Las sobrinas de las Trece Rosas que han llevado a la Fiscalía a Ortega Smith: “Él tiene un rencor que nosotras no tenemos”

“Lo hago porque siento indignación, sobre todo pensando en mis abuelos y en mis bisabuelos y en que estuvieron toda la vida sufriendo por lo que les hicieron. No puedo consentirlo. No todo vale”. Paloma Masa Barroso es una de las tres descendientes de las Trece Rosas que han formalizado este martes sus medidas judiciales contra Francisco Javier Ortega Smith. El concejal de Vox en Madrid dijo, en una entrevista en TVE del 4 de octubre, que las trece mujeres –militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista– fusiladas el 5 de agosto de 1939, “lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente, cometieron crímenes brutales en las checas”.

La condena a muerte, dictada en un Consejo de Guerra en Madrid el 3 de agosto de 1939, responsabilizaba a las muchachas de un “delito de adhesión a la rebelión”, en ningún caso de los cargos que mencionaba Ortega Smith. Por eso ahora sus sobrinas y sobrinas nietas, junto a la Asociación Cultural 13 Rosas, piden en un escrito que la Fiscalía General del Estado le exija al político de ultraderecha como primera medida una rectificación.

“Sus palabras vienen del rencor y la maldad, un rencor que nosotras, que somos las afectadas, curiosamente no tenemos”, sigue Paloma Masa Barroso, que es sobrina nieta de Martina Barroso García, detenida en junio de 1939 en Ventas y asesinada ese 5 de agosto a los 22 años. Paloma recuerda la historia de ella y de sus compañeras: “No les dio tiempo a hacer nada, ni a organizarse. Acabó la guerra y estaban metidas en la cárcel. Se les acusa de cosas que ni siquiera pudieron cometer, mi tía hacía labores humanitarias, participaba en un comedor social para niños huérfanos de la guerra y confeccionaba ropa para los militares”.

“Solo la divergencia política provocó su asesinato a manos de un gobierno golpista, represor y dictatorial”, se lee en el escrito que han dirigido a la Fiscalía, en el que remachan: “Ellas fueron las víctimas asesinadas”. El Ministerio Fiscal debe actuar, sostienen, ante la difamación, la “verdadera agresión” al honor y “la imputación intencionada de graves hechos delictivos absolutamente deshonrosos y humillantes” a estas mujeres, de manera que “menosprecia” la memoria de las que ya son “un símbolo para la inmensa mayoría de la sociedad”. “Que no quede en el olvido como si no pasase nada lo que ha dicho Ortega Smith, y sobre todo, que no manchen su nombre”, clama Paloma.

Las Trece Rosas tenían entre 18 y 29 años cuando las detuvieron –la mayoría menos de 23–, y solo una –Blanca Brisac– tenía un hijo, así que apenas hay descendientes directos. Por ello, la protección de estas mujeres depende del Ministerio Fiscal. Al no haber intervenido de oficio, le solicitan ahora ellas que lo haga “a instancias de persona interesada” por afectar al honor, a la dignidad y a la imagen de las fallecidas. “Tiene que rectificar y tener más cuidado con lo que dice de ahora en adelante”, continúa Paloma. “Porque detrás de estas personas hay familiares que no vamos a quedarnos callados. No quedan hermanos y no tuvieron hijos, pero nosotras, sus sobrinas nietas, actuaremos como nietas”.

“Que no se pueda mancillar su nombre”

El abuelo de Paloma era hermano de Martina: “A ella se la llevaron de casa y no les dejaron ni una foto. Solo tenemos una, que nos pasó un novio que tuvo”. Su abuelo falleció en 1973 y esto y la muerte de otro hermano en el Frente del Cataluña, todavía desaparecido, “le machacaron la vida”. “Mi familia ha sufrido mucho. Y yo ahora no voy a consentir todo esto”, insiste Paloma, que atiende a eldiario.es en un bar de la calle Fortuny de Madrid, en las proximidades de la Fiscalía General del Estado.

Paloma ha acudido al juzgado este martes con Alicia Jimeno Manzanero, sobrina de Dionisia Manzanero Salas (asesinada a los 20 años), y con Ángeles González Ferrer, sobrina nieta de Virtudes González García (a los 18). Son ellas tres, conocidas entre sí desde hace mucho en otras batallas por sus antepasados, las que han encabezado la solicitud de responsabilidades a Ortega Smith, con el apoyo de algunos de sus primos, otras organizaciones –Fundaciones Domingo Malagón y Marcos Ana y la Asociación Foro por la Memoria Democrática– y ciudadanos que han suscrito el manifiesto de denuncia que adjuntan al escrito.

“Fue terrible escuchar esas palabras”, rememora Alicia sobre lo pronunciado por el concejal. “Solo queremos eso: que se retracte públicamente. Para que no quede impune. Para que no se pueda mancillar alegremente el nombre de nuestras familiares”. “Es impresentable que dijera que estas mujeres violaron”, añade Ángeles, la sobrina nieta de Virtudes. Lo es además, en el contexto de un país “en el que no se ha hecho del todo justicia con las víctimas” y “en un programa de la televisión pública”. “No sabemos el recorrido que tendrá, ni los plazos, pero esto no se puede consentir”, repite otra vez, “y el Gobierno debería haber hecho algo. Dada la situación actual sabemos que es complicado. Pero tras las elecciones esperamos algún comentario, alguna declaración”.

El PCE lo llevará al Congreso

El documento que envían a Fiscalía lo firma además de ellas tres Victorino García, presidente de la Asociación Cultural 13 Rosas. Las tres mujeres fueron arropadas en el acto de entrega, además de por el presidente de Foro por la Memoria Democrática y por más seres queridos, por el secretario general del PCE, Enrique Santiago, como representante del partido al que las jóvenes pertenecían. Lo que hizo Ortega Smith es para esa formación una “revictimización”, dice: “Es una vergüenza que sean los familiares quienes tengan que actuar. La Fiscalía debería haberlo hecho de oficio, y el Gobierno debería haber ordenado aplicar la Ley de Memoria Histórica”. El también diputado de Unidas Podemos anunciaba que, si la Fiscalía no ejerce en un plazo moderado de tiempo, lo llevarán al Congreso para reclamar explicaciones al gobierno.

Eso es para las sobrinas y sobrinas nietas lo más grave: que después de tanto tiempo, un ataque tan doloroso viniera de un representante público. “Para eso no está un político”, lamenta Paloma Masa Barroso –que reitera que se la nombre todo el rato su segundo apellido “porque es el que me une a Martina”–. “Un político está para hacer leyes para la ciudadanía, no para meterse con las víctimas del franquismo. En otros países sería motivo de dimisión, aquí debería serlo también. No puede ser que alguien así vaya llamando asesinas a personas inocentes y la sociedad consintiéndolo”.