Es un juicio político
El Tribunal Supremo del Reino de España va a juzgar a un grupo de hombres y mujeres que no robaron ni hirieron ni mataron. Todas ellas son personas pacíficas, sin embargo la Justicia española las detuvo, esposó y encerró en calabozos donde las mantiene desde hace más de un año. Los actos por los que se les juzga tienen relación con el ejercicio de las libertades políticas y la libertad de expresión y todas ellos son representantes sociales destacados y gobernantes elegidos democráticamente por el electorado catalán. Por el mismo motivo la Justicia intentó la detención de otros políticos catalanes en el extranjero.
Sin duda se trata de un problema político y, por lo tanto, es un juicio político. Y las acusaciones son gravísimas. Es un juicio político gravísimo. Un juicio político como una catedral de grande.
El propósito último de que se haya llegado a esta situación es un designio, acabar con el nacionalismo catalán. Sin embargo el resultado inevitable es este autorretrato que el propio Estado se hizo, presentándose ante el mundo como un Estado que persigue las libertades democráticas, como un continuador del Estado franquista.
No, no es cierto que el nacionalismo catalán haya despertado el nacionalismo franquista, la culpa no es de los catalanes. No, no es cierto que la pésima imagen actual de España ante el mundo sea culpa de los pérfidos catalanes. Lo que decíamos “franquismo sociológico” tenía componentes políticos y faltaba quien se decidiese a sacudirlo y conducirlo.
El conflicto en concreto comenzó con la recogida de 4,2 millones firmas por parte del PP de M. Rajoy contra el Estatut de los catalanes y el recurso al Tribunal Constitucional contra ese Estatut. En ese conflicto quien tenía el poder máximo era el Gobierno y las instituciones del Estado, como demostraron con creces, y por tanto tuvo la responsabilidad máxima en que un conflicto político, creado artificialmente, condujese a esta situación. Es el Estado y los poderes económicos quienes han querido que esas personas estén siendo tratadas de esa manera. Es una humillación, sadismo del poder.
Porque esa política de Estado de falta de diálogo para acorralar al contrario y de dura persecución comprometió por activa o pasiva a todos los partidos estatales y a todas las instituciones del Estado, empezando por el Rey. Esa política es la que tiene acusadas y presas a esas personas. Y queda a la vista sin complejos la naturaleza de este Estado posfranquista que se expresa con la acusación: la ejercen la fiscalía, la abogacía del Estado y Vox. Está muy claro cuál es el componente ideológico de la acusación, también la ideología del Estado profundo.
Lo terrible no es que el Estado se comporte con arreglo a su naturaleza sino que no haya una respuesta democrática desde la población. Probablemente ya sea tarde.
