Trump aprovecha el coronavirus para desmantelar las leyes de protección medioambiental

La administración Trump sigue socavando con empeño las leyes de protección medioambiental, incluso en el actual contexto de pandemia. En plena campaña para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre, la administración ha aprovechado la actual emergencia sanitaria para desmantelar muchas de las normas que protegen el medio ambiente y la salud pública.

Durante el confinamiento, las agencias federales de Estados Unidos han flexibilizado las normas de eficiencia en el uso de combustible para los automóviles nuevos; han dejado en suspenso las normas relativas a la contaminación del aire por hollín; han propuesto que se eliminen los requisitos de inspección para las terminales de gas natural licuado. Han seguido igualmente alquilando bienes públicos a las empresas de petróleo y gas, y han tratado de acelerar la concesión de permisos para las piscifactorías en alta mar.

Asimismo, han apoyado una propuesta de las centrales eléctricas que daría más margen al gobierno para decidir que algunas restricciones son demasiado costosas como para justificar los beneficios [medioambientales] que se obtienen de ellas. Por otra parte, durante la pandemia el gobierno también ha flexibilizado la normativa de rendición de cuentas por parte de los grandes contaminantes.

De hecho, los ambiciosos planes de Trump llegan hasta la luna. El presidente ha anunciado que le gustaría que Estados Unidos pudiera llevar a cabo actividades de minería en este satélite.

Gina McCarthy, una científica que durante la presidencia de Obama dirigió la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA por sus siglas en inglés) y que en la actualidad dirige el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, ha indicado que Trump está aprovechando que los ciudadanos de Estados Unidos están preocupados por la crisis sanitaria para recortar leyes que protegen la salud pública.

“Ahora mismo los ciudadanos están agobiados ya que su máxima preocupación es tener dinero para comprar comida, cuidar a los enfermos y educar a sus hijos en casa”, ha señalado McCarthy. “¿Cuantas personas pueden sentarse y analizar detenidamente estos cambios? McCarthy considera que la administración actual ”no tiene ningún interés“ por la ley o la ciencia y que esto ”va a quedar en evidencia“ cuando los ciudadanos analicen cómo el gobierno está gestionando la pandemia de COVID-19.

Medidas difíciles de revertir

En su opinión, la administración Trump actúa a la defensiva pero también ataca, rescindiendo algunas leyes y modificando y tramitando otras. En el supuesto de que el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ganara las elecciones, tendría que invertir mucho tiempo en volver a la situación anterior.

La Agencia de Protección Ambiental ha elaborado una propuesta para el sector de la aviación que, según los que se oponen a esta medida, no podrá mitigar el daño climático de los aviones. Los detractores de esta propuesta argumentan que una vez se implemente será muy difícil conseguir que se aprueben normas más estrictas.

El equipo de Trump ha intentado impulsar un programa de rescate ligado al coronavirus para el sector del gas y del petróleo, un nuevo paso en su campaña para respaldar a la industria y bloquear el movimiento mundial contra el cambio climático. El presidente ha cuestionado la evidencia científica en torno al cambio climático y optó por salir del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y que podría materializarse después de las presidenciales de noviembre.

Los historiadores señalan que la presidencia de Trump ha provocado una oscilación de péndulo y un giro respecto a la toma de consciencia medioambiental de las décadas de 1960 y 1970, época en la que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano apoyaron las medidas de protección del medioambiente. En cambio, en el momento actual, el debate en torno a la protección del medioambiente, y en especial todo lo relativo al cambio climático, ha quedado condicionado por la ideología política.

“Lo que ha hecho Trump es diseñar una guerra relámpago contra el medioambiente para desmantelar los logros de Barack Obama y regresar a la situación anterior a la presidencia de Richard Nixon”, indica Douglas Brinkley, un profesor de historia de la Rice University que está escribiendo un libro sobre esta cuestión. “Es como una muerte por causas múltiples. No es un problema puntual sino una situación que nos afecta a todos”.

