El Metro de Málaga se lo lleva todo: uno de cada dos euros de inversión en la provincia se va al suburbano
La Junta de Andalucía prevé destinar uno de cada dos euros de inversiones en Málaga al Metro de la ciudad, cuyas obras comenzaron en enero de 2006. El proyecto de Presupuestos presentado esta semana contempla 30 millones de euros para seguir ejecutando los tres tramos de obra aún pendientes, y otros 70 para compensar a la concesionaria porque, con la red a medio construir, no se alcanzan ni de lejos los 20 millones de pasajeros anuales que compensarían los costes de explotación. Las últimas previsiones de la Junta de Andalucía pasan por que la obra del Metro finalice en 2020, 14 años después de su inicio y once después de la primera fecha estimada de finalización. La inversión prevista en los presupuestos de 2017 era de 83,1 millones (15 para obra y 68 para subvención), de modo que crecen ambas partidas.
La finalización del Metro aún queda lejos, e incluso el consejero de Fomento, Felipe López, avanzó hace un par de semanas la fecha de 2020, siempre que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no ponga “palos en las ruedas”. El ayuntamiento de Málaga no quiere ahora el último de los tramos, hasta el Hospital Civil, porque discurre en superficie. Las obras de este tramo, que pueden acabar en disputa judicial, no han comenzado ni se han licitado pero la Junta les reserva cinco de los 30 millones para obras del Metro. Otros quince se destinan a terminar los 730 metros del tramo Renfe-Guadalmedina, que se iniciaron en 2010 y están paralizadas desde 2015, ahora a la espera de completar una nueva licitación por 24,75 millones de euros. Los diez restantes irían al tramo actualmente en ejecución, desde Guadalmedina hasta Atarazanas.
A la subvención para el mantenimiento de las líneas 1 y 2 se destinan 70,3 millones. Se trata de una partida pactada con la concesionaria (una sociedad actualmente integrada por InfraVía –socio principal-, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Mirova, Globalvia, y Comsa-Emte) para compensar el hecho de que no se alcance el número de pasajeros suficiente para cubrir los costes de explotación. Se calcula que para eso se necesitan 20 millones de pasajeros anuales.
El Metro transportó poco más de 4 millones de viajeros hasta septiembre (un 9,5% más que en el mismo periodo de 2016), lo que arroja una media de unos 18.000 pasajeros en días laborables, 10.500 los sábados y 7.500 los domingos, según las últimas cifras oficiales. Son datos muy lejanos a lo que se necesitaría para llegar a los 20 millones anuales. La tesis es que la ampliación del Metro hasta la Alameda y el Hospital Civil intensificará la demanda. Por ahora, al coste del billete que abona cada usuario (1,35 euros el billete sencillo) hay que sumar unos 12 euros que aporta la Junta de Andalucía vía presupuestos (resultado de dividir la subvención de 70,3 millones entre unos cinco millones de pasajeros). Esta es la llamada “tarifa técnica”.
Un informe de la Cámara de Cuentas de diciembre de 2014 elevó a 2.622 millones de euros el coste final del Metro de Málaga, el doble de lo previsto inicialmente. Según esos datos, las obras sumarán 425,4 millones (sin tener en cuenta posibles sobrecostes), a los que hay que añadir casi 2.200 millones de coste de explotación hasta 2042, cuando vence la concesión.
Depuradoras de Málaga norte y Bajo Guadalhorce, previstas en 2010
Depuradoras de Málaga norte y Bajo Guadalhorce, previstas en 2010Las depuradoras integran la otra gran partida de inversiones autonómicas en Málaga. La Junta de Andalucía prevé destinar una inversión plurianual de 70 millones a la depuradora norte de Málaga y otros 16 a la de Bajo Guadalhorce, que ya está en ejecución. Se trata de depuradoras previstas desde 2010, y que deben sufragarse con lo recaudado vía canon del agua.
Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Pizarra o Álora (unos 100.000 habitantes en total) siguen vertiendo al Guadalhorce, pese a la prohibición de la Directiva Marco de Aguas del año 2000 y el compromiso de que en 2015 se tratarían todas las aguas residuales. El presupuesto de 2017 ya reservaba una partida de 15,8 millones de euros para la ejecución de estos trabajos. La Comisión Europea impuso una multa de 46,5 millones de euros a España porque 17 municipios mayores de 15.000 habitantes no depuran aún sus aguas. Cinco de ellos son malagueños: Marbella, Estepona, Nerja, Alhaurín el Grande y Coín.
La Junta de Andalucía ha rescatado también algunos proyectos aparcados por la crisis económica. Es el caso del parque de Arraijanal, comprometido en 2010, para el que ahora se prevén 1,5 millones. Hay también dos millones para resolver el convenio de las Tecnocasas y 1,1 millones para carril bici, cuyo convenio se firmó en 2015. En la provincia, destacan los 1,2 millones destinados a dragar y mejorar los accesos al puerto de Marbella, las obras del Puerto Seco de Antequera (también recogidas, y no ejecutadas, en los presupuestos de 2017), los 8 millones destinados al mantenimiento de carreteras, el nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara y las obras del museo de los Dólmenes (el museo actual supera la altura exigida por la Unesco).
La Junta de Andalucía ha presentado estas cuentas como unos presupuestos “expansivos” y sociales, aunque lo cierto es que bajan las inversiones. Para José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno en Málaga, “demuestran su compromiso con los ciudadanos a través de un crecimiento notable en sanidad, educación y las políticas sociales”, a lo que se dedican ocho de cada diez euros.
Elías Bendodo, presidente del PP malagueño, cree que son unas cuentas “ficticias y decepcionantes”. “Hay que hacer un acto de fe, porque lo único que sabemos es lo que nos anuncian los dirigentes del Gobierno andaluz en rueda de prensa, y ya sabemos de otros años que muchas de estas inversiones no se cumplen”, dijo Bendodo en rueda de prensa. Para José Antonio Castro, parlamentario andaluz por Málaga, se trata de “humo”: “Presentan maquetas pero no ponen ni un ladrillo”.
