“Emplazamos a Catalunya y Madrid a que hagan el último esfuerzo para usar la app Radar COVID cuanto antes. Representan el 30% de la población española y sus principales ciudades. No podemos dejar desprotegidos a sus habitantes”, pedía hace una semana la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. Su departamento ha sido el encargado de desarrollar la versión española de la aplicación móvil de rastreo de contagios de coronavirus y, según los datos que maneja, éstas son las dos únicas comunidades que aún no la están utilizando en su territorio pese a su preocupante situación epidemiológica (especialmente crítica en Madrid, con 646 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana frente a los 158 de Catalunya).
Una semana después del llamamiento la situación no ha cambiado. Ni catalanes ni madrileños pueden notificar su situación de contagio a través de la app ni, por tanto, recibir alertas sobre contactos de riesgo procedentes de otros residentes en su comunidad. No obstante, los motivos en cada caso son diferentes.
Mientras que Catalunya dice que ha tenido “problemas técnicos” en la conexión de su sistema sanitario a la infraestructura de rastreo de Radar COVID, la Comunidad de Madrid completó ese proceso el 2 de septiembre. Sin embargo, decidió no implantar la app inmediatamente, sino que lanzó una nueva fase de pruebas en Guadarrama, un municipio de la sierra noroeste de la comunidad de unos 15.000 habitantes. Un mes después, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aún no ha ofrecido ningún dato sobre los resultados de esas pruebas o cuáles son sus planes para continuar la implantación de Radar COVID en el resto de la Comunidad.
“La aplicación Radar COVID es una app nacional que se ha puesto en funcionamiento en el municipio de Guadarrama. Se trata de una aplicación anónima y gratuita, motivo por el cual no disponemos de registro de los datos”. Es toda la información que proporciona la Consejería de Sanidad de Madrid al ser cuestionada por la aplicación de rastreo de contagios. Fuentes del departamento Salud Pública de la Comunidad contactadas por elDiario.es exponen que este equipo “tampoco conoce el motivo por el que la app aún no se puede usar en Madrid”.
Desde el Ejecutivo central destacan que la app no requiere más pilotos a nivel tecnológico para ser utilizada por toda la población. Defienden que Radar COVID ya fue puesta a prueba con un piloto nacional en la isla de La Gomera, donde demostró que era capaz de “doblar la eficacia” de los rastreadores manuales en la detección de contactos de riesgo. La app de rastreo de contactos ya forma parte de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad, que incluye, por ejemplo, la entrevista tipo que un rastreador debe hacer a un ciudadano que se ponga en contacto para notificar que ha recibido una alerta de contacto de riesgo a través de la app.
La última versión de ese mismo documento elaborado la Comunidad de Madrid, una “adaptación” de la estrategia nacional publicado el 28 de septiembre, omite la existencia de Radar COVID y los protocolos que detallan cómo han de manejarse los contactos de riesgo detectados por la app. Tampoco hay ninguna mención en el documento homólogo elaborado por la Generalitat de Catalunya, actualizado el 30 de septiembre.
El proceso de integración técnica en Radar COVID permite que los servicios de salud autonómicos puedan enviar a sus ciudadanos las claves necesarias para que estos notifiquen al resto de usuarios de la aplicación que han dado positivo en un test de coronavirus. Se trata de códigos alfanuméricos que deben ser generados y suministrados por los médicos, enfermeros o rastreadores (según el protocolo de cada comunidad) cuya misión es evitar que se notifiquen falsos positivos al sistema de rastreo digital.
Al introducir ese código en Radar COVID, una acción voluntaria y anónima, se activa el mecanismo de alerta. Cuando un usuario de la app ha pasado 15 minutos o más a menos de dos metros de una o varias personas que han comunicado su positivo, recibe una notificación y Radar COVID le informa de que su “exposición al virus es alta”, por lo que debe ponerse en contacto con los servicios médicos de su comunidad.
Todas las comunidades han completado este proceso técnico a excepción de Catalunya y Ceuta. Desde la Secretaría de Estado de Digitalización explican que la tardanza de Catalunya se debe a que “las pruebas que estaban haciendo con la app fallaban”. “Catalunya ha sido la que más ha tardado como podía haber sido cualquier otra comunidad”, recalcan, detallando que los últimos test realizados desde el servicio de salud catalán han subsanado los errores, por lo que esperan que su integración definitiva sea “inminente”.
