En los últimos meses si la política española se ha destacado por algo, ha sido por sus casos de corrupción. Algunos parecen derivados de la política de décadas pasadas, pero otros se dirigen claramente hacia formaciones nuevas y tienen toda la apariencia de ser un simple uso de la justicia para atacar a oponentes políticos, y de ese modo generalizar la idea de que “todos son iguales”, también los “pequeños” o los “alternativos al bipartidismo”. Pocas veces la opinión pública tiene el suficiente sentido común o se toma el tiempo necesario para distinguir los errores de gestión de los casos graves que orientan millones de euros de inversión pública hacia los intereses de los corruptores y que suponen el enriquecimiento ilícito de los corruptos.
Uno de los casos más alarmantes de este abuso de la justicia ha tenido lugar en un pequeño pueblo de Extremadura y, desgraciadamente, ha pasado desapercibido a pesar de su gravedad. Se trata del municipio de Carcaboso, en Cáceres. Su alcalde ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y ahora se enfrenta a una condena de hasta tres años de cárcel. El caso resulta más triste todavía por el hecho de que el encausado es un joven alcalde de un partido minoritario (Prex-Crex) que ha intentado paliar el desempleo de su pueblo con innovadoras iniciativas, convirtiéndolo en un referente nacional de agricultura ecológica y de creación de empresas de economía social y cooperativa.
Alberto Cañedo, fue elegido en dos ocasiones alcalde de Carcaboso, pueblo de 1300 habitantes con una economía fuertemente orientada hacia el sector de la construcción y que ha sufrido especialmente su burbuja. Cañedo intentó paliar el desempleo de sus vecinos poniendo en práctica ideas de los movimientos sociales internacionales más innovadores. Comenzó cediendo terrenos municipales en desuso para la implantación de iniciativas de producción de alimentos ecológicos, poco después creó cooperativas elaboradoras y comercializadoras de productos del campo, un banco de tierras, gallineros comunitarios, un centro agroecológico demostrativo para formación y experimentación, jardines comestibles, ejemplos de bioconstrucción, y huertos escolares. Todas estas iniciativas hicieron que Carcaboso empezase a ser conocido a nivel nacional como un municipio puntero en temas de agroecología y en 2011 consiguió el Premio CONAMA a la sostenibilidad en pequeños y medianos municipios.
Estas ideas innovadoras intentaron responder, no sólo al desempleo, sino también a la enorme insostenibilidad global de nuestra sociedad a base de revalorizar la cultura campesina, crear comunidad y fomentar una economía resiliente frente al pico del petróleo. Pero en la Extremadura rural de Carcaboso todas estas cosas chocaron contra una política anclada en el pasado y con un bipartidismo que no se deja arrebatar el control tan fácilmente.
El equipo del PSOE en la oposición reaccionó ante la pérdida del poder saturando de solicitudes de información al Ayuntamiento. Entre los años 2007 y 2009 emitió 700 escritos que consiguieron paralizar el Ayuntamiento y, al no ser contestados a tiempo, dieron pie a una demanda contra el alcalde por negarse a facilitar la documentación requerida. El Juzgado de lo Penal de Plasencia consideró al alcalde autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y le condenó a nueve años de inhabilitación, fallo que ratificó la Audiencia Provincial de Cáceres. La misma pena, por hechos similares, había recaído unos años antes sobre el anterior alcalde de SIEx, José María Sánchez Navarro, gracias al mismo procedimiento.
Pero el problema no se ha detenido ahí, ya que, en estos momentos, Alberto Cañedo se enfrenta a un nuevo proceso judicial en el que se piden hasta 3 años de cárcel por la concesión de unas licencias de ocupación. Este nuevo proceso se debe a un error de gestión del Ayuntamiento, pero está muy lejos de ser un intento de enriquecimiento ilícito, y contrasta fuertemente con casos de corrupción que involucran millones de euros, como los de la trama Gürtel, y para los que en algunos supuestos se están pidiendo penas similares.
Actualmente Alberto Cañado ha emprendido una campaña de recogida de apoyos para llevar su caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Mientras, en Carcaboso, cunde el desánimo y el miedo, ¿cómo puede alguien intentar hacer una política diferente en estas condiciones?
Estamos en crisis, nos enfrentamos al descenso energético y a un siglo XXI tremendamente complicado, y much@s pensamos que nuestras frágiles sociedades basadas en la energía del petróleo pueden colapsar. A pesar de todo, las soluciones existen y están al alcance de nuestras manos. Sabemos cómo cultivar la tierra de otra manera, sabemos cómo construir de otra manera, movernos de otra manera, y crear empleo en comunidades que se organicen de otra manera. El problema es que todas estas soluciones, que conocemos desde hace décadas, no se aplican porque existe una inmensa inercia política y unas élites que se resisten a perder el poder y se dedican a estrangular cualquier amago de transición.
Solo podemos esperar que el caso del alcalde de Carcaboso nos sirva de aviso, y que tanto las iniciativas de transición como los partidos alternativos que en estos momentos quieren cambiar la realidad española no acaben siendo víctimas mortales de este tipo de maquinaciones
