En los nueve primeros meses de 2021 las startups españolas han levantado unos 2.600 millones de euros de inversión, según la consultora británica Atomico. Es más del triple que el año anterior, a lo que hay que sumar que en el último trimestre se han producido rondas tan sonadas como la de Jobandtalent, que consiguió otros 440 millones. A final de año la cifra superará holgadamente los 3.000 millones de euros, récord que el Gobierno quiere consolidar con la Ley de Startups que ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros.
España cuenta con unas 10.000 de estas empresas emergentes, pero las estadísticas revelan que alrededor del 60% mueren en sus tres primeros años de vida. La nueva regulación incluye un paquete de reformas para allanar su camino en ese período inicial, entre las que se encuentran la de facilitar que logren financiación extranjera o atraigan trabajadores no nacionales o españoles emigrados.
“Queremos eliminar las barreras de entrada. Que España sea un país atractivo para crear nuevas empresas, que pueda liderar la atracción de talento y que los inversores encuentren aquí un clima óptimo para apoyar a los emprendedores nacionales”, han explicado fuentes de alto nivel del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital en una reunión con periodistas.
Tras varios meses con un borrador en consulta pública, el Gobierno espera que la nueva Ley pueda concluir su trámite parlamentario en el primer semestre de 2022. En los “contactos informales” mantenidos con los grupos de la oposición se ha encontrado “muy buena disposición”, revelan las mismas fuentes. Estas son algunas de las claves del texto:
Qué se considerará “startup”
Para ser consideradas “startups” y optar a las ayudas y beneficios fiscales que se incluyen en la Ley, las empresas deberán tener menos de cinco años de vida, no cotizar en bolsa, no distribuir dividendos, facturar menos de cinco millones de euros y tener “carácter innovador”. En algunos sectores concretos, como el tecnológico o el industrial, el período será un poco más amplio: desde su fundación hasta los 7 años.
La última palabra sobre el “carácter innovador” de las organizaciones la tendrá la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria, que será el organismo encargado de decidir en última instancia qué empresas pueden ser consideradas startups y cuáles no.
Sin aranceles notariales o registrales
Se eliminan los aranceles de notarios y registradores mercantiles para la constitución de sociedades, “siempre que se hagan con los estatutos tipo y por la vía electrónica”, detallan fuentes de Asuntos Económicos. Además, como ya se había anunciado, la constitución de la empresa se podrá completar en seis horas si se solicita digitalmente y con esos estatutos tipo, y en cinco días para el resto de casos.
Rebaja en el impuesto de sociedades
Las startups pagarán un 15% de impuesto de sociedades, frente al 25% que venían pagando hasta ahora. En esos primeros cinco años de vida, las startups también podrán aplazar el pago de impuestos sin pagar intereses de demora.
Exención fiscal a la inversión y solo con NIF
Los primeros 100.000 euros que cada inversor meta en una empresa emergente estarán exentos de tributación. La medida incluye también los primeros 100.000 euros que invierta cada uno de sus fundadores. Hasta ahora el límite eran 60.000 euros. También se elimina el requisito de obtener el NIE para los inversores no residentes en España: a partir de ahora solo se requerirá que tanto ellos como sus representantes legales tengan NIF (Número de Identificación Fiscal).
Tres startups con ayudas a la vez
Cuando el Gobierno sacó a consulta pública el borrador de la Ley se generó cierta polémica acerca de la trayectoria que tenían que tener los fundadores de esas startups para optar a sus ventajas, ya que establecía límites. “En ningún momento se persigue el multi-emprendimiento”, aclaran fuentes del Ejecutivo: “Lo que queremos es evitar el fraude de aquellas personas cuyas empresas se acerquen a los cinco años, para que cuando los cumplan no disuelvan la empresa y la vuelvan a crear con los mismos activos para alargar cinco años más las ayudas”.
En la redacción que presentará finalmente Calviño se establece un máximo de tres empresas emergentes por empresario. Desde Asuntos Económicos recuerdan que en cualquier caso el texto debe pasar ahora a trámite parlamentario, donde se podrán introducir las enmiendas que acuerden los grupos.
Ventanilla única
La Ley toca un gran número de factores y en su redacción han participado diez ministerios. No obstante, en lo referente a la información y solicitud de las diferentes ventajas que ofrece, tendrá ventanilla única: el Gobierno quiere que todo se centralice desde la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), que abrirá sus puertas en 2022. Su objetivo es que ONE también sirva como referencia al resto de organizaciones que dan ayudas al emprendimiento y que colabore con personas, empresas e instituciones en sus candidaturas a subvenciones internacionales.
Compatibilizar la startup con otro empleo
Se pone fin a la duplicidad de cotizaciones sociales. “Una persona que trabaje por cuenta ajena puede estar empezando a crear una startup y encontrarse con que, para la Administración, está cotizando dos sueldos: por cuenta ajena y por autónomo. Hemos eliminado la duplicidad de cotizaciones sociales de autónomos durante los primeros tres años”, adelanta Asuntos Económicos.
Visados para trabajadores extranjeros y nómadas digitales
Se crearán visados especiales de hasta cinco años para que las startups españolas compitan en la “batalla global” por atraer talento. Podrán optar a ellos tanto los trabajadores extranjeros que fichen las empresas emergentes como los empresarios que funden startups con sede en España.
La Ley también regula la obtención de esos visados especiales para los llamados “nómadas digitales”, teletrabajadores de compañías extranjeras que fijen su residencia en España. En este caso, no será necesario que estén contratados por una startup para poder optar a ellos.
Cobro en acciones
En las startups es habitual que se utilicen las stock options como forma de retribución o para fidelizar a los trabajadores. Son opciones preferenciales de compra de acciones para cuando la empresa abra esa posibilidad. Con la nueva Ley, los primeros 50.000 euros recibidos de esta forma estarán exentos del pago de IRPF. Actualmente el límite está fijado en 12.000 euros.