“¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?”

La pregunta del título no es mía. La hacen en carteles familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en una de las manifestaciones que a lo largo de los años se han organizado en México. Hay otras preguntas que también martillean la conciencia: “¿Y si tu hijo fuera el 44?”.

El de Ayotzinapa es el caso de desaparición forzada más famoso de México y quizá del mundo. Resumiendo mucho se puede decir que hace casi ocho años, 43 estudiantes, todos hombres y todos indígenas, de una escuela rural de un pueblo del estado de Guerrero desaparecieron en una madrugada en la que tomaron varios autobuses para recaudar donativos y participar en unas protestas. Se sabe que fueron arrestados por policías municipales y a partir de ahí nada, desaparecieron. Desde entonces, se han encontrado e identificado los restos de tres de ellos.

A pesar de la indignación local y mundial, la investigación sobre la desaparición fue todo menos tal. Tres meses después del fatídico día de septiembre de 2014, el entonces procurador general de la República (el equivalente al fiscal general en España), Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo ocurrido. En una conferencia de prensa, declaró que los estudiantes habían sido asesinados por un cártel de la droga al ser confundidos con miembros de una banda rival y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero. Lo llamó la “verdad histórica”, y lo pomposo del titulo ha quedado para la posteridad. Los familiares quedaron sumidos en el caos y la indignación, y posteriormente tres diferentes grupos de expertos internacionales llegaron a la conclusión por separado de que no había pruebas científicas para hacer esa afirmación. Aun así, nadie se retractó de estas afirmaciones ni tampoco se tiró del hilo que dejó el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (una de las tres instituciones) que dijo que al menos 33 de las personas detenidas en Ayotzinapa habían sido torturadas para extraer confesiones que apoyaran la versión oficial.

Unos meses después de la polémica rueda de prensa, y en un intento de demostrar que se estaba actuando para arrojar algo de luz sobre la tragedia, el gobierno mexicano accedió a permitir que estudiara el caso un equipo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos emitieron dos informes, muy críticos con la investigación.

Por ejemplo, dijeron que el funcionario que había estado a cargo de la investigación había manipulado la escena del crimen en un intento de demostrar que un trozo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes había sido hallado a orillas de un río local. Un escándalo. Pero una investigación superficial sobre la acusación no arrojó ningún resultado, y este funcionario recibió una promoción laboral a un cargo superior.

El prestigioso grupo de expertos internacionales fue invitado a irse. Las autoridades dijeron que México podía asumir la tarea de determinar la suerte y el paradero de los estudiantes sin “ayuda” internacional.

En diciembre 2018 cambió el gobierno y entró la administración de López Obrador, que había adquirido públicamente el compromiso de arrojar luz sobre este caso. El gobierno creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia dedicada a dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. También aceptaron la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos de desaparición en México.

En agosto de 2022 tenemos por fin algunos resultados. La Comisión ha emitido un informe que afirma tajantemente que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”, que hubo una política intencionada de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades. Un día después fue detenido el ex-Procurador Murillo Karam (el de la “verdad histórica”) por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia y también se emitieron órdenes de aprehensión contra decenas de mandos militares, policías locales y estatales, autoridades administrativas y judiciales y miembros de un grupo criminal. Y como guinda, el viernes el gobierno señaló a un coronel del Ejército como el hombre que presuntamente dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes.

Las familias de los estudiantes de Ayotzinapa ven con gran recelo y escepticismo esta cadena de noticias. Y quién puede echarles en cara su poca fe después de estos ochos años. Todavía queda un largo y seguro que arduo camino para que obtener justicia y reparación. El dolor es profundo y 40 familias esperan todavía que les devuelvan los cuerpos de sus chicos, que ahora el gobierno dice dar por muertos. “Todavía es mentira hasta que nos digan ‘aquí están los cuerpos’. Mientras no haya nada vamos a seguir buscándolos con vida” afirma uno de los familiares.

Es seguro que están algo más cerca de la justicia que las familias de las 100.000 personas que el gobierno de México admite como desaparecidas desde 1964. ¿Qué cosecha un país que siembra cadáveres? Desesperanza y abusos a los derechos humanos.