Urgen medidas fiscales excepcionales para empresas y particulares de La Palma

Santa Cruz de Tenerife, 25 oct (EFE).- El Consejo General de Economistas de España ha trasladado al Gobierno de España una serie de medidas, principalmente de índole fiscal, para empresas y particulares afectados por la erupción del volcán de La Palma.

La idea del Consejo de Economistas es que el Ejecutivo realice “los ajustes necesarios” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se tramitan.

Para las empresas, plantea 20 medidas “con el denominador común de dotarlas de liquidez y evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de los beneficios fiscales que actualmente disfrutan condicionadas al mantenimiento de empleo”.

Y para las personas físicas, tanto particulares como empresarios, pone sobre la mesa once medidas, por un lado, con la finalidad de aliviar la tributación de las actividades económicas afectadas y, por otro, para fomentar las donaciones tanto de empresarios como de particulares a los afectados por el volcán.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, recalca que la erupción volcánica en La Palma es “una situación dramática y excepcional”, que se está produciendo en “un lugar de nuestra geografía con una población reducida”, y apela a la “magnanimidad” de las autoridades, que se vea reflejada en los PGE.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, los economistas proponen para las empresas afectadas por el volcán que no se tengan en cuenta los requisitos exigidos por el Régimen Económico Fiscal (REF) para poder disfrutar de incentivos fiscales por mantenimiento del empleo.

También plantean una prórroga de los plazos de materialización de la Reserva por Inversiones en Canarias (RIC), teniendo como punto de partida el primer ejercicio con resultados positivos, así como ampliar la deducción al 80% en las inversiones realizadas en las zonas afectadas y eliminar los límites de la cuota.

El Consejo de Economistas pide además una nueva deducción por inversión en la creación de nuevas sociedades creadas en la isla y que ejerzan su actividad y generen empleo allí.

Otras medidas que plantea son: materialización de la RIC en la adquisición de suelo en las zonas afectadas, como deuda pública o en empréstitos a empresas que participen en la reconstrucción de La Palma.

Además, pide poder deducir el 50% o el 100% de los donativos, donaciones y aportaciones, y, aplicar la deducción en ejercicios iniciados en 2021, o, alternativamente, que se aumenten los porcentajes y límites de la deducción cuando se trate de donativos a entidades beneficiarias del mecenazgo.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los economistas proponen, entre otras cuestiones: exención de las prestaciones por desempleo percibidas en pago único.

La exención, explica, exige el mantenimiento de la acción o participación, o si desarrolla la actividad como autónomo, del ejercicio de la actividad, durante un período mínimo de cinco años.

Y advierte de que este requisito “es muy probable” que se incumpla como consecuencia de esta crisis extraordinaria provocada por el volcán, por lo que aconseja establecer una excepción cuando el desarrollo de la actividad se vea interrumpido como consecuencia de esta catástrofe natural y se justifique convenientemente.

En caso contrario, “muchos de estos contribuyentes se verían obligados a regularizar su situación en la autoliquidación de Renta 2021”.

El Consejo de Economistas propone aumentar la reducción sobre los rendimientos netos cuando el inmueble se destine a vivienda habitual, pasando del 60% al 100%, siempre que el arrendatario sea una persona afectada directamente por el volcán con algún límite.

También plantea reducir los rendimientos netos respecto de los alquileres de tierras de cultivo en desuso que se pongan a disposición de las empresas o empresarios afectados.

Asimismo, pide que se contemple la exención de IRPF de todas las ayudas percibidas por los damnificados, no sólo las de daños personales comprendidas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2021, y aplicar una reducción de la ganancia patrimonial generada por la venta de inmuebles a afectados y que vaya a constituir la vivienda habitual.

El Consejo de Economistas ve “muy probable” que se produzcan retrasos en los pagos de determinadas rentas, por lo que, al objeto de adecuar la base imponible a la capacidad de pago del contribuyente, plantea aproximar los criterios de imputación al cobro efectivo de las mismas.

En relación con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), los economistas proponen, entre otras cuestiones, flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas repercutidas y no cobradas.

En el ámbito laboral, ven conveniente establecer para los trabajadores autónomos un procedimiento que simplifique y facilite el acceso a percibir la prestación por cese de actividad.

En cuanto al ámbito mercantil, plantea mantener la suspensión del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital por el que se establece que las sociedades están obligadas a convocar una junta general en el plazo de dos meses y acordar su disolución o instar el concurso cuando sus pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Esta flexibilidad normativa, esgrimen, daría margen de maniobra a las empresas para evitar su disolución antes de que se hagan efectivas las ayudas que garanticen su viabilidad.