Los bancos adelantarán las ayudas para alquiler si la Junta se retrasa 45 días

A partir de junio, el Gobierno andaluz se comprometerá por ley a pagar las ayudas al alquiler en un plazo no superior a 45 días, límite máximo que se dio la Junta para abonar subvenciones (20 días para el pago a proveedores de servicios básicos: sanidad, educación y política social). Este tope lo fija el decreto de garantía de tiempos de pago, que cumple ahora un año, y que obliga a la Junta a abonar las facturas pendientes con sus proveedores antes de esos 20 días. Si rebasaba ese plazo, el decreto permitía a la empresa o al beneficiario de una beca recurrir a una entidad bancaria para reclamar de inmediato el abono de su dinero.

La Consejería de Hacienda diseñó este sistema de aval bancario hace un año, pero en este tiempo no ha sido necesario ponerlo a prueba. La consejera del ramo, María Jesús Montero, asegura que el 94% de sus proveedores ha cobrado dentro de los 20 días establecidos, y el resto (un 6%) no ha recurrido a los bancos porque en cuanto la Junta monitorizó su retraso, se puso en contacto con el afectado para darle una gestión personalizada.

El balance anual es tan positivo, que Hacienda planea ampliar el número de beneficiarios potenciales del decreto de garantías de tiempos de pago. A partir de junio, no sólo podrán acogerse a este sistema guarderías, farmacias u otras entidades de los sectores básicos del Estado de Bienestar: también se incluirá el pago de las ayudas para vivienda que otorga la Junta (que contará con un presupuesto disponible de 30 millones de euros), así como las pymes turísticas. 

En el caso de las subvenciones, se trata de las ayudas al alquiler que otorga la Consejería de Fomento y Vivienda. El departamento que dirige Felipe López subvenciona el 40% de la renta a inquilinos con ingresos limitados, y un complemento de hasta el 80% a los que además se encuentren en situación de vulnerablilidad . El alquiler no puede superar los 500 euros al mes. El problema de estas ayudas, según ha denunciado reiteradamente el Defensor del Pueblo andaluz, es el retraso de más de un año en el cobro de las mismas, que suele castigar al beneficiario, puesto que su situación económica es ya de por sí precaria. Hacienda ha anunciado que quiere agilizar la gestión de estas ayudas con el decreto de garantía de tiempo de pago, de modo que el beneficiario podrá percibir el dinero en un plazo máximo de 45 días desde la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas.

El problema es que la demora principal no está en Tesorería (tras la resolución de la convocatoria), sino en la fase de tramitación previa. Las ayudas se otorgan a partir de una convocatoria de concurrencia competitiva: las familias optan y luego hay que barrenar sus solicitudes en cada provincia. Los requisitos para lograr el dinero son tan exigentes -parte de los fondos son del Estado, que también endurece sus criterios- que la Junta tarda más de un año en resolver. A final de 2017 se ha resuelto la convocatoria de 2012: 16 millones de euros en ayudas al alquiler para unos 12.000 beneficiarios: unos 2.000 euros anuales por cabeza.

El sector de la construcción, uno de los que más está repuntando en Andalucía, también ha pedido beneficiarse del decreto que agiliza los pagos de la Junta, pero de momento no se contempla su inclusión en la modificación normativa prevista para junio.

Montero ha presentado un balance muy positivo que sitúa a Andalucía como “la mejor comunidad pagadora a los proveedores de toda España”. Un lema que la consejera de Hacienda esgrime la misma semana en que la presidenta Susana Díaz acude a Moncloa para reclamar al presidente Mariano Rajoy que desbloquee la reforma del actual modelo de financiación autonómica, caducado hace cuatro años. Según sus datos, desde la entrada en vigor del decreto, las empresas andaluzas han cobrado en una media de seis días, “muy por debajo de los 20 días comprometidos”.

La consejera ha precisado que en los ámbitos de salud, educación y servicios sociales, a los que se les aplica actualmente dicho decreto, se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones, de los que el 52% correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27% de educación y el 22% de servicios sociales. Estos pagos han llegado hasta la fecha a 192.000 proveedores y beneficiarios, de los que “el 87,5% ha correspondido a empresas y pymes, cooperativas, fundaciones y asociaciones, mientras que el siete por ciento a corporaciones locales y el cinco por ciento los beneficios de becas y ayudas directas”, dice la consejera.

El Consejo de Gobierno aprobó en enero de 2017 el decreto de garantía de tiempos de pago, que entró en vigor el 20 de marzo de 2017, con lo que se cumple un año de una medida “innovadora” que reduce a 20 días naturales el tiempo máximo de pago en ámbitos prioritarios, por debajo de los 30 días que marca el Gobierno central.

La norma también contemplaba la implantación de un “nuevo derecho que no existe en ninguna otra administración”, a través de una garantía que, “en caso de retraso en el pago o que la administración no respondiera en tiempo y forma”, permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria catalogada, informa Europa Press. En caso de que la Administración incumpliese sus plazos, la empresa o el trabajador al que se le adeuda dinero puede acceder a la oficina virtual de la Junta, en la web de la Consejería de Hacienda, y descargar su factura vencida para acreditar el retraso en el pago por encima de los 20 días previstos.

Al presentar ese documento, se pueden dar tres situaciones: que la Junta pague de inmediato; que el retraso se deba a una incidencia ajena a la Administración, como el cambio de dirección de una cuenta bancaria; o el supuesto por el que se ha diseñado esta ley: la falta de liquidez de la Junta, los problemas de tesorería que se han agudizado con la crisis, que hicieron crecer la deuda de la Administración con sus trabajadores y servicios contratados, y por el que el Gobierno central creó el plan de pago a proveedores. Antes siquiera de idear este decreto, el promedio de pago de la Junta rebasaba los 50 días. Cuando el Gobierno articula mecanismos para garantizar el pago a proveedores, la Administración andaluza logra rebajar el tiempo medio a 26,2 días.

La última garantía del decreto, en caso de retraso injustificado, establecía que en el plazo de siete días el afectado obtendría un certificado oficial que acreditara la demora en el pago, un documento que podrá presentar en una entidad bancaria, donde le abonarán el dinero de inmediato. Para ello, la Junta suscribió un convenio con una serie de bancos, que se comprometían a adelantara el dinero de la Administración directamente a sus proveedores, una especie de préstamo indirecto, pero que no se ha activado durante su primer año en vigor.

El objetivo era que “no sufrieran retrasos las miles de nóminas que dependen de estos contratos de comedores escolares, conciertos sanitarios, empresas de limpieza o seguridad, residencias, personas que trabajan en teleasistencia o atención domiciliaria, o personas que reciben becas y ayudas, y que éstas se perciban a tiempo, y que los proveedores cobren sus facturas con agilidad”. La aprobación de este decreto, aunque sólo beneficiada a las empresas de sanidad, educación y políticas sociales, ha tenido un “efecto motor” para el conjunto de los pagos de la Junta, incluso aquellos no sujetos a este mecanismo.

Según el balance de la Consejería de Hacienda, Andalucía “es la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a todos sus proveedores, dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno”, mientras que en el sector sanitario, la Junta andaluza “paga 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas”. Con estos datos, Andalucía habría superado a Navarra como la comunidad mejor pagadora de España.

El dato de enero se sitúa en 1,97 días y se ha cerrado 2017 por debajo de la media, en concreto 14,8 días, de forma que “pagamos 21 días antes que Cataluña, 14 días antes que Comunidad de Madrid o 17 días antes que la Administración central”.