El lobby taurino busca asustar con demandas y ataca al municipalismo
La Fundación Toro de Lidia ha interpuesto una demanda contra Francisco Javier Patxi Esquembre Menor, exalcalde ecologista de la localidad alicantina de Villena. Patxi Esquembre tendrá que declarar el próximo 10 de septiembre ante el Juzgado número 2 de Villena porque la Fundación Toro de Lidia le acusa de un delito de prevaricación por no permitir que se realizaran corridas de toros durante su mandato. Se ha pedido además al secretario municipal que identifique a todos los concejales que votaron en contra de la celebración de corridas de toros, presumiblemente para denunciarlos también por prevaricación.
Los motivos de la demanda son los mismos por los que nació en 2015 dicha Fundación: invertir recursos legales y económicos en “la promoción y la defensa jurídica de todas las tauromaquias”. Es decir, toreros, ganaderos y empresarios taurinos organizados, a través de un despacho de abogados, para perseguir a quienes pretenden acabar con la barbarie de su negocio. El momento de interponerla responde a un contexto político que les favorece: el auge de la ultraderecha taurina y las ofensivas contra el municipalismo, contexto con el que esta Fundación legitima, apuntala e impulsa esos objetivos que nacieron, por iniciativa de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, “para dar una respuesta coordinada y eficaz al creciente número de ataques antitaurinos sufridos por el sector en los últimos años”.
Lo que esa Fundación denomina “ataques” es el activismo pacífico en defensa de los animales que ellos explotan, maltratan, torturan y matan. O, como en el caso de Villena, lo que esa Fundación denomina “ataques” son políticas públicas de protección animal, de educación en empatía y compasión por todos los seres vivos, de prevención y protección de la infancia y la juventud frente a la violencia, de tolerancia cero contra el maltrato. En fin, políticas públicas inspiradas en valores éticos contrarios a los intereses taurinos y a la ideología de sus valedores políticos.
Hasta esta legislatura, el alcalde Esquembre encabezó en Villena un gobierno en mayoría absoluta por el partido ecologista Verdes de Europa. Conocidos como Los Verdes de Villena, son referente en el ecologismo político nacional: se constituyeron como partido político en 1985; en 1987 fue el primer partido verde en tener un concejal en el Estado español; en 2011 tuvieron el primer alcalde verde; y en 2015 lograron una primera mayoría absoluta verde, con la que Esquembre puso en práctica estrategias de defensa y protección de los animales que los animalistas locales llevan años desarrollando. En 2016, nació la Concejalía de Políticas Animalistas.
En Villena se celebraba cada 7 de septiembre una corrida en honor de la patrona de la ciudad, la Virgen de las Virtudes. Como con tantos otros festejos crueles que se perpetran en España en nombre de vírgenes y santos, la Iglesia católica legitimaba la violencia extrema contra los animales. La plaza de toros se encontraba en ruinas, por lo que el suplicio de los toros se llevaba a cabo en plazas portátiles, unas estructuras precarias que representan aún mejor la miseria moral que comporta ese espectáculo. El movimiento antitaurino proponía que la plaza de torturas pasara a ser un espacio destinado a actividades culturales y de ocio, pero en 2007 ganó el PP, Camps visitó Villena y prometió rehabilitar la plaza de toros con fondos de la Generalitat. Tras una inversión de más de 15 millones de euros, la plaza de torturas se reinauguró en 2011, justo cuando llegó Patxi Esquembre a la alcaldía. Cuando en 2015 Los Verdes de Villena logran la mayoría absoluta, la corporación decide oponerse a las corridas de toros.
Es entonces cuando la Fundación Toro de Lidia empieza a denunciar al Ayuntamiento de Villena, logrando en 2016 una sentencia firme que indica que, como representantes municipales, el alcalde y su equipo de gobierno no pueden negarse a que se lleven cabo espectáculos taurinos en un espacio municipal. La razón: que las corridas de toros son patrimonio cultural y, por tanto, están obligados a apoyarlas y a promocionarlas. Esta sentencia tiene su origen en la ILP taurina que el Congreso de los Diputados tramitó en 2013 y cuya declaración de motivos se basaba en argumentos falaces (argumentos desmontados en el estudio La ILP tauroEconómica, realizado por la Fundación Franz Weber). Los impulsores de la ILP taurina llegaron a decir que la tauromaquia supone el 2,5% del PIB nacional, aunque en las comparecencias para defenderla el propio promotor reconoció que habían cometido muchos errores en la declaración de motivos, lo que no es un tema menor en una tramitación legislativa porque es lo que justificará la ley.
La tramitación de la ILP tauroeconómica fue fraudulenta, al conculcar los reglamentos de participación de manera bochornosa: las hojas de firmas iban dentro de periódicos afines a la tauromaquia o eran repartidos en las plazas de toros, cuando todo ello está prohibido, ya que los fedatarios de una ILP tienen que dar fe de las personas que firman, lo cual en este caso era imposible. Así, los taurinos consiguieron las firmas que exige el Congreso de los Diputados para tramitar la ILP y aprobaron una nueva ley que declaró la tauromaquia patrimonio cultural. Se la inventaron porque, por una serie de impedimentos de carácter competencial y normativo, no podían declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC) en todo el Estado español.
Gracias a las mayoría absoluta del PP de Rajoy, los taurinos crearon un marco de defensa de la tauromaquia que ahora está ejerciendo presión para obligar a alcaldes de distintos municipios a usar el dinero y las infraestructuras públicas para perpetrar corridas de toros. Una ley que se aprobó de manera fraudulenta y que se utiliza, por tanto, de manera fraudulenta. Es más, el Tribunal Constitucional la aplicó de manera retroactiva sobre Catalunya, como si hubiera sido aprobada antes del proceso catalán de abolición de las corridas de toros. Fue una ley que el PP de Rajoy aprobó sabiendo que iba a ser aplicada de manera fraudulenta y con la connivencia de la propia Justicia. Eso sí es prevaricación.
La estrategia de la Fundación Toro de Lidia es anular la competencia municipal a través de demandas, con las que buscan asustar a los cargos públicos que se oponen o ponen freno a la tortura pública taurina. Hay, sin embargo, un precedente positivo: en A Coruña los taurinos intentaron lo mismo que ahora en Villena, cuando trataron de obligar al alcalde Xulio Ferreiro a que volvieran las corridas de toros con dinero público y en la plaza de la ciudad, que también es pública. No se salieron con la suya.
Si el Estado entiende que las competencias de Cultura corresponden a los ayuntamientos, han de ser los ayuntamientos los que decidan qué actos desarrollar en los espacios públicos municipales. Un equipo de gobierno puede decidir la programación teatral, los conciertos o los eventos deportivos, pero, según las sentencias que han condenado a Villena y ahora persiguen a su ex alcalde, un ayuntamiento está obligado a ceder el uso de un espacio municipal a una empresa privada para la realización de un espectáculo taurino, aún a sabiendas de que es cruento y contradice toda la inversión realizada para que se desarrollen en la ciudadanía valores de empatía y compasión hacia toda forma de vida y contra toda violencia, origen de problemas personales, sociales y medioambientales.
Se trata de un atropello a la autonomía local, que asfixia a los municipios y les arrebata competencias. Y se trata de un atropello a un ex alcalde y un equipo de gobierno que han actuado en contra de la violencia taurina. Una violencia que también busca asustar a través de demandas.
