Un diputado regional de Vox por Albacete, juzgado por un presunto delito societario

El diputado regional por Albacete Francisco José Cobo, de Vox, se ha sentado en el banquillo en un juicio por un presunto delito societario tras la denuncia presentada por un antiguo socio de la empresa Could Be Better Consulting S.L a la que está vinculado el político.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioclm.es indican que el juicio se realizó los días 9 y 10 de abril, en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Cobo acudió al juicio en calidad de aforado, al ser diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero el juicio no está relacionado con su actividad parlamentaria.

El exsocio denunció a Cobo por utilizar presuntamente el nombre de la mercantil Could Be Better Consulting S.L para realizar proyectos acordados con terceros y después facturarlos a favor de otra mercantil, constituida únicamente por Cobo y otra persona, que también ha sido acusada en este juicio. Dicha mercantil se denominaba A y C S.L.

La Fiscalía pide para Cobo y otro acusado, que obedece a las siglas J.A.C., una pena de 2 años de prisión, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. También reclama las costas del juicio, que está a la espera de sentencia.

Igualmente, se pide una indemnización para Could Be Better Consulting de más de 100.000 euros, con responsabilidad directa para Cobo Estudio Ingarq S.L, antes denominada A y C S.L.

Cobo ha sido administrador de Cobo Estudio Ingarq. S.L desde 2004 hasta el julio de 2023, el mismo mes en que presentó su declaración de bienes obligatoria al tomar posesión de su escaño como diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. Cobo es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox.

Un precedente con condena en 2011

Según las diligencias previas instruidas por la Fiscalía Provincial de Albacete, a las que ha tenido acceso elDiarioclm.es, Cobo y el otro acusado ya habían sido condenados previamente por un delito societario, con una pena de multa. Así lo señala el documento de la Fiscalía, en referencia a una sentencia del 17 de mayo de 2011.

En 2020 la Fiscalía de Albacete interesó la apertura del juicio oral que acaba de celebrarse. Según su escrito, el delito ahora juzgado está relacionado con la sociedad Could Be Better Consulting S.L, que se constituyó en 1998 y con sede en Albacete, aunque consta como empresa “en liquidación”. La sociedad se dedicaba a implantar sistemas de calidad en todo tipo de empresas, así como a “cualquier otro servicio” relacionado con la ingeniería industrial. 

Cobo era socio de dicha mercantil. En 30 de septiembre de 2004, junto al otro acusado en el juicio, con las iniciales J.A.C, constituyó una nueva mercantil, que se llamó A y C Sociedad Limitada. Ambos eran administradores de la sociedad, cuyo objetivo social era también la implantación de sistemas de calidad, gestión de comercio exterior, o “cualquier otro servicio” relacionado con la ingeniería industrial. Igualmente, estaba relacionado con la construcción, restauración y mantenimiento de “toda clase de bienes inmuebles”. 

El relato de la Fiscalía señala que uno de los socios de Could Be Better Consulting S.L, con las iniciales A.G.L, abandonó la empresa, haciendo entrega de las llaves, móvil y tarjeta de crédito de la empresa. El escrito también señala que la existencia de otro cuarto socio, con las iniciales J.M.M.G, con el que “tampoco existía una buena relación” con los acusados. En el documento se señala que fue este socio quien llevó a cabo una acusación anterior que acabó con la condena de ambos por haber “ocultado información referida a la actividad social de la mercantil” desde 2003. 

Proyectos facturados a una nueva mercantil

Según la Fiscalía, ambos acusados continuaron realizando proyectos acordados por la sociedad Could Be Better Consulting, pero facturándola con el nombre de la constituida solo por ellos (A y C SL), “sin que evidentemente los acusados tuvieran facultades para ello”. La Fiscalía menciona varios trabajos, de importes que iban desde los 3.132 euros hasta los cerca de 50.000 para un taller. 

Fue el exsocio quien presentó la denuncia allá por 2011. En el mes de diciembre de dicho año se incoaron las diligencias previas y la petición de juicio oral por parte de la Fiscalía llegó en 2020.

El documento señala que los hechos son constitutivos de delito societario, según el artículo 295 del Código Penal. Dicho artículo apunta a los administradores o socios de “cualquier sociedad” que dispongan “fraudulentamente” de los bienes de la sociedad, causando “directamente” un perjuicio económicamente evaluable a socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”.

Código de conducta de Vox

El código de conducta de Vox contempla un apartado específico en el caso de que sus cargos públicos se vean implicados en procedimientos judiciales. De este modo, el partido señala que “todo candidato o cargo público” deberá firmar una declaración en la que afirme “no haber incurrido en delito alguno ni encontrarse en situación de investigado”. Igualmente, este código establece la obligación de comunicar la existencia de procedimientos relativos a su conducta “que pudieran afectar a su posición o pudieran tener reflejo en su reputación”.

Dicho código también establece que “cualquier cargo público u orgánico de Vox al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal pondrá su cargo a disposición del partido”, algo que no ha ocurrido a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, a preguntas de elDiarioclm.es

“No vamos a entrar en valoraciones”, ha señalado el portavoz parlamentario del partido, Iván Sánchez, que ha resaltado que hay que “esperar que la justicia actúe” y que se trata de algo de la “vida privada y anterior a la vida política de Francisco”.

“Tenemos que esperar. No vamos a decir absolutamente nada del hecho, es la justicia que tiene que actuar”, insistía. Sí ha señalado por contra que “una vez que actúe la justicia, se tomarán, si se tienen que tomar, las medidas oportunas”.

Además, ha resaltado, tras las preguntas de este medio que estaría “encantado” en el caso de absolución del diputado “vengan a pedirle disculpas”. “Cuando pasa un hecho de estos es muy fácil tirar por tierra la dignidad laboral y no venir luego a retractarse de lo que está haciendo”, recalcó Sánchez.

Desde la formación UCIN Albacete han pedido la dimisión el diputado. La Unión de Ciudadanos Independientes alega que el hecho de que Cobo se haya sentado en el banquillo de un Tribunal de Justicia “contradice el código ético de su propio partido”.