“Te ves tus cicatrices, tus hoyos y tienes que convivir con las secuelas, pero lo único que pido es que se haga justicia y me dejen descansar. Entiendo que la justicia es lenta, que soy sólo un número y hay casos mucho más importantes que el mío, o a lo mejor soy el garbanzo negro del cocido que les está molestando, pero que me dejen descansar para que pueda cerrar capítulos”.
Esta es una afirmación que intenta resumir la situación en la que vive Luisa (es un nombre ficticio) desde que hace 10 años explotara una bomba en el vagón del tren de Atocha en el que se dirigía a su trabajo como teleoperadora.
El 11M –una fecha que le cuesta pronunciar– le cambió la vida. Además de ser víctima del terrorismo, ese día empezó “un calvario” médico y judicial que todavía perdura por lo que ella atribuye a un “cúmulo de errores”: “Nunca hubiera pensado que diez años después iba a estar como al principio”, sintetiza antes de relatar su historia.
El día del atentado tuvieron que operarla de urgencia del pulmón por el líquido pleural. “Estuve en observación porque estaba destrozada por dentro, aunque aparentemente no había perdido ningún miembro”, dice antes de explicar que en el hospital le hicieron las curas básicas (escayolarle una pierna, curarle las quemaduras y quitarle la metralla) y, tras mantenerla en observación unos días, le dieron el alta para que la aseguradora de su empresa se hiciera cargo de su tratamiento por tratarse de un “accidente laboral”.
La mutua –se omite el nombre para no entorpecer el proceso judicial de Luisa– la derivó a los distintos especialistas: el otorrino, que le diagnosticó una hipoacusia severa –una pérdida de audición que se ha incrementado del 65% al 100% en un oído y el 95% en el otro–; el odontólogo, que le quitó la metralla que le quedaba en la boca pero no pudo colocarle la mandíbula, para lo que tuvo que esperar hasta que se solucionaran otros problemas del sistema auditivo.
También pasó por el psicólogo, que la atendió durante dos meses antes de decirle que “esto era algo que tenía que asumir en casa”, y el traumatólogo. “Antes de darme el alta, en 2005, pasé por el traumatólogo y le dije que no podía mover la mano, que la tenía hinchada y que no la podía doblar. Me dijo que todos mis dolores eran psicológicos: ”¿Cómo iba a contradecir a un médico? Supuse que tenía razón“.
Cuatro años con el brazo roto
A pesar de sus quejas, la mutua le dio el alta en febrero de 2005 y le indicó que su seguimiento tendría que continuar en la Seguridad Social. “Ahí empezó el cúmulo de errores y la odisea por la que 10 años después sigo peleando”, relata Luisa. La aseguradora envió un informe a la Audiencia Nacional con errores –como reducir a 120 los días de baja, cuando habían sido 352– y omisiones –el punto 8 en el que debía aparecer el problema de su brazo estaba borrado–.
Pidió un nuevo informe, pero en la sentencia del 11M no lo recogieron y la calificaron de acuerdo a una incapacidad parcial, la que ocasiona al trabajador una disminución en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales en ella.
A Luisa la despidieron de la empresa en la que trabajaba como teleoperadora porque no puede ejercer sus funciones debido a su sordera, por lo que le correspondería tener una incapacidad total –aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta–.
Una vez que la aseguradora le dio el alta, su médico de cabecera la derivó a las distintas especialidades. La lista de espera de la Comunidad de Madrid hizo que la primera vez desde 2005 que la vio un traumatólogo fuera en noviembre de 2007, tres años y medio después del atentado, fecha en la que le dijeron que tenía tres huesos rotos en la muñeca.
La primera operación a la que se sometió fue una artrodesis parcial en mayo de 2008, cuatro años después del atentado. En los dos años siguientes tuvo que someterse a dos intervenciones más porque la primera no dio resultado. Ahora tiene la muñeca fija, que le impide “cosas tan básicas como abrocharme el sujetador”, y debe someterse a al menos tres operaciones más (un implante coclear, una intervención del radio y otra para las hernias).
“Aporté toda la documentación en plazo, antes de que la sentencia fuera firme, pero hicieron caso omiso, nadie lo tuvo en cuenta”, dice Luisa. En la Audiencia le dijeron que había otras 30 personas con el mismo problema debido a que se “traspapelaron dossieres”. “Claro, en una sentencia con más de mil personas, 30 son pocos –concede–, pero es injusto”.
La única vía que tienen las personas como Luisa, a quien no se le reconocieron sus patologías desde el inicio, o las víctimas a las que se les han agravado las secuelas (también es su caso), es recurrir a la justicia en la Sala de lo Social. Cientos de víctimas pelean actualmente en los juzgados para que se admita el agravamiento de sus secuelas o las que no les fueron reconocidas desde el inicio, según explicó Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11M afectados del terrorismo, en una entrevista en eldiario.es.
“Me han paralizado la vida”
Después del varapalo de la sentencia del macrojuicio, Luisa inició su propia batalla: que le reconozcan una incapacidad superior “para que digan qué tipo de trabajo puedo desempeñar, dado que está claro que no puedo ser teleoperadora”.
La primera vista oral, en 2010, se suspendió porque no compareció la aseguradora. El juicio se celebró en mayo de 2012 y fue desestimatorio, pese a que había presentado todos los informes médicos, incluido el que elaboró el forense de la Audiencia Nacional en 2010, en el que señalaban todas las “secuelas no reseñadas en el informe de sanidad anterior” (varias hernias, sus operaciones para la disociación escafo-lunar de la muñeca, depresión y perjuicio estético, entre otros).
En noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la sentencia de primera instancia y, desde entonces, Luisa está a la espera de que se repita la vista oral y de que el juez dicte una resolución.
“Han pasado 10 años y estoy como al principio, pero con más achaques. Me han paralizado la vida”, lamenta recién operada de la mandíbula, una intervención –para recolocársela porque todavía no podía cerrar bien la boca y ponerle ácido hialurónico– que no pudieron efectuar hasta que no tuvo “reestructurados los oídos”.
Luisa ha desarrollado resignación hacia el dolor y asume que tiene que vivir con las secuelas de los oídos y de la muñeca, pero también con mareos o fuertes dolores de cabeza (en noviembre la mandaron por primera vez al neurólogo y le ha diagnosticado un traumatismo para el que ha empezado a tratarse con pánico ante la posibilidad de que le digan que tiene que operarse otra vez).
Frente a todo ello, sólo pide justicia: “Mi vida está totalmente cercenada. Ves un montón de cosas que son muy injustas: yo entiendo que la justicia es lenta, que hay cosas más prioritarias que subsanar, y entiendo que lo mío es una tontería en comparación con otros casos, pero yo lo que quiero es que se haga justicia”.
“Me encuentro en el inicio tras 10 años de calvario. Estoy completamente desamparada, desesperada y, sinceramente, sin ganas de seguir luchando: estoy agotada. Creo que están haciendo la ley del desgaste: estás contra el pez grande y tú eres el pez pequeñito. Sólo quiero una resolución judicial para poder cerrar capítulos”, expresa antes de romper a llorar al decir que, si la mutua hubiera enviado bien el informe a la Audiencia y le hubieran mirado correctamente el brazo, nada de esto hubiera pasado.
Y sin mencionar en ningún momento que lo injusto fue que pusieran una bomba en el vagón en la que ella iba ilusionada a trabajar para luego ir a comprar el regalo de cumpleaños de su padre.