La Agencia de Protección de Datos “no permitirá” que los partidos creen bases de datos con perfiles ideológicos de los ciudadanos
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avisado este jueves a los partidos políticos que “no se va a permitir el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas, y no se va permitir el envío de información personalizada basada en perfiles ideológicos”. La directora de este regulador independiente con capacidad sancionadora, Mar España, ha querido aclarar la interpretación que la Agencia hará de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se aprobó ayer en el Senado.
España ha asegurado en una reunión informativa que la aplicación de la norma por parte de la AEPD será “la más garantista posible” en lo referente a la posibilidad de generar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos. El órgano, encargado de interpretar y aplicar la ley, entiende que esta no autoriza a los partidos a llevar a cabo esta práctica y anuncia que adoptará una actitud “extremadamente rigurosa y vigilante” para impedirla. En esta línea, ha advertido que puede sancionar a los partidos que la lleven a cabo con hasta 20 millones de euros.
El punto de la nueva norma de protección de datos que ha generado críticas es su disposición final tercera, que a su vez introduce una modificación en la Ley de Régimen Electoral General. Múltiples juristas y organizaciones como la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han alertado que este cambio ha supuesto legalizar “el Cambridge Analytica español” y su redacción es deficiente, ya que abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre lo que pueden hacer o no los partidos con la información ideológica que encuentren sobre los ciudadanos en su rastreo de páginas web y redes sociales que se han auto-autorizado a hacer.
“La Agencia no va a valorar si está bien redactado o no, aunque lo que sí trasladó la Agencia durante las negociaciones fue que quizá el marco más adecuado para una modificación de ese calado no era el marco de la protección de datos”, ha revelado este jueves España.
La AEPD afirma que el rastreo de las redes sociales y páginas web por parte de los partidos solo podrá ser usado para “pulsar la opinión pública” de forma anónima, pero que estos no podrán utilizar esa información para enviar propaganda personalizada.
Los partidos podrán enviar propaganda al móvil aunque nunca les hayas dado tu número
Lo que ha reconocido España es que ni la interpretación más garantista de la ley por parte de la AEPD podrá impedir que los partidos rastreen las redes hasta encontrar los datos de contacto de los ciudadanos, como el número de teléfono o email, y se pongan en contacto con ellos sin su consentimiento previo.
Esta práctica esta prohibida para el resto de empresas y organizaciones, que no pueden enviar propaganda si no existe una relación contractual previa y el ciudadano está de acuerdo. Con la modificación de la ley electoral vía ley de protección de datos aprobada este miércoles en el Senado, los partidos han añadido una excepción para sí mismos que les permite el envío de spam durante las campañas electorales a partir de datos que encuentren en Internet.
¿Cuál es la justificación de esta excepción? “Eso tendrán que preguntárselo a los partidos que han negociado la ley, a la Agencia solo le corresponde interpretarla”, ha contestado España. La directora de la AEPD sí ha querido reseñar que los partidos tendrán la obligación de garantizar una manera sencilla y efectiva para oponerse al envío de esa publicidad electoral.
Los Tribunales tendrán que decidir
Sobre la posibilidad de que la Agencia lleve a cabo otra interpretación de la ley cuando cambie su dirección (el mandato de España concluye en 2019) y permita a los partidos llevar a cabo las actuaciones que ahora les negará, España ha opinado que “para entonces ya habrá un posiciamiento jurídico firme”.
La directora de la AEPD confirma así la previsión de muchos juristas, que explican que la ley terminará en los tribunales. Unidos Podemos anunció este miércoles que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional, mientras que hoy se han unido a esa voluntad organizaciones como la Asociación de Usuarios de Internet.