El actual presidente tiene poco tiempo si quiere consolidar los cambios antes de las presidenciales. Una ley estadounidense, la Ley de Revisión del Congreso, permite a los legisladores rescindir más fácilmente las normas y los cambios que las agencias federales han aprobado en año electoral. “Para Trump, es ahora o nunca”, apunta Christine Tezak, directora ejecutiva de la consultora ClearView Energy Partners, “quieren tener cerradas muchas cosas antes elecciones, por si acaso”.

Trump tiene algunos movimientos en contra. Algunos estados han impulsado medidas de protección del medioambiente y las energías renovables y el gas natural tienen un bajo coste y contribuyen a mitigar el cambio climático. De hecho, incluso la ciudad de Houston, donde se concentran muchas empresas de la industria petrolera, ha aprobado un plan de acción climática. Sin embargo, todos estos proyectos no conseguirán mitigar el papel clave que desempeña Estados Unidos en la emergencia climática mundial.

Los activistas medioambientales han llevado muchas de las decisiones de Trump ante los tribunales y han ganado. En este sentido, el Resources Defense Council ha demandado a la administración en 110 ocasiones y ha ganado el 90% de las veces.

Recientemente, los jueces han revocado un permiso para la construcción del oleoducto de Keystone XL y han decidido que la EPA no puede impedir que los científicos que reciben subvenciones federales sirvan como asesores de la agencia.

Jeff Holmstead es un abogado del bufete Bracewell, representa a las industrias sujetas a regulación y fue administrador adjunto de la EPA durante el gobierno de George W. Bush. Argumenta que muchos de los cambios que se presentan como “retrocesos” son en realidad “reformas reglamentarias sensatas y razonables” o soluciones a problemas.

“Es imposible entender la EPA de la administración Trump si no se retrocede en el tiempo y se tienen en cuenta las decisiones que tomó la EPA durante la presidencia de Obama”, señala Holmstead. “Muchos sectores tenían la sensación de que durante la presidencia de Obama la Agencia se excedió en la regulación. E incluso si no estás de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que los programas de regulación crearon problemas que no se solucionaron”.

“La clave es a quién estamos protegiendo”

El programa de desregulación de Trump ha abordado algunas cuestiones que la industria preferiría que no fueran supervisadas por la administración. Por ejemplo, la Agencia está cambiando la forma en que calcula el beneficio que supone que las centrales térmicas lleven a cabo controles periódicos del nivel de mercurio. Las compañías ya habían cumplido con esta normativa y la mayoría no quería que se cambiara. Sin embargo, la reforma pretende sentar un precedente para que el gobierno ignore los beneficios que esta norma tenía para la salud pública. Los estándares menos sólidos de Trump a menudo son contrarios a la ciencia, alegan sus detractores.

El mes pasado, por ejemplo, la EPA decidió no endurecer las normas sobre contaminación por hollín, refutando así la opinión de los expertos de que con una normativa más estricta se salvaría vidas. Por otra parte, la EPA también ha llenado sus consejos asesores con representantes de la industria y de los estados con mayoría republicana, y está tratando de cambiar qué debería ser evaluado por los científicos cuando se elaboran medidas de protección de la salud.

Si el candidato demócrata gana las elecciones presidenciales, necesitará años para revertir los cambios que ahora Trump está impulsando. Para hacerlo más rápido los demócratas necesitarían tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Incluso en este caso, la industria lucharía con uñas y dientes para no perder el espacio ganado.

Christopher Cook, el responsable de medio ambiente de la ciudad de Boston, afirma que los esfuerzos de Trump son “incongruentes” con las acciones que están impulsando todas las grandes ciudades del país. “Lo que le pediría a los estadounidenses que tuvieran en cuenta cuando se muestran a favor de una regulación más estricta es que lo que deben preguntarse no es de qué nos estamos protegiendo sino a quién estamos protegiendo”, indica.

Puntualiza que los lugares con más contaminación son los que tienen más casos de coronavirus. “La pandemia ha sido un simulacro de lo que podría ser una crisis climática. Vemos a qué comunidades afecta porque ataca su sistema respiratorio. Estados Unidos no se puede permitir seguir con los niveles actuales de contaminación”.

Traducido por Emma Reverter