¿Por qué España queda tan mal en el Índice de Justicia Social europeo?

Hace unas semanas se publicó el Índice Europeo de Justicia Social, un índice que está compuesto por diferentes indicadores agrupados en seis dimensiones, y que se elabora desde la Fundación Bertelsmann con la participación de un panel de expertos. La de 2014 es ya su tercera edición (las anteriores son de 2008 y 2011). A partir de este mismo año su relevancia será creciente puesto que constituirá uno de los dos componentes del Monitor de Inclusión Social que se presentará en diciembre con el propósito de realizar un seguimiento de los avances de cada país en la dimensión social de la Estrategia 2020 de la Unión.

¿Qué nos dice este Índice sobre España? España ocupa el puesto 21 de los 28 países de la Unión Europea. Por primera vez, ni siquiera alcanza el aprobado (con un 4.85) tal y como puede observarse en la Figura 1 extraída de la página 8 de este informe. Y ¿por qué España queda en tan mal lugar? Veamos con algo más de detalle como puntúa nuestro país en cada una de las dimensiones que componen este índice.

Tabla 1. Índice de Justicia Social de la UE

La primera dimensión analiza la capacidad de cada país para prevenir la pobreza. En este aspecto España queda en el puesto 19 de 28, habiendo empeorado respecto a las mediciones anteriores. El riesgo de pobreza en nuestro país se ha incrementado en 4 puntos (de 23,3 a 27,3) para la población general y es especialmente elevado en el caso de los niños (de 28,6 a 32,6). También se debe prestar atención a un dato que quiero destacar aquí especialmente: el riesgo de pobreza es el doble entre los niños que entre los mayores de 65 años en nuestro país. La privación severa también afecta más a los niños que a los mayores, aunque en este indicador España está algo mejor que la media.

El informe recalca los recortes en educación e I+D en España porque pueden hipotecar el futuro del país. Aunque en educación se alcanza el aprobado (5,3), nuestro país está por debajo de la media, en la posición 20 de 28. España destaca en negativo por la reducción de gasto en la educación pre-primaria y, aunque el impacto del origen social en el rendimiento escolar no es tan alto como en otros países, también ha empeorado desde 2008. Mantenemos el record europeo en abandono escolar con la posición 28 de 28 y aunque este ha disminuido respecto a las mediciones anteriores es dudoso que se deba a medidas adoptadas desde el sistema educativo.

España se sitúa en el puesto 27 de 28 en las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, habiendo empeorado no solo respecto a 2008 sino también a 2011. Mientras Alemania ha reducido el desempleo, España lo aumenta. Mientras España presenta una tasa de desempleo juvenil del 55%, Alemania solo alcanza al 8%. También tenemos más trabajadores pobres que la media, el triple que otros países. El trabajo temporal involuntario es del 92%, casi treinta puntos por encima de la media. Y quizá uno de los datos más dramáticos es el desempleo de larga y muy larga duración, más del doble de la media de la UE. A estos datos habría que añadir otro que no se recoge explícitamente en este informe pero que es cada vez más preocupante. Se trata del creciente número de ciudadanos sin empleo que carecen de cualquier tipo de prestación y del menguante presupuesto en prestaciones por desempleo (y políticas activas).

La dimensión de cohesión social y no discriminación trata de medir hasta qué punto el Estado es capaz de promover la primera y lograr la segunda. España ocupa el puesto 18 de 28, por debajo de la media, habiendo empeorado. No es nada que no supiéramos, ya que se denuncia constantemente, el crecimiento de la desigualdad en nuestro país cuyo coeficiente Gini alcanza el 33,7 situándonos en el puesto 25 de 28. También es conocida nuestra elevada tasa de Ninis (personas de entre 20 y 24 años que no trabajan ni participan en ningún programa educativo) que es una de las más altas de la UE, muy por encima de la media.

En materia de salud, como era de esperar, España sale mejor parada que la media de los países de la UE, ocupando el puesto 12 de 28 con una nota de 7 sobre 10. Es muy posible que nuestro país “viva todavía de las rentas” en este sector. La buena calificación no significa, sin embargo, que no exista margen para la mejora en algunos de los indicadores que se manejan como, por ejemplo, el de accesibilidad.

Finalmente, el informe incluye una interesante dimensión que se refiere a lo que denomina justicia intergeneracional que trata de medir hasta qué punto nuestras políticas actuales hipotecan el futuro de las generaciones más jóvenes. España ocupa en esta dimensión el puesto 23 de 28. En al menos cuatro de los indicadores que contempla, España está peor: ratio de dependencia, energías renovables, gasto en I+D y deuda.

En conclusión, España no va bien en lo social y tiene difícil ir mejor. Del lado europeo, la brecha norte/sur se ha incrementado y “lo peor” es que algunos países han mejorado (entre ellos Alemania), lo que los hará menos receptivos a las demandas de los países más desfavorecidos. En cualquier caso, alguien debería denunciar en el Parlamento europeo que la Estrategia 2020 está fracasando. Por ejemplo, la reducción de la pobreza no solo no se ha conseguido en la UE, sino que ha aumentado más de un punto desde 2009 (más del 25% y ¡hasta un 28% entre jóvenes y niños!). El objetivo de incrementar la tasa de empleo hasta el 75% tampoco se ha logrado, al contrario ha decrecido del 66 al 63,5%.

Del lado nacional, los primeros análisis de los nuevos presupuestos no parecen augurar nada extraordinario. Si el crecimiento económico no garantiza la justicia social en condiciones de bonanza, menos va hacerlo ahora cuando es pírrico. El poco empleo que nuestro país conseguirá crear en los próximos años tampoco va a sacarnos de esta situación ya que además de ser muy escaso (el FMI nos dice que, si todo va bien, el desempleo descenderá al 20% en 2018) será de muy mala calidad. Ya no vale decir que “el empleo es la mejor política social” como le gusta decir al partido en el gobierno. Es necesario pensar en otras iniciativas de política fiscal y gasto social más justas y estratégicas, y dejar de pensar que este último tiene solo una función paliativa. Por poner un ejemplo, Finlandia, que ocupa el puesto número dos en el Índice de Justicia Social y es uno de los países con mejores resultados en PISA, ha puesto en marcha un programa educativo para prevenir la pobreza porque sabe que, lejos de ser un gasto, esos recursos son una inversión que les permitirá ser más competitivos en el futuro al mismo tiempo que ahorrarán en prestaciones para pobres a medio plazo.