Una treintena de profesores de Derecho piden apartar al rector de la URJC hasta que se investiguen los plagios
Los manifiestos y las recogidas de firmas siguen acorralando al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ya acumula al menos diez plagios documentados tras conocerse que pasó las pruebas de habilitación nacional de catedráticos con un trabajo lleno de párrafos copiados.
En esta ocasión, una treintena de profesores, catedráticos e investigadores de varias universidades españolas se han unido para lanzar un manifiesto en el que piden la suspensión cautelar de Fernando Suárez como máxima autoridad del centro. Aunque de diferentes disciplinas, muchos de ellos pertenecen al mismo ámbito que el rector, Derecho.
Entre los firmantes, se encuentra la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid al completo y profesionales como el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Carlos Espósito, la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, Carmen Pérez o el catedrático de Filosofía del Derecho y exrector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Apertura “inmediata” de una investigación
Los firmantes piden a la universidad y “a las sociedades científicas o consejos editoriales de los que Suárez forme parte” la apertura inmediata de una investigación “que no solo aclare la existencia de los plagios sino que también determine la medida en la que el profesor ha podido beneficiarse de sus fraudulentas publicaciones adoptando las sanciones que correspondan”.
Mientras la investigación sigue su curso, afirman, apuntan a que Suárez debe ser “suspendido cautelarmente en sus funciones como rector”. El pasado 23 de noviembre la Universidad Rey Juan Carlos anunció que abría una comisión de investigación por estos “plagios atribuidos” a su máxima autoridad. Sin embargo, a día de hoy el centro se niega a aclarar si esta comisión existe.
Los catedráticos, investigadores y docentes que se han adherido al documento califican “la firme sospecha” de que una máxima autoridad de una universidad, profesor e investigador “haya podido cometer reiterados plagios” de “preocupante” y “desalentador”.
Añaden, además, que “la apropiación de los resultados de la investigación ajena [...] constituye una de las más graves afrentas a la probidad académica. Reconocen que ”el avance en cualquier disciplina se produce mediante la referencia al trabajo previamente realizado por otros, pero resulta un deber moral y jurídico absolutamente inexcusable referirse a esas investigaciones previas de forma tal que no quepa duda alguna sobre la autoría“.
El manifiesto critica la actitud de Suárez, cuyas únicas explicaciones fueron vertidas a través de un comunicado el pasado 25 de noviembre. En él aseguraba que los plagios se deben circunscribir a “disfunciones porque soy humano”. En aquel momento defendió que no era plagio porque debería haber obtenido por ello un rendimiento económico.
“Sus primeras –y únicas hasta el momento– explicaciones sobre las imputaciones publicadas en la prensa no permiten recobrar la confianza en su trayectoria de integridad académica y personal”, prosigue el manifiesto. Frente a lo dicho por el rector, el plagio “no exige que el plagiador obtenga un beneficio económico de resultas de su ilícita conducta”.
