas”, analiza la Estrategia.

60% menos de basura en los vertederos en 2030

En este sentido, el anteproyecto de ley que llega mañana al Consejo de Ministros marca que, en 2030, se recicle el 60% de los desechos municipales. En 2017, último año inventariado, ese porcentaje se quedó en el 36,1%, según Ministerio de Transición Ecológica. Eso supone que, de los 22 millones de toneladas de este tipo de residuos, se llevaran a vertederos 11,2 millones de toneladas y se quemaran otros 2,8 millones: 14 millones de toneladas al basurero.

Salvar 669.000 toneladas de comida de la basura

La Estrategia Circular considera los sectores económicos prioritarios la construcción (que consume el 40% de los recursos y produce el 40% de los residuos), la industria, el turismo, el sector textil, pero también los bienes de consumo y el sector agroalimentario.

De esta manera, marca que debe reducirse mucho el desperdicio de alimentos. Los hogares españoles tendrán que dejar de tirar a la basura 669.000 toneladas de comida cada año para lograr recortar en 2030 un 50% los 1,339 millones de toneladas que se desperdician anualmente. En las casas se desperdician 1,12 millones de toneladas de comida que ni siquiera se ha cocinado, según el último recuento del Ministerio de Agricultura. Lo que más se tira: frutas, hortalizas y verduras, casi la mitad del total. Un problema tan generalizado que ocho de cada diez hogares admiten que tira comida o bebida sin utilizar. El anteproyecto de residuos también atañe a la producción, la transformación y la venta minorista de alimentos.

Freno a la obsolescencia de productos

La estrategia coordinada desde Transición Ecológica considera que hay que “invertir la tendencia actual de consumo exacerbado de productos a un modelo de consumo más responsable”. ¿Cómo? “Facilitando la reparabilidad de los bienes producidos y su reutilización, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta”, responde. La obsolescencia de productos tecnológicos como los teléfonos móviles imponen alta factura, no solo por los materiales que utiliza, sino también climática en cuanto a emisiones de CO, causantes del calentamiento global de la Tierra. Los smartphones y los portátiles se cambian cada poco tiempo. Tienen una vida media en Europa de tres y 4,5 años respectivamente. En este contexto, cada curso se vende unos 210 millones de teléfonos y otros 27 millones de ordenadores en Europa: el alto ritmo de reposición produce casi 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según calculó la federación ecologistas European Environmental Bureau.

“En un contexto mundial en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras, reciclar tan solo el 37,1 % de los residuos generados supone estar desaprovechando los recursos disponibles”, establece el plan. En este sentido, también pide reducir un 30% el consumo de materiales que, por ejemplo, en 2018 se elevó a los 423 millones de toneladas entre minerales o biomasa, es decir, los cereales, las frutas o las hortalizas.