No hace tanto que Aleksei Sokolov, presidente de la ONG Base Legal estuvo en España invitado por Amnistía Internacional. Vino para denunciar los abusos y las torturas a que son sometidos los presos en las cárceles rusas, y la corrupción que se vive en las mismas. En la elección de los centros donde cumplirán su condena y en sus traslados, tampoco se respetan sus derechos.
El informe que Amnistía Internacional presenta hoy en Moscú pone de relieve los derechos humanos básicos que se están violando: el derecho a la vida familiar, al desplazarlos a miles de kilómetros de sus familiares y limitar sus comunicaciones; los tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su traslado y su estancia en las cárceles; y las desapariciones forzadas, dado que se desconoce su paradero durante todo el trayecto.
Según el Código Penal ruso, los presos tienen que cumplir su condena en la misma región en la que residen. Pero la misma ley también permite un gran número de excepciones que, en la práctica, supone que dicho precepto no se cumpla en numerosas ocasiones. En el caso de las mujeres, el requisito inicial de cumplir codena cerca de casa desaparece: sólo 46 de las 760 instituciones penitenciarias rusas acogen a mujeres, aunque bastaría adaptar más prisiones para mujeres. Olga (nombre ficticio) cumplió su condena en Krasnoyarsk, a 4.000 kilómetros de su familia que vivía en Khabarovsk. Tenía un bebé de 5 meses.
La situación se agrava para los presos con serios problemas de salud porque son los familiares quienes les proporcionan la medicación que la prisión no les ofrece. Amur Khakulov fue enviado 2.000 kilómetros de su casa, aunque le diagnosticaron una enfermedad de riñón en estado terminal. El ex-preso no recibió la medicación durante el traslado , (incluso denunció torturas durante el viaje) ni mientras estaba en el hospital. En octubre de 2016 murió en el hospital de la prisión. La única persona que le llevaba la medicación, a pesar de la distancia y del coste, era su madre.
Cuando viajan en tren, a los presos les transportan en vagones especialmente diseñados. Los vagones de los presos o “Stolypins” se enganchan a los trenes de pasajeros. Es común que los viajes en total duren un mes o más. En los compartimentos más grandes, que miden 3,5 metros cuadrados (el tamaño de un compartimento normal del ferrocarril ruso que acomoda a cuatro personas), normalmente viajan 12 presos.
“Estuvimos viajando durante cuatro días hasta Samara sin posibilidad de acostarnos, con la ropa con la que vinimos, sin nada. No nos dieron ni posibilidad de cepillarnos los dientes. Había 40 grados, no teníamos agua ni en el vagón ni en el lavabo”, recuerda el ex-preso Hennadiy Afanasiev. “Cuando el tren paró, un coche de bomberos roció el vagón con agua; se cubrió de vapor. A los 15 minutos volvíamos a estar sofocados. Estábamos en una caja de metal”.
“Una persona puede ser maltratada durante su traslado”, cuenta Sokolov. “Puede ser torturada y nadie va a enterarse”. Una de las medidas preventivas más efectivas contra la tortura es la capacidad de los presos para comunicarse con sus familiares y la obligación de las autoridades de informar del paradero de los presos. Pero hay traslados que pueden llegar a durar 4 meses. ¿Dónde quedan entonces esas salvaguardias?
El Servicio Penitenciario Federal Ruso ha heredado una red de colonias penitenciarias del sistema soviético de gulags, muchas de las cuales se encuentran en antiguos campos de trabajo en zonas remotas y poco pobladas del país, algo que no solo dificulta las visitas de familiares, sino que permite que se produzcan esos abusos durante el largo traslado.
Amnistía Internacional, junto con Human Rights Watch y defensores y defensoras de los derechos humanos de Rusia, pide al gobierno ruso que reforme el sistema penitenciario y, en concreto, el sistema de transporte de presos, para acabar con estos abusos.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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