La puerta del Valle de los Caídos sigue cerrada: las trabas para exhumar en la mayor fosa común de España
Las familias de ocho víctimas de la guerra civil están a un paso de abrir la mayor fosa común de España: el Valle de los Caídos. Esperan el aviso para sacar los restos óseos de seis republicanos y dos franquistas. Tienen el aval de la justicia y equipos técnicos dispuestos a exhumar después de superar un carrusel de trabas, pero han encontrado el último escollo dentro del propio mausoleo con la negativa a abrir la puerta de los responsables de la Abadía de Cuelgamuros.
La primera sentencia judicial que permite una exhumación en el conjunto monumental construido por Franco con trabajo esclavo está fechada en marzo del año 2016. Es el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Esta denuncia, junto a otras cinco, buscaba sacar los huesos de algunas de las 33.847 personas enterradas, de las que 12.419 están sin identificar y trasladadas a Madrid sin permiso de sus familiares.
“Hay que abrir la puerta del Valle de los Caídos, literalmente, y empezar a exhumar”, dice el abogado Eduardo Ranz. El letrado representa a las familias de ocho personas enterradas allí, dos pertenecientes al bando nacional y dos al republicano, que han denunciado al responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, por negarse a permitir las ocho exhumaciones autorizadas.
“Tenemos sentencia judicial firme que permite entrar y el equipo de trabajo preparado”, refiere Ranz. “Y no puede ser que 22 señores –los responsables de la Abadía Benedictina– puedan más que un Estado, porque ya es una orden que viene de Presidencia, está tratada en un Consejo de Ministros y que acata Patrimonio Nacional”, apunta el letrado.
El abad, cancerbero de Cuelgamuros
Lo “único que falta”, incide, “es abrir la puerta” custodiada por el abad, convertido en una suerte de cancerbero y atasco final. Porque antes, los descendientes de los ocho fallecidos en la guerra de España, han tenido que solventar un carrusel de obstáculos. Estas son las principales trabas encontradas por la familia Lapeña como paradigma del resto de denunciantes:
Marzo de 2016. Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial dio permiso para exhumar. Es la primera sentencia judicial en este sentido y estima la petición por vía civil de la nieta de dos asesinados por el franquismo y reconoce su derecho a darles “digna sepultura”. La resolución se produjo tras el archivo de la solicitud en vía penal que había llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El fallo se refería a los hermanos Lapeña, ejecutados en Calatayud (Zaragoza) en 1936 y trasladados años más tarde al Valle de los Caídos sin conocimiento de su familia. Y ahí aparece el primer encontronazo: la sentencia quedó recurrida a los 15 días, iniciando un peregrinaje que superó los 21 meses.
La segunda traba se circunscribe a Patrimonio Nacional, que no asume el contenido de la decisión del juzgado. De hecho, no ofreció intención alguna de facilitar la exhumación. En julio de 2016 atascó el proceso pidiendo más informes. Tres meses después, la Abadía remitió documentos en los que se opuso tajantemente a la entrada de técnicos en Cuelgamuros.
“Tuvimos que ir al Juzgado Central para que dijera que tenían la obligación de cumplir la sentencia”, relata Eduardo Ranz. Mientras el resto de peticiones de víctimas avanzó en la misma dirección que el caso de los Lapeña, en junio de ese mismo año se conoció cómo una reforma legal de Rajoy ayuda a frenar las exhumaciones.
De inacción estatal a denuncia ante la ONU
La tercera traba se corresponde con una etapa de inacción. Por estas fechas las familias ya han denunciado a Patrimonio Nacional ante el Supremo, pero aparentemente nadie mueve ficha. El ministerio de la Presidencia –de quien depende Patrimonio– miró hacia otro lado. En abril de 2017 el Gobierno había logrado ahogar la causa en burocracia.
La cartera encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pretendió no mojarse en el asunto, pero acabó dando explicaciones en el Congreso. En sede parlamentaria confirmó la “oposición de terceros” a sacar restos óseos del mausoleo franquista pero Santamaría ocultó que era la Abadía quien había impedido seis meses antes que los técnicos entrasen a la cripta.
El prior negó la entrada para comprobar el estado de las criptas y los cuerpos allí alojados. Es la cuarta traba, aunque en abril del pasado año Patrimonio decidió ignorar el veto de la iglesia y entrar en el Valle de los Caídos para iniciar la exhumación de los Lapeña, como avanzaba en exclusiva eldiario.es. Sin resultado. La puerta sigue cerrada a cal y canto.
En junio de 2017 España quedó denunciada ante Naciones Unidas por no facilitar el proceso reclamado por la familia Lapeña y avalado por sentencia judicial firme. El requerimiento al organismo internacional busca “un fallo humanitario” con el que la ONU “haga cumplir al Gobierno español” el mandato jurídico. “Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro” en la mayor fosa común del país, declaraba a este medio el abogado denunciante.
“A día cinco de diciembre nos han comunicado que, paralelamente a la denuncia de la ONU, Patrimonio Nacional dice a la Abadía que hay que iniciar las exhumaciones pero los responsables impiden los trabajos y la entrada a los técnicos”, dice Ranz. Las puertas de Cuelgamuros cerradas, de nuevo en esta quinta traba. Y de ahí la ultima denuncia de las familias de ocho personas enterradas en el Valle de los Caídos contra el abad acusado de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la extracción de los cuerpos.
Tras casi dos años de espera y múltiples impedimentos solventados, los familiares de seis republicanos y dos franquistas siguen esperando. En total son 12 denuncias referidas a estos ocho cuerpos. Los hermanos Lapeña fueron el primer caso en encontrar respaldo judicial. Luego llegó el resto. Todos con sentencia judicial como aval y permiso de Patrimonio para exhumar los cadáveres y darles “digna sepultura”. Las familias esperan que chirríen las bisagras. Y mientras, el abad resiste convertido en el cancerbero de Cuelgamuros.