“Estamos trabajando para integrarlo al sistema”, explica la Generalitat a elDiario.es, sin ofrecer más detalles.
El proceso de integración en las comunidades es un requerimiento técnico derivado de las condiciones impuestas por Google y Apple, que proporcionan la base de la tecnología de rastreo y solo permiten dar de alta una aplicación por país para evitar la proliferación de apps falsas. Por tanto, en España cada una de las comunidades debe engancharse al sistema central para gestionar la aplicación en su territorio.
Esta cuestión no impide que Radar COVID sea capaz de registrar los contactos de riesgo entre usuarios de distintas comunidades. Prueba de ello es la alerta que recibió una ciudadana madrileña tras un viaje a Andalucía, como contó Telemadrid. Pese a que Madrid aún no permite a sus ciudadanos notificar su positivo al sistema, Andalucía fue una de las primeras comunidades que completó la integración y empezó a proporcionar las claves con las que informar al resto de usuarios de un contagio a principios de septiembre.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo, la app ha sido descargada más de cuatro millones de veces. Una reciente encuesta de la OCU entre personas de 25 a 79 años señalaba de un 28% de los entrevistados ya tenía la app instalada, mientras que un 12% más planea hacerlo “en breve”. Un 35% duda sobre si la activará en su teléfono o no, mientras que un 16% declaró que no lo hará “en ningún caso”.
La situación de Radar COVID en Madrid, aparcada en Guadarrama por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, contrasta con la actuación de la presidenta con la app de autodiagnóstico CoronaMadrid, lanzada en marzo. Entonces fue la propia Ayuso la que se puso en contacto personalmente con el empresario Martín Varsavsky, fundador de Jazztel, para encargarle que desarrollara una app con la que poder obtener más datos sobre cómo estaba evolucionando el coronavirus en la comunidad.
Varsavsky, aliado con un grupo de empresas del sector digital, le presentó la app CoronaMadrid unos días después. Tomó la forma de una aplicación de autodiagnóstico y seguimiento de la enfermedad para ayudar a los ciudadanos a saber si sus síntomas coinciden con los que provoca el coronavirus, mucho más desconocido en aquellos días. También pretendía descargar los saturados teléfonos de información sobre la enfermedad. El problema fue que la primera versión de la app presentaba graves fallos en su política de privacidad, haciendo posible sobre el papel que las empresas desarrolladoras (Google, Ferrovial, Telefónica o la propia Goggo Network de Varsavsky, entre otras) almacenaran los datos sanitarios de los usuarios o tuvieran acceso a su GPS. Versiones posteriores corrigieron esos errores.
A día de hoy parte de la información que proporciona CoronaMadrid está desactualizada. Por ejemplo, pide el uso de mascarilla para “las personas que tienen síntomas y quienes están en contacto con ellas. También es obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte público, en los espacios cerrados y siempre que no pueda respetarse la distancia de seguridad mínima de 1.5 m”. Sin embargo, desde el 30 de julio, la mascarilla es obligatoria en Madrid “tanto en el transporte, como en la vía pública, espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso publico o que se encuentre abierto al público”. Tampoco incluye la reciente rebaja de las cuarentenas de 14 a 10 días.
La app promovida por Varsavsky, que salió de España como “refugiado del COVID” a principios de septiembre, apenas cumplió su función más allá del alivio pasajero de los teléfonos de información. No tuvo éxito en su otra misión: proporcionar a la Comunidad datos estadísticos sobre el número de personas enfermas de coronavirus y la evolución de la pandemia en la región. Varias personas que estudiaron esa app en primavera explican que lo habitual era que los usuarios no la mantuvieran instalada, sino que respondieran a las preguntas del test y se la desinstalaran.
Ahora, la Comunidad mantiene desactivada la app de rastreo Radar COVID, que cuenta con un notable apoyo académico por parte de epidemiólogos y expertos de varias ramas de la tecnología por su potencial para detectar cadenas de contagio que podrían quedar fuera del alcance de los rastreadores manuales y ser un apoyo en su labor.
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