La Junta recupera, cinco años después, un plan transversal para inmigrantes
Cinco años después del último año de vigencia del más reciente plan integral para la inmigración, la Junta de Andalucía ha dado luz verde al nuevo instrumento que tratará de facilitar el acceso de los inmigrantes a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica. Del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que se desarrollará hasta 2016 y que dispone de una memoria económica de 1.257 millones de euros, se podrán beneficiar las 657.815 personas extranjeras que conforman el censo de inmigrantes en la comunidad autónoma.
“Se ha tardado mucho” en aprobar el nuevo plan, ha reconocido el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado la estrategia. Su departamento gestiona desde junio de 2012 las políticas migratorias en la Junta que, en pocos años, han pasado de una consejería a otra y cuya coordinación ha ido recayendo sucesivamente en Gobernación, en Igualdad o en Empleo, según se ha ido dictaminando en los decretos de estructuras derivados de las remodelaciones de Gobierno.
Precisamente, De Llera ha justificado la tardanza en las “vicisitudes políticas” de los últimos tiempos en Andalucía, en referencia principalmente a los cambios en la Presidencia del Gobierno regional, que “han dificultado” la posibilidad de “dar continuidad” al plan, que llega después de un vacío de cinco años sin un programa transversal. El I Plan Integral abarcó el período comprendido entre el año 2001 y 2004, y el II Plan, entre el año 2006 y el 2009. El consejero también ha anunciado la recuperación del Observatorio Permanente Andaluz de la Migraciones, un instrumento para la mejora del conocimiento acerca de las migraciones internacionales con destino a Andalucía, y que se tratará de “revitalizar” al ser “de mucha utilidad”, en palabras del titular de Justicia.
Más de la mitad de los recursos consignados en este III Plan Integral se destinarán a proyectos educativos, dirigidos especialmente a la enseñanza del español en aulas de adaptación lingüística y al mantenimiento de las culturas de origen a través de actividades extraescolares. Actualmente, más de 90.000 alumnos extranjeros están matriculados en los centros educativos no universitarios de Andalucía (el 86% en colegios e institutos públicos). En cualquier caso, el desarrollo del III Plan Integral se adaptará a las dotaciones en cada área en los presupuestos de la Junta hasta 2016. Un total de 22 centros directivos de la Administración tendrán algo que decir respecto al nuevo programa.
El consejero ha indicado que la mayor parte de la población extranjera residente en Andalucía en situación administrativa regular pertenece al grupo de edad de 18 a 64 años (80,6%), lo que demuestra el carácter predominantemente laboral o económico de la inmigración en la comunidad autónoma. Los países con mayor aportación son Marruecos (125.258), Rumanía (98.195), Reino Unido (90.827) y Alemania (19.342), seguidos de Italia, China, Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros.
Objetivo: garantizar la atención
Para reforzar la “integración social” de la población inmigrante, la nueva estrategia incidirá especialmente en las medidas educativas, sanitarias y de asistencia jurídica, estableciendo un total de 172 medidas agrupadas en 11 áreas (socioeducativa; sociolaboral; sociosanitaria; inclusión y bienestar social; equipamiento, vivienda y alojamiento; cultura, ocio y participación; atención jurídica; formación; investigación; sensibilización social, y cooperación internacional). El plan ha sido “participativo” y es “un proyecto vivo” en “evolución continua”, según el consejero, que ha señalado que se trata de “poner el acento en vivir todos juntos”.
Dentro del área sociosanitaria, las medidas previstas ponen el énfasis en garantizar la atención a toda la población inmigrante. En el ámbito sociolaboral se trabajará sobre todo en el desarrollo de servicios de asesoramiento y asistencia en materia de empleo, mientras que las iniciativas en el área de vivienda se dirigirán sobre todo a grupos de especial dificultad para el acceso y a trabajadores temporales desplazados de sus residencias habituales.
Las medidas de inclusión y bienestar social se dirigen sobre todo a facilitar el acceso de la población inmigrante a los servicios y recursos públicos. Para reducir el efecto de las barreras lingüísticas, se creará un servicio de interpretación simultánea mediante teléfono móvil. Asimismo, el plan refuerza la atención a los menores extranjeros no acompañados y el acogimiento de víctimas de explotación sexual.
Del resto de iniciativas previstas, destaca el reforzamiento de la atención jurídica gratuita a través de la creación de servicios específicos para personas extranjeras en los Colegios de Abogados. Asimismo, se ofrecerán cursos de formación especializada a los profesionales de los Servicios de Atención Jurídica al Detenido y del turno de oficio. El área formativa también prestará especial atención al personal de la gestión local y al empresariado, dada la importancia de estos dos colectivos en las relaciones con la población inmigrante.
