Andalucía da un año a sus alcaldes para “anular los títulos honoríficos” del franquismo
Un año después de la entrada en vigor de la Ley andaluza de Memoria Histórica, el Gobierno de Susana Díaz va a dar un paso más obligando a los ayuntamientos de Andalucía a bucear en sus archivos históricos e “invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas y entidades vinculadas al régimen franquista” que hayan concedido en el pasado (Hijo Predilecto o Adoptivo del municipio, alcalde honorario, etc). Muchos consistorios ya lo han hecho, algunos se niegan y otros ni siquiera saben que en sus archivos hay distinciones que su Corporación municipal otorgó a protagonistas de la represión fascista.
Es un mandato y un plazo idéntico al que la ley establece para la retirada de símbolos y nombres de calles que homenajeen la Dictadura franquista. Así consta en el artículo 16 del Decreto sobre Símbolos y Actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se encuentra en fase de borrador, y al que ha tenido acceso este periódico. Además, la disposición adicional quinta del decreto insta también a los alcaldes a “revisar e invalidar” las resoluciones que en el pasado dictaron sus ayuntamientos y “por las que fueron represaliados sus empleados públicos” por razones ideológicas. La anulación de esas órdenes de represalia tendrán que hacerse públicas.
A principios de abril de 2017, una semana después de que entrara en vigor la Ley andaluza de Memoria, un suceso puso a prueba la utilidad de esta norma, recién aprobada en el Parlamento sin ningún voto en contra. Acababa de fallecer el último ministro de Franco que quedaba con vida, José Utrera Molina, suegro del también ex ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón. Antes de ser enterrado en su municipio natal, Nerja (Málaga), el féretro fue recibido a la salida de la misa por un grupo de personas que entonó el himno falangista del Cara al Sol y el saludo fascista del brazo en alto
Las Juventudes Socialistas primero, y Podemos después, anunciaron que elevarían el caso a la Fiscalía por vulneración de la recién aprobada Ley andaluza de Memoria. La Junta titubeó al principio, pero la reacción de indignación de los colectivos memorialistas fue tan unánime, que la consejera de Justicia, Rosa Aguilar (entonces responsable del área de Memoria), cambió de tercio y endureció el tono: calificó el “homenaje de exaltación franquista” como “un menosprecio y una humillación a las víctimas” y sentenció, sin ambages, que era “contrario a la Ley de Memoria”.
Luego la Junta remitió una carta a la Subdelegación del Gobierno en Málaga instándole a actuar y elevó una consulta a su Gabinete Jurídico para ver qué otros pasos podía dar ante este “incumplimiento manifiesto de la ley”. “Se ha vulnerado el artículo 32.12 de la ley, que prohibe la exhibición pública de símbolos y homenajes franquistas. No vamos a dejarlo pasar”, dijo entonces Rosa Aguilar, y luego matizó: “Tenga en cuenta que la Ley de Memoria acaba de aprobarse y aún no tenemos un desarrollo reglamentario”.
En efecto, esa misma respuesta dio la Subdelegación del Gobierno de Málaga, y el gabinete jurídico de la Junta conminó a impulsar cuanto antes el desarrollo normativo del artículo 32 de la ley. Ninguna de las personas que participó en el homenaje franquista a Utrera Molina fue sancionada, como dispone la norma andaluza. Un año después de aquel suceso, la Dirección General de Memoria de la Junta acaba de culminar el famoso decreto de simbología franquista, que aún debe someterse al análisis del gabinete jurídico de la Junta.
El decreto, igual que la ley, declara proscritos todos los vestigios que queden del franquismo en espacios públicos -nombres de calles, placas conmemorativas, estatuas, elementos arquitectónicos- y prohibe también concentraciones, actos u homenajes que reivindiquen la represión fascista y supongan una humillación a las víctimas. Se establecen multas económicas de 200 a 150.000 euros, y se advierte a los ayuntamientos y diputaciones provinciales que se exponen a perder ayudas públicas de la Junta si vulneran la Ley de Memoria, un criterio que “se incorporará en las bases de las convocatorias de subvenciones” como “un supuesto de pérdida del derecho al cobro y de reintegro de la misma”. Esto significa que el ayuntamiento puede perder una ayuda concreta si se destina a “una actividad” contraria a la Ley de Memoria, no perderá todas las subvenciones de la Junta que esté percibiendo para otros asuntos.
Una ‘policía’ de la Memoria
Tanto el objeto como el marco punitivo del decreto ya estaban contemplados en la ley. La novedad más palpable es, quizá, la creación en el plazo de tres meses desde su aprobación de un “comité técnico” de expertos, una especie de policía de la Memoria que se encargará de buscar, inventariar, denunciar y retirar los símbolos franquistas que sigan en pie un año después de la entrada en vigor de la ley.
La norma dio un plazo de 12 meses a los alcaldes para eliminar o retirar los elementos franquistas que quedaban en sus municipios, y comunicárselo a la Junta. Quien no lo haya hecho a estas alturas -el plazo expiró el pasado 3 de abril- se expone a sanciones o a perder las ayudas del Gobierno andaluz. Ese es el brazo punitivo que llevará consigo el comité técnico de la Memoria en su peregrinaje por los pueblos de Andalucía, pero no es su principal cometido. Sus miembros deben tener conocimientos suficientes para juzgar si los símbolos que los alcaldes han perdonado o se han negado a destruir pueden ser indultados o no, según “su valor artístico, arquitectónico o su interés como testimonio histórico”.
Para empezar tendrán que crear “un fichero”, un inventario con los símbolos que deben ser retirados. Cada elemento tendrá su ficha y cada ficha contendrá una breve descripción, una fotografía, su geolocalizador, y una “breve valoración sobre su significación histórica” y posible valor artístico. Las fichas serán “actualizadas periódicamente”, por si existen discrepancias entre los expertos. El comité tiene potestad para “amnistiar” algunos símbolos contrarios a la Memoria argumentándolo en un “informe preceptivo” y “vinculante”. También podrán “hacer una reinterpretación” de los objetos franquistas “que deben mantenerse por razones artísticas o arquitectónicas”, y decidirán si los destruyen o los almacenan temporalmente en un “depósito” a la espera de un juicio más pausado.
El margen para amnistiar símbolos franquistas es pequeño, porque el propio decreto es más exhaustivo que la ley a la hora de describir las “excepciones” por razones artísticas -“un bien incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”- o arquitectónicas -“cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, y su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad o conservación del inmueble”. Antes de ejecutar la eliminación de un símbolo franquista, en caso de haber sido hallado en un inmueble privado, la Dirección General de Memoria dará audiencia en el plazo de 15 días al dueño de dicho inmueble.
El fichero de los símbolos franquistas proscritos será elaborado de oficio por la Consejería de Justicia, y validado después por el comité de expertos, pero queda abierto a que cualquier particular o cualquier ayuntamiento denuncie algún otro elemento susceptible de ser retirado, y el comité de expertos estudiará su inclusión en el fichero y su posterior retirada o eliminación. El artículo 14 del decreto regula el destino final que tendrán estos símbolos, que acabarán en “el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía (…) cuando presenten interés como testimonios históricos”.
