Los recortes de Castilla-La Mancha deterioran el servicio de ambulancias

Alejo Zamora es uno de los aproximadamente cien trabajadores de ambulancias despedidos en Castilla-La Mancha. Después de 18 años de servicio, y siendo presidente del Comité de Empresa de Cuenca, la empresa Ambuibérica le comunicó su despido por burofax hace apenas una semana. Trabajaba en una ambulancia que daba servicio 24 horas y que pasó a trabajar 12 horas. “Se está trasladando a gente que trabaja en ambulancias normales, como técnicos o conductores, a vehículos de urgencias, donde hace falta una formación que muchos no tienen”, asegura.

El cierre de las urgencias de 21 centros de atención de Castilla La Mancha -paralizado temporalmente hasta que el Tribunal Superior de la comunidad se pronuncie en firme- no es el único recorte que está sufriendo la atención sanitaria de la región. El último conflicto es el que está teniendo lugar con las ambulancias que dan servicio a la comunidad: las empresas concesionarias han despedido ya a cien de 1.200 trabajadores y devaluado sus condiciones laborales. Trabajadores y sindicatos aseguran además que los horarios de algunos vehículos se recortaron hace meses y alertan de las consecuencias sobre la atención a los ciudadanos. El Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam) lo niega.

Desde diciembre, el servicio de ambulancias se ha adjudicado a varias empresas, una por provincia, y no a una para toda la región, como sucedía antes. Las empresas adjudicatarias, en lugar de subrogar a los trabajadores (y por tanto asumir la plantilla y sus condiciones laborales), no lo han hecho aduciendo en algunos casos falta de información por parte de la anterior empresa, Transaltozano. Esto ha supuesto ya cerca de cien despidos en toda la región -muchos de delegados sindicales-, el no reconocimiento de la antiguedad de los trabajadores, recortes salariales y cambios en los horarios de trabajo.

En Villanueva de la Fuente, un pueblo de Ciudad Real con 2.600 habitantes, los recortes les tienen alarmados. Su centro de atención continuada es uno de los 21 que pende de un hilo: si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha confirma el cierre de las urgencias, desde las ocho de la tarde y durante los fines de semana, el pueblo se quedará sin médicos. Para compensar, la comunidad envió una ambulancia hasta que el Tribunal comunicó la suspensión cautelar del cierre. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de varios responsables, el vehículo carecía de las condiciones mínimas para atender una urgencia.

“Querían convencernos del cierre diciéndonos que nos ponían una ambulancia las 24 horas, pero por no tener no tenía ni bombona de oxígeno. No es lo mismo tener una ambulancia convencional, con un conductor, que una con un equipo médico capaz de atender situaciones graves”, explica la primera teniente de alcalde del pueblo, María Dolores Fernández. La ambulancia equipada más cercana les queda unos 18 kilómetros, en la localidad de Montiel. Y el centro con urgencias más próximo en Villanueva de los Infantes, a 33 kilómetros, “40 minutos en coche”, asegura Fernández.

Actualmente, Castilla La Mancha cuenta con 618 ambulancias. De ellas, 164 son vehículos de urgencias. Los trabajadores señalan que desde el pasado verano, 25 de esas ambulancias de urgencias han pasado de trabajar las 24 horas del día a sólo 12 horas, 14 en algunos casos como el de Valdepeñas (Ciudad Real). El Sescam niega tajantemente que se haya producido recorte alguno en el servicios de los recursos de urgencias. “Es absolutamente mentira”, dice un portavoz.

“Lo que está sucediendo con las ambulancias es contradictorio con el cierre de los puntos de atención continuada. Además, cuando desde la comunidad hablan de que se dispone de tantas ambulancias no hablan de UVI sino de transportes sin equipos médicos adecuados”, señala la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla La Mancha, Carmen López. CCOO va a exigir al Sescam y a la Junta de Comunidades la responsabilidad subsidiaria por los despidos de trabajadores, por considerar que parte de su función consiste en “vigilar la calidad del servicio y que se cumplan los derechos de los trabajadores”.

Los nuevos pliegos de condiciones establecidas por la comunidad para adjudicar el servicio no incluyen, por ejemplo, la necesidad de que las empresas mantengan un personal mínimo. Las horas de demora máximas que pueden pasar hasta que un paciente es trasladado desde los servicios de urgencia a su domicilio también ha aumentado respecto a 2008: si entonces, los pliegos de condiciones establecían una espera máxima de dos horas, en 2012 se sube esa espera hasta las tres horas.

El sindicato también denunciará en los tribunales la vulneración de los derechos de los trabajadores. “Es incomprensible, salvo que se hubiera consentido de antemano, que el Sescam siga dejando que se empeore el servicio y se incremente el desempleo”, dice López, que asegura que las empresas están obligando a los trabajadores a firmar nuevos contratos renunciando a su antiguedad. “La gente ve los despidos que se han hecho y firma”, apunta.

Jose María Simarro es uno de los 72 trabajadores que la empresa Ambuibérica no ha subrogado en Ciudad Real. “Hay franjas horarias en las que vehículos que tendrían que estar únicamente pendientes de urgencias vitales están haciendo traslados de pacientes entre hospitales”, asegura. Su despido ha costado barato. A pesar de que llevaba más de diez años trabajando, su indemnización ha sido de 1.151 euros: solo le reconocieron una antigüedad de tres semanas, desde que la nueva empresa se hizo cargo de la concesión.

Un trabajador que prefiere no identificarse asegura la plantilla tiene miedo. “Se ha echado a mucha gente vinculada a la lucha sindical, pensamos que es un toque de atención para todos. Al principio nos dijeron que no habría problema, que nos subrogarían, pero de repente cambiaron de opinión y empezaron a tomar decisiones unilaterales, como la eliminación de algunos complementos salariales”, explica este trabajador, que critica el empeoramiento del servicio que se presta a los ciudadanos.