STAS denuncia la “llamativa” presencia de cargos del PP en el tribunal y entre los aspirantes a dos plazas en la Diputación de Toledo

El sindicato STAS Castilla-La Mancha ha calificado de “llamativa” la presencia de personas afines al Partido Popular tanto en el tribunal calificador como en la relación de aspirantes -y aprobados- en las oposiciones convocadas por la Diputación de Toledo para cubrir dos plazas de funcionario o funcionaria, además de abrir una bolsa de personas interinas.

El pasado mes de junio se realizó el primer examen y este viernes 30 de agosto se realizará la segunda prueba.

El presidente del tribunal calificador es el que fuera delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y consejero con Dolores de Cospedal además de senador del PP, entre otros cargos, Jesús Labrador. Le que acompaña en el tribunal, entre otras personas, como vocal Sonsoles Garrido Polonio, que ocupó el puesto 10 en las listas del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.

La Diputación de Toledo convocó una plaza de técnico para el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria para la que se examinaron 28 personas pero solo cinco han superado el primer ejercicio, tal y como se desprende del acta que ha hecho pública el sindicato.

En esta lista de aprobados figura en primer lugar Lidia Fuster Ramos que ha ocupado una plaza similar como interina. Es hija de Francisco Fuster Garrido, asesor de Carlos Velázquez. El segundo clasificado es Ricardo Fábrega Alarcón, cuñado de Juan José Alcalde que actualmente ocupa el cargo de primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento toledano. La cuarta persona que ha aprobado es Raquel Moreno González, exsenadora del PP y actualmente concejala en Manzaneque junto con Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación.

Para la segunda plaza, como técnico de la Diputación Provincial, se admitieron 67 aspirantes y solo han aprobado el primer ejercicio 16 personas, según consta en el acta del tribunal. Entre los aprobados, figura en el segundo puesto Ignacio Martín Conty, que formó parte de la lista al Ayuntamiento de Toledo que presentó el presidente y la vocal del tribunal calificador, Jesús Labrador, en 2015.

El tercero en la lista de aprobados es Emilio Martínez Morales, actual director del Área de Cultura de Diputación Provincial en la que gobiernan en coalición PP y Vox. Fue presidente de Nuevas Generaciones del PP en Toledo.

La cuarta aprobada es Helena Muñoz Corrochano, hija del histórico concejal popular de Toledo Ángel Muñoz Bodas y que ocupó el puesto 17 en la Iista al Ayuntamiento de Carlos Velázquez en Toledo que es además el presidente del PP provincial. El quinto es Sergio López Tenorio, teniente de alcalde en Fuensalida. La sexta aprobada es María del Rosario Recio Martín que fue la número 15 en la lista de Carlos Velázquez.

El séptimo es Félix Tarsicio Frutos del Valle, hermano de la diputada de Hacienda, Soledad Frutos del Valle. La octava es Castellar Nieto Luengo concejala de Villarrubia de Santiago por el PP. La decimosegunda es Raquel Moreno González, el décimo tercero es Ricardo Fábrega Alarcón y la decimoquinta es Lidia Fuster Ramos, todos ellos ya mencionados porque también han aprobado la otro prueba.

STAS Castilla-La Mancha ha mostrado hoy en un comunicado su “sorpresa” y también ha expresado “serias dudas sobre la transparencia y objetividad de estos procesos selectivos”, teniendo en cuenta que “los tribunales están copados por destacados miembros del Partido Popular” y que los aspirantes que han superado las primeras pruebas “están estrechamente vinculados al PP”.

En su opinión, “se abona la sospecha de una politización de la función pública y de la que son tan responsables quienes la propician como quienes callan”. En este último caso se refieren a la oposición en la Diputación de Toledo y en concreto al PSOE que, sostienen, “a buen seguro son conocedores de esta situación”.

Este medio se ha dirigido a los responsable del PP en la Diputación de Toledo y también al Grupo Socialista para conocer su versión sobre los hechos denunciados por el sindicato, sin que hasta el momento se haya podido contrastar su opinión.