Castilla-La Mancha defiende su nuevo impuesto al agua: “Es menos de lo que cuesta un café al mes”

El camino de la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha no está siendo nada fácil. La incorporación de un nuevo impuesto, llamado “canon medioambiental”, que fue derogado debido a la inflación y la subida de los precios, y posteriormente ‘resucitado’, ha provocado que la cuestión haya sido muy polémica y con debates políticos muy broncos.

Esa nueva figura impositiva ya se aplica en otras comunidades autónomas por imposición de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea que grava el uso y consumo de agua. Castilla-La Mancha estaba exenta hasta ahora, pero en el momento de aprobarlo, el Ejecutivo se vio obligado a derogarlo un mes después por la crisis derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania.

Finalmente, el impuesto se aprobó. No se aplicará previsiblemente hasta mediados de 2025 porque todavía está pendiente el reglamento para su desarrollo. Pero las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy por la vía rápida (en lectura única y sin posibilidad de enmiendas) una “mejora” y “simplificación” de esa Ley de Aguas que permita destinar ese canon a la “ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua y a los ecosistemas acuáticos en la región”.

Lo ha detallado en sede parlamentaria la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Ha subrayado que la aplicación del impuesto “va a contribuir a ayudar a todos los municipios en la adecuación de la dotación de agua, a la consecución de objetivos medioambientales fijados por la legislación, a apoyar a las administraciones competentes en agua, y a la restauración de impactos ambientales para llegar a un buen estado ecológico de las masas de agua”.

Un “fondo finalista”

También ha dicho que Castilla-La Mancha, después de 20 años de exención del canon DMA, va a tener “el más económico y bajo de todas las comunidades autónomas”. Y ha dejado claro que habrá un “fondo finalista” exclusivo para la financiación de infraestructuras hidráulicas con lo recaudado.

Poniendo varios ejemplos “significativos” de lo que supondrá su aplicación “real”, la consejera ha manifestado que “no se puede hacer demagogia con el coste del agua y mucho menos decir que va a suponer una pérdida de recursos económicos cuando el 80 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha con un consumo moderado al mes pagarán menos por el canon DMA variable, que por un café”.

De hecho, ha defendido que la realidad de Castilla-La Mancha es muy distinta a la que algunos quieren trasladar, pues lo cierto es que el 90 por ciento de los municipios de Castilla-La Mancha aplicarán menos de 1,50 euros por vivienda, y para los residentes en los municipios de 20.000 habitantes sólo tendrán que pagar 1 euro más.

Además, ha señalado que el canon DMA tiene como objetivo lograr un uso responsable del agua entre ciudadanos, empresas y ayuntamientos; “un aspecto muy importante teniendo cuenta que hay municipios que no están teniendo en cuenta la media de 150 litros por habitante y día, y están consumiendo cerca de 800 litros, lo que supone una gran irresponsabilidad”.

Solución para los problemas de abastecimiento y depuración de muchos municipios

Mercedes Gómez ha reiterado que el canon DMA va a permitir que el Gobierno regional pueda solucionar los problemas de abastecimiento y depuración que están teniendo muchos municipios de la región, por lo que se ha establecido un periodo de carencia de cuatro años desde la entrada en vigor del canon “para que tengan tiempo para la renovación de redes de suministro y las pérdidas de agua, y para ello van a tener a su disposición el 25 por ciento del canon”.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha señalado que otras regiones de España, entre ellas las gobernadas por el PP, ya lo aplican desde hace 20 años como es el caso de Galicia, o de Andalucía que lo ha recuperado este año y con una previsión de ingresos que supera los 140 millones de euros“, ha subrayado.

Ha continuado manifestando en esta misma línea que según las estimaciones que barajan, los 15 millones de euros que podría recibir en su primer año de aplicación, en el caso de Castilla-La Mancha se van a destinar a los objetivos anteriormente indicados para impulsar una gestión más sostenible del ciclo integral del agua, por lo que queda muy claro que poco tiene de afán recaudatorio y mucho menos de llenar el bolsillo de nadie“.

A eso ha añadido que en Castilla-La Mancha habrá bonificaciones de hasta el 50 por ciento por ciento del canon para familias numerosas, que llegarán al 100 por cien en el caso de las víctimas de violencia de género y personas vulnerables. La población rural va a contar con bonificaciones del 50 por ciento para quien resida en los municipios de menos de 20.000 habitantes; y del 25 por ciento si son menos de 5.000 habitantes. El sector primario también va a contar con exenciones y bonificación.

La oposición de PP y Vox lo rechaza

Por parte de Vox, Francisco José Cobo, ha criticado que sea el titular de las viviendas que tienen que pagar el impuesto quien se ha de hacer cargo de un posible impago de sus inquilinos; al tiempo que ha considerado que los tramos del tributo están “mal calculados”. Apunta otro posible “error grave” en cuanto a la terminología de la ley relacionada con los promedios; y ha lamentado que finalmente, quien va a pagar este canon serán “las familias y las pymes”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo se ha subido al estrado para poner el acento en que esta “injusta ley de aguas” se paralizó justo antes de las elecciones, razón por la cual se justifica el argumentario de que se trataba de un “impuestazo”. Se ha preguntado “a quién beneficia esta ley”, criticando que se debe únicamente a la intención de “freír a impuestos” a los castellanomanchegos.

Del mismo modo, ha dicho que regiones como Madrid o Murcia “no tienen este impuesto”, y las que sí lo tienen, es porque fue instaurado por “gobiernos socialistas”. “Lástima que el empeño de Page en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos no sea el mismo para decir a Sánchez que no quiere perder millones de euros con el cupo catalán”, ha aseverado.

En su crítica, ha puesto de manifiesto que la modificación ha sido por el trámite de lectura única sin abrir la puerta a la posibilidad de introducir enmiendas. “Lo hacen para evitar el debate parlamentario porque lo único que quieren es subir los impuestos a los castellanomanchegos”, ha reiterado, calculando gravámenes que en el caso de un establecimiento hostelero “puede llegar a 1.600 euros al año”.